Los pecados de los padres en ocasiones tienen que lavarlos los hijos. Y eso es lo que en algún momento correspondería al rey Felipe VI con las supuestas trapacerías de su padre, Juan Carlos I, quien sigue en Abu Dhabi, que se sepa, con la intención de alejarse de la vida cotidiana española. Una intención difícil de conseguir pues, con constancia, el emérito resurge en la actualidad de nuestro país por sus hechos recientes.

Desayunábamos el lunes con la noticia facilitada por El País de que la Fiscalía, en la persona del teniente fiscal del Tribunal Supremo, Ignacio Campos, había notificado al abogado del antiguo monarca en tres ocasiones -junio, noviembre y diciembre de 2020- la apertura de investigaciones en base a sucedidos que incluso podrían tener relevancia penal para el interesado. Incluso le ofrecían que se personase. Fue en esa etapa en la que el emérito llevó a cabo dos regularizaciones fiscales por un total de más de cinco millones de euros. Cantidad que algunos buenos amigos, al parecer, le facilitaron.

Lo que se dirime ahora es si ese aviso anticipado elimina el carácter espontáneo de las regularizaciones: si en vez de arreglar las cosas con Hacienda por su propia iniciativa, lo habría hecho por temor a lo que le pudiera caer tal como estaban las cosas. Así, el debate abierto es si el emérito tiene responsabilidad legal en la misma medida de que si no hubiera sido advertido.

Como la figura de un posible delito fiscal sigue sobrevolando él, lo mejor sería que compareciera por su propia voluntad o que lo llamaran a declarar lo antes posible. Se trataría de dilucidar de una vez por todas cual fue su comportamiento. De lo contrario, la inestable situación acabará mermando la confianza de los ciudadanos en la institución monárquica porque la paciencia tiene un límite.

Como es habitual, el PSOE se ha expresado en términos de que se deje trabajar a la Justicia. Más expresivo ha sido el PP que ha lanzado varios mensajes: hay que respetar a la Justicia, existe el derecho a la presunción de inocencia también del anterior jefe de Estado y no se puede olvidar el respeto a su legado para la democracia y las libertades. Afirmaciones correctas pero que no justificarían la existencia de actuaciones de actuaciones dolosas, si se produjeron. En cuanto a Unidas Podemos, esta vez ha ido bastante más lejos, llegando a calificarlo de “formalmente prófugo de la justicia”.