El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha reaccionado en redes sociales a las últimas declaraciones de los cargos de la Universidad Complutense de Madrid ante el juez Juan Carlos Peinado, que investiga a Begoña Gómez. En un breve mensaje publicado en su cuenta de X -antigua Twitter-, Puente ha sentenciado: “Dos años investigando la nada”, en referencia a los avances de la causa y a los testimonios que este viernes han respaldado que la esposa del presidente del Gobierno actuó conforme a las normas internas de la universidad.
Su comentario ha llegado justo después de que la interventora de la Complutense ha ratificado ante el magistrado que Gómez firmó determinados pliegos para la puesta en marcha de un software vinculado a la cátedra que codirigía “de acuerdo con las normas” de la institución académica.
Testimonios que avalan la versión de Gómez
El juez Peinado ha tomado declaración este viernes a cuatro cargos de la Complutense a petición de la defensa de Begoña Gómez. Entre ellos, la interventora María Elvira Gutiérrez Vierna, dos integrantes de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) y la codirectora del Máster de Sostenibilidad, Zulma Escalante.
Según fuentes jurídicas presentes, la interventora ha reiterado exactamente la misma versión que ya ofreció hace un año en la Asamblea de Madrid: Gómez actuó conforme a la normativa cuando firmó documentación para la contratación de una plataforma digital vinculada a su máster.
Las dos integrantes de la OTRI, por su parte, han confirmado que su departamento no registra dominios de software y señalaron que fue la asesora de Gómez, Cristina Álvarez —también investigada— quien actuó como interlocutora en esas gestiones. Ambas han indicado que Begoña Gómez no llegó a completar el formulario necesario para registrar el dominio del software.
Líneas de investigación abiertas
Además, la codirectora del Máster de Formación Permanente Sostenibilidad en la Universidad Complutense, Zulma Escalante ha declarado que registró a su nombre el dominio del máster que codirige, del mismo modo que lo hizo Gómez, a pesar de ser ambas personal externo.
El magistrado investiga varias líneas: Si Gómez cometió apropiación indebida al registrar a su nombre el software de la Cátedra de Transformación Social Competitiva; Si incurrió en intrusismo profesional al firmar pliegos para cuya elaboración no tendría competencia, según el auto dictado a comienzos de mes; y presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios y malversación. En la causa permanecen también investigados su asesora Cristina Álvarez, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, y el empresario Juan Carlos Barrabés.
El mensaje de Puente, uno de los ministros más combativos en redes sociales, se enmarca en el clima de confrontación generado por el caso. Para el Ejecutivo, los testimonios conocidos este viernes refuerzan la tesis de que no hubo irregularidades en la actuación de Gómez.