La regulación del ecosistema mediático vuelve a ganar peso en la agenda de Moncloa. El impulso del Gobierno a la Ley de Medios, adelantado este miércoles por El Confidencial, coincide con un momento especialmente delicado para uno de los digitales que Pedro Sánchez ha señalado de manera más insistente en sus últimas apariciones públicas: OKDIARIO, dirigido por Eduardo Inda. La polémica por los 242.000 euros abonados por su empresa editora, Dos Mil Palabras, para sufragar la defensa de Koldo García ha trasladado al primer plano una discusión que el Ejecutivo lleva tiempo planteando: quién financia determinados proyectos digitales, con qué recursos y bajo qué criterios se distribuye la publicidad institucional.
No se trata, por tanto, de una cuestión sobre el estado de ánimo del presidente ni de una reacción coyuntural a sus entrevistas. La controversia conecta con un debate de mayor alcance sobre la transparencia de los medios, la financiación de la desinformación y la utilización de estructuras mediáticas para difundir acusaciones que pueden terminar condicionando la conversación pública y la actividad política. La investigación sobre los contactos entre el abogado del PP Alberto Durán, Koldo García y el entorno de OKDIARIO ha añadido, además, una dimensión judicial a ese debate.
Sánchez ha sido particularmente incisivo al abordar el asunto. En su entrevista en La Séptima, el pasado 9 de noviembre, sostuvo que existían elementos suficientes para investigar el supuesto ofrecimiento de dinero a Koldo García a cambio de información perjudicial para el Gobierno. El presidente vinculó directamente los pagos de la editora de OKDIARIO a la defensa del exasesor ministerial con una presunta operación para atacar a su entorno político y familiar. Días después, en su conversación con el creador de contenido Jordi Wild, volvió a denunciar la deshumanización del adversario y la construcción de relatos mediante la manipulación de hechos.
La insistencia de Sánchez coincide con la publicación de nuevos detalles sobre las facturas y con la decisión del PSOE de acudir a la Fiscalía para que se investiguen los hechos. La formación socialista también ha denunciado ante la Agencia Tributaria los pagos realizados por Dos Mil Palabras, al considerar que podrían existir discrepancias fiscales en la forma en que fueron declarados.
Los 242.000 euros y el supuesto ofrecimiento a Koldo
La documentación aportada a la Audiencia Nacional por Leticia de la Hoz, hasta ahora abogada de Koldo García, recoge dos facturas emitidas a Dos Mil Palabras por un importe conjunto de 242.000 euros, IVA incluido. Los documentos describen los conceptos como honorarios, aranceles y gastos de asesoramiento jurídico y procedimientos del exasesor de José Luis Ábalos. La primera factura, de noviembre de 2025, ascendía a 181.500 euros; la segunda, de enero de 2026, a 60.500 euros.
El dato acreditado es el pago de esos servicios jurídicos por parte de la empresa editora de OKDIARIO. Su finalidad última, sin embargo, es uno de los extremos que se pretende esclarecer. El digital sostiene que el desembolso respondía a la adquisición de derechos para producir un libro y una docuserie con Koldo García. La abogada, por su parte, presentó las facturas para acreditar quién había costeado su trabajo.
La controversia adquirió mayor dimensión después de que la Cadena SER difundiera un audio en el que Koldo García relataba que Durán, abogado del PP, le habría ofrecido sufragar su defensa, ayudar económicamente a su familia y entregarle un millón de euros a cambio de información contra Pedro Sánchez y su entorno, incluso aunque no fuera cierta. La emisora informó, además, de que otras tres fuentes aseguraban haber recibido ofrecimientos similares. El PSOE ha trasladado estas informaciones a la Fiscalía y ha pedido que se investigue la posible existencia de una operación coordinada.
El PP ha negado que el partido ofreciera dinero o autorizara ese tipo de acuerdos. OKDIARIO, por su parte, rechaza que los pagos respondieran a la financiación de la defensa por motivos políticos y los vincula a la adquisición de derechos audiovisuales y editoriales. Son versiones enfrentadas que deberán contrastarse en sede judicial.
La financiación de los pseudomedios, en el centro del debate
Es precisamente en ese contexto donde Moncloa pretende reactivar la discusión sobre la regulación de los medios. El Plan de Acción por la Democracia aprobado en septiembre de 2024 ya contemplaba medidas para reforzar la transparencia del sector, entre ellas un registro público que permita conocer quién está detrás de cada medio y qué inversión publicitaria recibe, así como una reforma de la publicidad institucional para introducir criterios de proporcionalidad, transparencia y no discriminación.
El propósito declarado por el Ejecutivo es impedir que el dinero público termine sosteniendo estructuras informativas opacas o proyectos cuya actividad no responda a estándares profesionales. Sánchez ya había defendido en julio de 2024, en una entrevista en la Cadena SER, que las administraciones debían ofrecer información transparente sobre la financiación de los medios digitales y los pseudomedios, y que no resultaba aceptable que los recursos públicos sirvieran para financiar bulos y desinformación.
El problema de fondo es la dificultad para distinguir, en un entorno digital cada vez más fragmentado, entre el ejercicio legítimo del periodismo, la publicación de información de interés público y las operaciones organizadas para fabricar o amplificar falsedades. La financiación opaca puede comprometer la independencia editorial y ocultar intereses ajenos a la información; pero cualquier respuesta normativa debe evitar que el poder político adquiera capacidad para decidir qué medios merecen existir o qué contenidos pueden publicarse.
La iniciativa llega, además, con una asignatura pendiente. Dos años después de la aprobación del Plan de Acción por la Democracia, 22 de sus 31 medidas seguían sin completarse, según el balance publicado por Newtral en septiembre. Entre ellas figuraban actuaciones relacionadas con la transparencia de los medios, la limitación de la financiación pública y la lucha contra la desinformación. El recorrido parlamentario tampoco ha sido sencillo: una proposición socialista con objetivos similares fue rechazada en el Congreso.
La nueva ofensiva normativa tendrá que resolver una contradicción esencial: combatir la desinformación sin abrir la puerta a mecanismos de control gubernamental sobre la prensa. La transparencia de la propiedad, la trazabilidad de los ingresos publicitarios y la fiscalización de los fondos públicos son herramientas compatibles con la libertad de información, siempre que se apliquen con criterios objetivos, garantías independientes y sin discriminación ideológica.
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