En 2001, una concejala llamada Nevenka Fernández rompió un silencio que parecía inquebrantable y llevó a los tribunales a su propio alcalde por acoso sexual. Ganó el juicio, pero acabó perdiendo su vida profesional en España, obligada a reconstruirse en el extranjero tras experimentar el rechazo social y político que acompañó su denuncia. Veinticinco años después, otra denuncia dentro de una institución pública vuelve a colocar al poder político frente al mismo espejo incómodo: qué ocurre cuando quien acusa señala hacia dentro y el aparato que debería protegerla parece más decidido a minimizar, gestionar o incluso silenciar.
El caso histórico de Nevenka Fernández —economista y concejala de Hacienda de Ponferrada que en 2001 denunció al alcalde popular Ismael Álvarez por acoso sexual— se ha convertido en un símbolo de la lucha contra el machismo institucional en España. Aunque logró una condena al entonces regidor —primera vez que un político era sancionado por acoso sexual en este país— aquella victoria judicial no se tradujo en respaldo social real. Tras la polémica y el rechazo, Fernández encontró enormes dificultades para encontrar empleo y finalmente emigró primero al Reino Unido y después a Irlanda, donde vive actualmente. Su historia no sólo inspiró libros y documentales, sino que recientemente ha sido objeto de una película dirigida por Icíar Bollaín, reflejo de su impacto cultural y social.
Hoy, la denuncia de una exconcejala del Ayuntamiento de Móstoles por presunto acoso sexual y laboral contra el alcalde del mismo municipio, también perteneciente al Partido Popular, ha reabierto esa vieja herida. Según la denunciante —que prefirió mantener en reserva ciertos aspectos de su identidad tras sentir fuertes presiones internas—, los hechos comenzaron durante la campaña electoral de 2023 y continuaron hasta 2024, cuando rechazó mantener una relación que no fuera estrictamente profesional con el alcalde, Manuel Bautista. A partir de ese rechazo, asegura haber sufrido comentarios sexuales no deseados, humillaciones y un progresivo aislamiento de sus funciones políticas.
A diferencia del caso de Nevenka, en el que la denuncia se dirigió directamente a la justicia ordinaria tras un juicio muy mediático, la exconcejala de Móstoles siguió primero la vía interna del PP. Presentó sus quejas ante la dirección regional del partido en Madrid, solicitó activación de protocolos y pidió apoyo para acudir a los tribunales. Lo que encontró, según su relato, fue una insistente recomendación para no formalizar la denuncia y no “dañar su imagen” o la del partido. Altos cargos como Alfonso Serrano y Ana Millán le dijeron expresamente que “protegerse es no hacer nada” y que una denuncia judicial podía perjudicarla más que ayudarla, según documentos internos filtrados a la prensa.
El Comité Nacional de Derechos y Garantías del PP archivó posteriormente el expediente sin siquiera citarla para escuchar su versión ni entrevistar a los testigos propuestos. El partido alegó falta de pruebas y defendió que, al haber renunciado la exedil a su militancia, no era obligatorio notificarle formalmente el resultado; algo que la denunciante considera inaceptable y parte de un patrón de encubrimiento.
Frente a estas acusaciones, el alcalde Bautista ha negado rotundamente cualquier comportamiento indebido y ha insistido en que “seguirá trabajando como siempre”, negando que exista acoso sexual o laboral. Integrantes de la cúpula del PP de Madrid han respaldado esa versión oficial, mientras que figuras como la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, han llegado a calificar el caso de “fabricado” o de estrategia política de la oposición para desgastar al partido.
Para la exconcejala, sin embargo, el daño ya está hecho: abandonó su cargo en octubre de 2024 y dejó la militancia tras sentir que su propio partido no actuó con diligencia para protegerla. Además, descubrió que algunos correos electrónicos que había enviado pidiendo amparo a la dirección regional, incluidos a la propia Ayuso, habían sido borrados —motivo por el cual presentó una denuncia por revelación de secretos que fue archivada judicialmente, y ahora espera la decisión de la Audiencia de Madrid sobre su reapertura.
Veinticinco años después, las mismas preguntas
Expertos y voces feministas señalan las claras similitudes de este caso con el de Nevenka Fernández, y hablan de patrones persistentes: la minimización de la denuncia, la presión sobre la víctima para que guarde silencio, la falta de protocolos reales dentro de los partidos y la revictimización. La ministra de Igualdad ha sido una de las que ha establecido ese paralelismo en público, afirmando que la estrategia de respuesta ante las denuncias de acoso dentro del PP ha sido “siempre la misma desde el caso Nevenka”: acoso seguido de aislamiento y, finalmente, expulsión de la mujer de su espacio político.
El contraste entre ambos casos —separados por más de dos décadas— pone de manifiesto la complejidad de la lucha contra el acoso en ámbitos de poder. Mientras que en 2001 la sociedad española apenas reconocía la existencia del acoso sexual como fenómeno estructural —y la propia Nevenka denunció que “el silencio de la sociedad fue lo que más daño me hizo”— hoy existe una mayor conciencia y leyes más claras, pero los comportamientos dentro de los partidos y sus mecanismos de respuesta parecen seguir marcados por la lógica de proteger al propio partido antes que a la víctima.
Para muchas mujeres que se enfrentan a situaciones similares, estos episodios son récords dolorosos de que las transformaciones sociales no siempre se traducen en cambios institucionales profundos. Tanto en Ponferrada como en Móstoles, la política y la justicia se encuentran en el centro de un debate sobre responsabilidad, poder y género que sigue sin cerrarse del todo.