Durante su intervención en los desayunos de Nueva Economía Fórum, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, no ha ocultado su malestar ante las condiciones en las que se está desarrollando la liberalización ferroviaria en España, especialmente por la manera en la que Renfe ha sido obligada a ceder parte de sus talleres para que sus competidores puedan mantener sus trenes. Así, ha cargado duramente contra esta situación al considerar que el país ha facilitado la entrada de operadores extranjeros como Iryo y Ouigo sin que las compañías españolas disfruten de condiciones equivalentes cuando intentan expandirse fuera de sus fronteras.
Puente ha llegado a calificar a España como el país "más quijotesco" de la Unión Europea por recibir "con las manos abiertas" a ambas empresas y, al mismo tiempo, tener que poner a disposición de estas las instalaciones de mantenimiento de la operadora pública. La medida, impulsada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), contempla que los operadores rivales puedan utilizar los talleres de Renfe, también para realizar tareas de mantenimiento pesado.
El titular de Transportes ha contrapuesto esta situación con las dificultades que encuentra Renfe en otros mercados europeos. Como ejemplo, ha señalado que la compañía pública debe trasladar sus trenes desde Francia hasta España para realizar incluso operaciones de mantenimiento ligero, una circunstancia que, a su juicio, evidencia la falta de reciprocidad entre las condiciones de acceso al mercado español y las que afronta la operadora en el extranjero.
Puente también ha cuestionado el papel de la CNMC, a la que acusa de defender "a ultranza" un proceso de liberalización que, según ha apuntado, presenta tanto aspectos positivos como negativos. Su crítica se centra en que la apertura del mercado no solo ha permitido la llegada de nuevos competidores, sino que también obliga a Renfe a facilitarles recursos e infraestructuras propios para que puedan desarrollar su actividad.
El ministro ha insistido, además, en que el modelo aplicado en España presenta una particularidad frente a otros procesos europeos, pues Renfe ha tenido que afrontar de golpe la competencia de dos compañías extranjeras. Según Puente, no se ha producido una situación equivalente en otros países de la Unión Europea durante sus respectivos procesos de liberalización ferroviaria.
La batalla por los talleres de Renfe llega a la Audiencia Nacional tras los conflictos con Iryo y Ouigo
El enfrentamiento entre Renfe y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por el acceso de las operadoras privadas a sus instalaciones de mantenimiento ha ido escalando durante 2026 y ya ha desembocado en la vía judicial. La empresa pública considera que las decisiones del regulador comprometen su capacidad para mantener sus propios trenes, mientras que Competencia defiende que los operadores deben poder acceder a determinados servicios en condiciones transparentes y no discriminatorias.
Uno de los principales episodios se produjo en el conflicto con Iryo por el mantenimiento pesado. Tras meses de negociaciones, Renfe rechazó facilitar el acceso de sus trenes a determinadas instalaciones, entre ellas la base de La Sagra, en Toledo. La compañía justificó su decisión por las necesidades de mantenimiento de su propia flota y por la falta de capacidad disponible, mientras que Iryo denunció que la negativa podía impedirle realizar las intervenciones necesarias para mantener sus convoyes en servicio.
La CNMC resolvió el conflicto el 31 de julio y estimó parcialmente las pretensiones de Iryo. El organismo consideró que Renfe había retirado una oferta sin justificación objetiva suficiente y sin seguir los procedimientos previstos para coordinar las solicitudes. Por ello, exigió que permitiera utilizar el taller de La Sagra para desmontar y montar los bogies de 19 trenes. Sin embargo, rechazó otras peticiones de Iryo, como el acceso a las instalaciones de Valladolid o la realización autónoma de todas las operaciones de mantenimiento reclamadas.
Renfe trasladó esta disputa a la Audiencia Nacional en mayo, en un procedimiento relacionado con la obligación de abrir sus talleres a Iryo. La operadora pública sostiene que la cesión de capacidad puede generar problemas operativos y pérdidas económicas, que cifró en unos 60 millones de euros. También defiende que las compañías privadas deben invertir en instalaciones propias en lugar de depender de la infraestructura industrial pública.
El conflicto se ha extendido también a Ouigo. El pasado 8 de octubre, la CNMC resolvió una nueva disputa y exigió a Renfe que restableciera la capacidad de mantenimiento ligero que había adjudicado previamente a la compañía francesa en tres instalaciones: Cerro Negro-Santa Catalina y Fuencarral, en Madrid, y Can Tunis, en Barcelona. Ouigo había denunciado la reducción de esa capacidad después de que el acuerdo entre ambas empresas adquiriese vigencia plurianual hasta 2030.
Renfe ha anunciado que recurrirá también esta última resolución ante la Audiencia Nacional, al considerar que ceder espacio y recursos a sus competidores limita su propia capacidad operativa. La CNMC, por su parte, entiende que las operaciones reclamadas por Ouigo son servicios básicos de mantenimiento a los que debe poder acceder conforme a la normativa ferroviaria.
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