Si el progresivo proceso de desescalada de la aplicación del estado de alarma se produce de acuerdo con lo previsto ahora, como mínimo tardaremos todavía un par de meses en comenzar a vivir según una "nueva normalidad". Cómo será esta "nueva normalidad" es algo que por ahora aún está por ver. Sin duda poco tendrá que ver con lo que era la normalidad previa a la pandemia. Que nada será como antes, como tanta gente afirma, me parece algo exagerado. Sin embargo, está claro que nuestra vida será distinta. Lo será a nivel individual, incluso en nuestros propios domicilios.Pero donde experimentaremos más cambios será en nuestra vida colectiva. Lo será en todas nuestras actividades, en especial en nuestras relaciones sociales, en nuestros trabajos y aún más en las actividades recreativas, culturales y de ocio. Más allá de las limitaciones que se seguirán manteniendo en la vida pública -como mínimo hasta que exista una vacuna eficaz contra el Covid-19 y se aplique al conjunto de la población-, el devastador impacto económico que esta grave crisis ha tenido, tiene y por desgracia seguirá teniendo durante los próximos meses, según los expertos al menos hasta 2021.

El programa de reconstrucción económica y social que el Gobierno de PSOE y UP presidido por Pedro Sánchez deberá aplicar, a ser posible con el más amplio consenso, tendrá que ser ambicioso, resolutivo y de implementación progresiva y duradera. Existe un compromiso gubernamental expresado de manera muy reiterada: nadie va a quedar atrás, nadie va a quedar excluido de este proceso de reconstrucción. Esta debe ser la principal diferencia con lo que, para nuestra desgracia, sucedió después de la primera gran crisis financiera y económica global, la de 2008. En gran parte muchos de los efectos más negativos que ha tenido el  Covid-19, en España y también en otros países, se hubiesen podido limitar o reducir si entonces no se hubiesen practicado aquellos drásticos e inmisericordes recortes presupuestarios en servicios públicos tan esenciales como son la sanidad y las prestaciones sociales. O, como mínimo, si se hubiese sabido aprovechar la recuperación económica vivida estos últimos años para recuperar lo mucho que perdimos en dichos servicios públicos básicos.

Cuando algunos insistíamos en calificar aquellas políticas presupuestarias como "austericidas", fuimos despreciados como agoreros catastrofistas. Por desgracia el tiempo nos ha venido a dar la razón. No es ninguna casualidad que España, tras los sucesivos gobiernos del PP presididos por Mariano Rajoy durante casi siete años, entre 2011 y 2018, sea uno de los países donde esta crisis sanitaria ha tenido efectos más negativos, tanto en número de personas contagiadas como en la cifra de fallecidos a causa del Covid-19. Tampoco es una casualidad que Cataluña y Madrid sean las dos comunidades autónomas españolas con mayor porcentaje de ciudadanos contagiados y fallecidos. Porque en Cataluña y en la Comunidad de Madrid fue donde los recortes presupuestarios en estos servicios públicos esenciales se llevaron hasta los límites del desmantelamientopuro y simple. Tanto los sucesivos gobiernos de la Generalitat presididos por Artur Mas, Carles Puigdemont y Quim Torra, todos ellos de lo que ahora es JxCat, como los sucesivos gobiernos de la Comunidad de Madrid presididos por Esperanza Aguirre, Ignacio González, Cristina Cifuentes, Ángel Garrido e Isabel Díaz Ayuso, todos ellos del PP, son los grandes responsables políticos directos del estado de postración en el que se encontraban los citados servicios públicos esenciales cuando el inesperado y brutal impacto del coronavirus llegó a España.

La "nueva normalidad" requerirá, en primerísimo lugar, recuperar lo mucho que perdimos en sanidad pública. También en otros servicios públicos básicos, por ejemplo en residencias socio-sanitarias de ancianos, y también en educación. Pero la "nueva normalidad" se deberá fundamentar en la definición que nuestra Constitución, tan mencionada como poco leída y estudiada, da de España: "un Estado social y democrático de Derecho". En estas pocas palabras se debería resumir nuestra "nueva normalidad": supremacía absoluta del interés colectivo sobre los intereses individuales, cumplimiento estricto siempre de la legalidad democrática y, por tanto, respeto y defensa de la libertad.