El secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez Correa, mantendrá una reunión con las familias de afectados por el ‘caso Alborada’ el próximo martes, 3 de febrero, tal y como han confirmado fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia a ElPlural.com.
Desde el entono del ministerio explica a este periódico que mantienen el “acompañamiento” y “apoyo” a los familiares, y que les hubiera gustado reunirse antes, pero no ha sido posible por motivos de agenda. “Trabajamos desde la discreción respetando el marco jurídico y las competencias”, explican, manteniendo que están del lado de las víctimas.
“Hay que conocer este tipo de casos para poder elaborar reformas y trabajar con el objetivo de intentar generar marcos que permitan que este tipo de situaciones no se repitan”, añaden.
El Ejecutivo de Ayuso sigue sin hacer nada
El entorno de los niños, los partidos progresistas y las asociaciones de padres y madres llevan semanas o meses -en función de cuándo tuvo conocimiento cada cual- intentando poner negro sobre blanco de una situación que afectaría a una veintena de alumnos y reúne cerca de 50 denuncias, según las fuentes consultadas por este periódico.
Fue un antiguo cuidador del centro quien habría cometido los delitos. El colegio defiende que puso la situación en conocimiento de las autoridades en cuanto tuvo constancia -mayo de 2025-, pero otras voces apuntan a que varios docentes advirtieron de los comportamientos por parte del profesional desde “aproximadamente” septiembre de 2024. De hecho, acentúan que no fue el espacio académico, sino una profesora, la que denuncia, algo que desmentía la dirección del Alborada en declaraciones a este medio de comunicación antes del primer artículo sobre esa presunta callada.
Más allá del colegio, las actuaciones anteriores y posteriores por parte de las administraciones también están dejando mucho que desear entre las familias, si bien mantienen la esperanza de que se aclaren algunas cuestiones. En este apartado, Más Madrid ha registrado varias preguntas respecto del dinero que recibe el sitio escolar en calidad de concierto educativo de la Comunidad de Madrid, o qué actuaciones ha llevado a cabo la administración de la Puerta del Sol desde el momento en el que se conocieron los presuntos abusos.
Entretanto, las familias lamentan obstaculización para cuestiones claves, como los cambios de expediente académico, y mencionan posibles relaciones de interés entre la persona misma a la que se le atribuyen los delitos y el lugar complutense. A nivel estrictamente político, no dejan pasar que el subdirector del Alborada, Javier Doncel, es a su vez alcalde de Anchuelo por el PP, o que en los últimos días, en pleno escándalo, autobuses de Alcalá y otros rincones mantenían publicidad de éste centro de la red Arenales.
Varios centros favorecidos por la derecha
En 2009, con Esperanza Aguirre como presidenta de la capital regional, el Ejecutivo cedió una parcela de terreno público de 24.000 metros cuadrados para levantar el edificio en el municipio mencionado. Dos años más tarde, la Consejería de Educación del momento formalizó una concesión administrativa desde el Consistorio de Cibeles a favor de la Fundación Arenales para construir y gestionar un centro docente privado concertado por un plazo de 75 años y un canon anual de 12.000 euros.
Actualmente, funcionan, además de Alborada, el colegio Arenales y el de educación especial Cambrils; situados los dos en el número 151 de la Avenida de los Poblados (Carabanchel). En el caso de estos, contiene una polémica añadida con la licencia, y es que podrían haber incurrido en ampliaciones irregulares. Así lo puso de manifiesto la oposición de manera formal el PSOE de Madrid (PSOE-M) en el Ayuntamiento de la ciudad.
En el caso concreto del Alborada, atendiendo a la documentación de la que dispuso este periódico para la redacción de las informaciones -decenas de denuncias, testificales, mails internos y fuentes en primera persona- el colegio habría gastado todas las posibilidades para evitar la denuncia. Así, llevó a cabo ‘terapias’ o charlas con los padres y las madres y algo más personales con los alumnos, facilitó a los familiares unas pocas herramientas de apoyo psicológico externo con profesionales “afines” y, sobre todo, insistió para convencer a la parte afectada de que guardaran silencio; de que lo solucionarían desde dentro.
La Consejería de Educación no ha dado respuesta a ninguna de las preguntas que le ha hecho este periódico acerca del caso, mientras que el Ayuntamiento de Alcalá de Henares mantiene que la competencia es regional.
Si está afectado/a por el 'caso Alborada' y no sabe dónde acudir puede dirigirse a las siguientes direcciones:
Correo Electrónico: afectadosalborada@gmail.com
X: @afect_alborada
Instagram: afectadosalborada_