El Congreso ha aprobado la Ley por la que se concederá la nacionalidad española a los saharauis nacidos bajo la administración española antes del 29 de septiembre de 1977 y a sus descendientes. Tras su paso por el Senado, la Ley entrará en vigor cuatro meses después de su publicación en el BOE.
Esta Ley reconoce dos vías de acceso a la nacionalidad:
a) la nacionalidad por residencia a los saharauis y descendientes que hayan residido en España durante, al menos, dos años.
b) la concesión excepcional por carta de naturaleza (acuerdo del Consejo de Ministros) de la nacionalidad a los saharauis que, aunque no tengan residencia legal en España, puedan acreditar su condición mediante DNI español, inscripción en censo electoral, certificado de nacimiento, libro de familia, empleado público u otros medios probatorios. Dispondrán del plazo de tres años para solicitarlo y sus descendientes en primer grado podrán solicitarlo, igualmente, durante los cinco años siguientes a la concesión de la nacionalidad a sus progenitores.
Se trata de un hito histórico porque, cincuenta años después del Decreto de 10 agosto 1976, los saharauis nacidos bajo administración española y sus descendientes podrán solicitar la nacionalidad española. Se les restituye un derecho a la nacionalidad española que se les reconoció hace medio siglo y que nunca pudieron ejercer. No se trata de una concesión graciosa. Tampoco de una perversa estratagema de adulteración del censo electoral. Se trata de reponer un derecho que se les reconoció hace medio siglo reparando una injusticia histórica y atendiendo una causa humanitaria. Muchos saharauis han ansiado y anhelado este momento durante décadas a lo largo de una vida repleta de privaciones y penosidad. Sufrimiento provocado por un conflicto cuya resolución dura ya demasiado.
El devenir histórico de los saharauis siempre ha contado con un inmenso caudal de solidaridad de los españoles durante casi medio siglo para afrontar su penosa realidad. Miles y miles de familias españolas han acogido durante décadas a más de cien mil niños y niñas saharauis en sus hogares proporcionándoles el calor y cuidados que su realidad les negaba. Familias solidarias de extraordinaria calidad humana y ejemplos de solidaridad, dignidad y humanidad que merecen todo el reconocimiento y gratitud.
Esta ley será posible gracias al impulso y liderazgo de un gobierno progresista presidido por el PSOE, al compromiso histórico del PSOE con los saharauis desde hace cincuenta años y a décadas de apoyo humanitario de miles de militantes, concejales y alcaldes socialistas. Por el contrario, la Ley ha contado con el voto en contra de Vox y la abstención del PP que, en un ejemplo palmario de incoherencia, votó a favor de la toma en consideración, en contra en ponencia y se ha abstenido en Comisión y Pleno.
El reconocimiento de la nacionalidad española a los saharauis que nacieron durante la administración española en el Sahara Occidental y a sus descendientes constituye un acto de soberanía de un Parlamento democrático, libre, sin servidumbres ni complejos. Un acto de soberanía de una Nación respetada en el orden internacional y de una democracia ejemplar, de principios y valores, y con los derechos humanos por bandera. Nada que ver con la España postfranquista de hace medio siglo que abandonó a los saharauis a su suerte.
Artemi Rallo Lombarte
Portavoz socialista en la Comisión Constitucional
Ponente de la Ley de reconocimiento de la nacionalidad a los saharauis
Añadir ElPlural.com como fuente preferida de Google.
Mantente informado con las últimas noticias de actualidad.
