290 días. 9 meses y medio. Es el tiempo que ha transcurrido sin que se publique el informe ordenado por la juez de Instrucción del Juzgado 19 de Madrid a los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la investigación en curso en torno a Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
La brigada dirigida por el teniente coronel Antonio Balas aún no ha sacado a la luz esta parte crucial en la investigación que ayudaría a avanzar en el proceso; un transcurso que cada vez engrosa más los tiempos de espera y que va camino de cumplir el año. Hay que retroceder al pasado 27 de junio de este año, cuando la Fiscalía Anticorrupción solicitó a la UCO de Balas la elaboración del mencionado informe sobre el perfil del empresario investigado en relación con la segunda causa judicial que pesa sobre él: presunta corrupción en los negocios y administración desleal, una pieza separada de la principal, focalizada en el presunto doble delito fiscal a la Agencia Tributaria, aún en curso.
"Que se encomiende a la investigación de los hechos atendiendo a la complejidad y al carácter interprovincial de la trama aparentemente delictiva", instó Anticorrupción cuando comenzó el procedimiento. Tal y como tuvo acceso entonces ElPlural.com, en el informe se recuerda el incremento patrimonial que registró la empresa del empresario investigado, Maxwell Cremona, entre 2020 y 2021; mismo periodo en el que se le acusa de haber cometido el presunto fraude fiscal a Hacienda de más de 350.000 euros. Un escenario judicial en el que se personaron como acusación las principales formaciones madrileñas de la oposición al Gobierno del PP de Díaz Ayuso, PSOE y Más Madrid. Cuatro meses de año 2026 han transcurrido y se sigue sin tener dato alguno sobre el documento encargado a la UCO.
El pasado mes de noviembre, ya entonces cinco meses después del encargo, miembros de la UCO revelaron en una entrevista que "fuentes de la investigación llevaban solicitando las actuaciones llevadas a cabo" hasta aquel momento, pero no fue posible hasta el 8 de noviembre cuando el juzgado avaló dicho trámite que conduce al inicio de las averiguaciones por parte de la UCO. No obstante, en investigaciones paralelas y de buen calado mediático como fueron –y siguen siendo algunas de ellas- las del entonces fiscal general del Estado o sobre la implicación de Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, en la trama Koldo; o la que prosigue en curso contra la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, los tiempos han sido más acelerados si se trae a comparación con la que concierne a González Amador, con una clara diferencia de apremio.
El PSOE pide una prórroga en la investigación y la publicación del informe
Por su parte, el PSOE, que ejerce como acusación popular en el caso, pidió la pasada semana al juzgado que instruye la causa una prórroga de seis meses, lo mismo que la Fiscalía, para continuar con las pesquisas, y además, la publicación del informe de la UCO. Además del PSOE, en este contexto se personó también como acusación particular Más Madrid.
Dicho documento debería contener un perfil del empresario investigado en relación con la segunda causa judicial que recae sobre el compañero sentimental de la lideresa regional, que analiza una presunta corrupción en los negocios y administración desleal, una pieza separada de la principal, que se centra en el presunto doble delito fiscal a la Agencia Tributaria.
Anticorrupción le había instado recién empezado el pasado verano la elaboración del informe. Tal y como tuvo acceso ElPlural.com, en el texto se recuerda el incremento patrimonial del que disfrutó la empresa presumiblemente principal del empresario investigado, Maxwell Cremona, entre 2020 y 2021; mismo periodo de tiempo en el que se le acusa de haber cometido un presunto fraude fiscal a la Hacienda Pública por un valor superior a los 350.000 euros.
Este medio viene publicando, periódicamente, informaciones acerca del novio de Ayuso más allá de la investigación que se está llevando a cabo sobre él y en las que aparecen otros vínculos empresariales. ElPlural.com ha podido conocer que la pareja de la administradora de Sol pagó 17.500 euros en concepto de alquiler por un ‘chalet empresarial’ a uno de sus socios, detenido en Estados Unidos, y que ahora es propiedad de una de las compañías del hijo de Javier Tebas, presidente de La Liga.