El Gobierno ha aprobado este martes el real decreto ley que regirá las bases de actuación en la denominada nueva normalidad. Este texto ha sido impulsado por el Ministerio de Sanidad y el de Movilidad y Agenda Urbana, especificando los pormenores que habrán de cumplirse en esta nueva etapa a fin de contener un futuro rebrote que devuelva el colapso sanitario, la paralización de servicios y la limitación de libertades.

Como especificó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado miércoles durante el debate de la sexta y última prórroga del estado de alarma, con este decreto, que deberá ser refrendado por la mayoría de la Cámara Baja, se persigue marcar todas las medidas de "prevención, contención y coordinación" que habrán de llevarse a cabo en aquellas comunidades que decidan ir prescindiendo del estado de alarma: "Se trata de aunar en una sola norma las medidas sanitarias que tendremos que continuar observando hasta que haya vacuna o un tratamiento terapéutico eficaz para evitar el riesgo de rebrote".

A la espera de conocer cuál es la aritmética variable con la que el Gobierno impulsa este decreto en el Congreso, ya se conoce el voto favorable del Partido Nacionalista Vasco y de Ciudadanos. En el caso de los de Aitor Esteban, el acuerdo se rubricó este lunes por la tarde asegurando que no se recaería en la recentralización y las administraciones regionales mantendrían su poder de actuación para legislar en sus territorios. El pacto con los naranjas se ha demorado unas horas más, siendo anunciado este martes y profundizando en las buenas relaciones que han mantenido Ciudadanos y el Gobierno en las últimas fechas.

“Hemos participado en la elaboración de este decreto ley con la intención de mejorarlo. Hemos establecido que su objeto sea también para prevenir frente a futuros rebrotes, el distanciamiento social en un metro y medio, hemos querido que se fomente el teletrabajo, y que para el inicio de las competiciones deportivas se tenga en cuenta el criterio de las comunidades autónomas para que no haya privilegios”, ha explicado Edmundo Bal en un vídeo difundido por Ciudadanos tras la consumación del acuerdo. “¿Qué han hecho otros?”, ha sentenciado.

Concretamente, la norma impulsada por el consejo de ministros regula el uso obligatorio de mascarilla en espacios al aire libre y en espacios cerrados de uso público o que se encuentren abiertos al público, así como en los transportes. El incumplimiento de esta obligación, que deberá ser vigilada por las comunidades autónomas, puede acarrear multas de hasta 100 euros.

No es el único concepto que se recoge en el decreto. Moncloa ha asegurado que, pese a la capacidad operativa de las administraciones regionales, se mantendrá la obligatoriedad de comunicación epidemiológica al ministerio de Sanidad, a fin de que haya una colaboración estrecha entre gobiernos para garantizar una detección precoz de posibles brotes para aislar a los damnificados y contener el contagio. “Las CCAA deberán velar por garantizar un número suficiente de profesionales involucrados en la prevención y control de la enfermedad, su diagnóstico temprano, la atención a los casos y la vigilancia epidemiológica, así como crear planes de contingencia para asegurar una respuesta rápida y coordinada”, explica el Gobierno.

Además, se solicita a las comunidades autónomas que doten de personal suficiente a las residencias y los centros de salud, además de poner sobre la mesa la obligatoriedad de realizar una prueba PCR a la mayor brevedad posible a toda aquella posible sospechosa de estar contagiada.

Por último, el Gobierno sigue pidiendo que se fomente el teletrabajo y avisa a las empresas de que deben velar por el buen hacer de sus trabajadores facilitando todas las medidas de higiene y distanciamiento social necesarias.