Tras la caída de los decretos de vivienda el pasado viernes en la votación del Congreso de los Diputados, lo que motivó a que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, convocase este lunes el adelanto electoral, las medidas impulsadas por el Ejecutivo de coalición regresan al centro del ámbito político para ser aprobadas a través de la Diputación Permanente.
Sánchez, que compareció este martes tras el Consejo de Ministros que dio luz verde de nuevo a los dos decretos, desgranó las novedades “técnicas” con incorporaciones “muy positivas”, según desgranó el líder del Ejecutivo central.
Ambos decretos, que mantienen “la esencia de los que decayeron en el Pleno del Congreso”, se nutren de 21 medidas dirigidas a facilitar el acceso al alquiler de vivienda asequible y a la compra, así como desgravaciones en la declaración de la renta o incentivos fiscales, entre otros detalles de calado. Sánchez reclamó unidad a los grupos parlamentarios para sacarlos adelante porque “no es una cuestión ideológica sino de humanidad y de puro sentido común”.
Cuatro ejes vertebradores de los decretos de vivienda
En su exposición desde Moncloa, Sánchez desgranó en cuatro ejes principales la esencia de las 21 medidas de ambos decretos. El primero de ellos, pasa por “facilitar el acceso al alquiler asequible y la compra”, dando cabida así a que inquilinos puedan desgravarse parte de lo que pagan de alquiler en la declaración de la renta, una deducción que se traduciría en cerca de 1.000 euros anuales para un alquiler medio de 800 euros, sumándose a ello otro incentivo fiscal a los pequeños propietarios que alquilen sus inmuebles a precios económicos. En la misma línea, a través del mecanismo ‘Tu Casa’ se brindarán préstamos de hasta 50.000 euros sin intereses para la compra de la primera vivienda, un plan dotado con 10.000 millones de euros.
En segundo lugar, el mandatario de Moncloa ha precisado que los decretos también servirán para ampliar la oferta de vivienda, con 280 millones de euros en avales para fomentar la construcción industrializada, además de otros 400 millones para ayudar a los proveedores de vivienda social. A este plan, se sumará la empresa pública Casa 47 de los miles de inmuebles de la Seguridad Social que puedan destinarse a esta causa.
En tercera posición, Sánchez aventuró que las 21 medidas darán “tranquilidad y estabilidad” a la gente, a través de normas como la prórroga de alquileres de hasta dos años, así como las limitaciones en las subidas de precio o el establecimiento de “reglas claras” sobre cuándo se renuevan los contratos, su fecha de finalización y los casos en los que el propietario puede reclamar la vivienda.
Por último, el combate contra la especulación como eje vertebrador esencial y buen causante de la crisis. En palabras de Sánchez, la regulación del alquiler de temporada y por habitaciones, las limitaciones en la compra de vivienda por parte de fondos buitre, vincular los beneficios fiscales de las ‘socimi’ al alquiler asequible y la obligación a “tributar como negocio” de los pisos turísticos enmarca esta clave.
Es precisamente en el límite a los fondos buitre por el que este martes el Gobierno matizó que una de las novedades radicará en una ampliación de dos años del veto de compra de inmuebles hasta 2030. Una prohibición que se expande a personas jurídicas que cuenten con la condición de 'grandes tenedores' para adquirir viviendas gratis o por valor inferior al 70% del mercado, lo cual vendrá inscrito en una sociedad de tasación homologada en el Banco de España e independiente. Un veto que se aplicará a viviendas en uso y edificios sobre suelo residencial. A su vez, se contemplan excepciones a compras que se hagan por ese valor para el mercado social o asequible "al menos" hasta el 31 de diciembre de 2030, siempre y cuando se utilicen para personas que precisen de atención sociosanitaria, colectivos vulnerables o víctimas de violencia de género.
“El Gobierno no va a mirar hacia otro lado”
En sus explicaciones desde Moncloa, Sánchez reiteró que esta decisión de volver a llevar a votación ambos decretos, esta vez a la Diputación Permanente, vino justificada porque, “cuando el Congreso da la espalda a lo que se vive en la calle y a la principal demanda de los ciudadanos, el Gobierno no va a mirar hacia otro lado”, garantizando así que “se va a dejar la piel hasta el último minuto de mandato por causas que merecen la pena”, como bien es la crisis de la vivienda.
En estos términos, volvió a hacer un llamado a las distintas fuerzas políticas para apoyar las medidas por cuestión de “humanidad” con la ciudadanía: “Este Gobierno ni tira la toalla ni deja tirada a la gente. No vamos a permitir que haya ni un desahucio más como el que sufrió Maricarmen”, en alusión a la vecina madrileña desahuciada a finales de septiembre por estar su casa en propiedad de un fondo de inversión.
Debido a la convocatoria anticipada de elecciones generales, en caso de que el Congreso vuelva a “dar la espalda a la ciudadanía”, abogó porque sea el pueblo el que decida en las urnas pero, hasta que ese momento llegue, el 29 de noviembre, garantizó que su Ejecutivo “continuará gobernando, dando respuesta a los problemas de la gente”. Asimismo, calificó de “razonables, necesarias y de sentido común” las medidas suscritas en ambos decretos y que no son fruto de la celeridad de los últimos acontecimientos, sino de “muchos meses de análisis técnico y de diálogo con las organizaciones sociales, con el sector inmobiliario, con asociaciones de propietarios e inquilinos y los grupos parlamentarios” porque, con ellas, “unen a pequeños propietarios e inquilinos y ponen pie en pared a los fondos buitre”.
Bajo este prisma, Sánchez reconoció que ambos decretos no resolverán “por sí solos el problema de la vivienda” porque es necesario “impulsar una intervención mucho más firme del mercado y continuar construyendo cientos de miles de viviendas más, en especial vivienda pública y alquiler asequible”, un reto que será tarea del Gobierno que pronto se constituirá y de cara al horizonte próximo.
Por su parte, desde el socio minoritario de la coalición, Sumar, con esta nueva iniciativa por delante, defendieron que la votación en la Diputación Permanente resulte positiva porque “tiene plena cobertura legal”, según precisó el diputado Gerardo Pisarello. Al tiempo, justificó la urgencia de los decretos por la situación extraordinaria actual, habiéndose probado a su vez la emergencia habitacional y por la que se deben dar soluciones urgentes para evitar que “millones de personas queden en la calle”.
En concreto, este órgano tiene 69 mayorías, de los cuales el bloque que apoyó el primer decreto de vivienda tiene una mayoría de 35 escaños conformada por PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV y Podemos; frente a los 34 que suman PP, Vox y Junts. El segundo decreto, con la renovación automática del alquiler, sigue sin tener mayoría en este órgano, pues el PNV también votó en contra en el Pleno del pasado viernes. Precisamente sobre este escenario de votación, el PNV confirmó este martes su voto a favor del primer decreto de vivienda, pero mantendrá su oposición al segundo, el referente a la prórroga de los alquileres.
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