Detrás de las persianas bajadas y las llaves que cambian de mano cada fin de semana, el Gobierno central ve un problema enquistado en la Comunidad de Madrid: el uso fraudulento de códigos de temporada para camuflar miles de pisos turísticos. En una carta remitida al consejero de Transportes, Vivienda e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, el Ejecutivo exige que la región “no mire hacia otro lado” y refuerce las inspecciones como ya hacen otras comunidades. La advertencia llega en un momento en el que la presión social por el acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los debates centrales de la política urbana.
El mensaje del Gobierno se apoya en datos oficiales. El Registro Único de Arrendamientos y la Ventanilla Única Digital han permitido localizar y revocar más de 53.000 pisos turísticos ilegales en España desde su puesta en marcha. Sin embargo, en Madrid los números cuentan otra historia. Apenas se han solicitado 21.043 códigos, una cifra sorprendentemente baja en comparación con otras comunidades con población similar. Andalucía supera los 79.000 registros y Cataluña los 64.000, lo que convierte a la capital en una excepción difícil de justificar.
A la anomalía en el número de solicitudes se suma la distribución de modalidades. En la Comunidad de Madrid, solo un 16,7% de los códigos corresponden a la categoría turística, mientras que el 83,2% restante se inscribe como de temporada. La media nacional se sitúa en el 78,8% de códigos turísticos, con casos como Andalucía, donde alcanzan el 95,4%, o Cataluña, con un 66,5%. La conclusión que extrae el Ejecutivo central es clara: muchos propietarios estarían registrando sus viviendas bajo la etiqueta de temporada para eludir los requisitos más estrictos de los alojamientos turísticos. El resultado es un fraude de ley generalizado.
El dato más llamativo es el de las revocaciones. En Madrid, el 43,5% de los códigos han sido invalidados, más del doble de la media nacional, que se sitúa en el 20%. Para el Gobierno, esta diferencia refleja un problema estructural: propietarios que optan por la vía rápida de la irregularidad y una administración autonómica que, a ojos de Moncloa, no ejerce la vigilancia necesaria. Por eso, en su carta, el Ejecutivo reclama a la Comunidad un desarrollo normativo claro que fije la duración máxima de las pernoctaciones y establezca que todas las estancias cortas deben cumplir los requisitos propios de los pisos turísticos.
Pero el debate no se reduce a una disputa burocrática. El trasfondo es mucho más amplio y conecta con una de las principales preocupaciones de los madrileños: la dificultad creciente para acceder a una vivienda. En los últimos años, el precio del alquiler en la capital ha escalado hasta niveles históricos, lo que ha provocado que cada vez más familias destinen más del 40% de sus ingresos a pagar el piso. Los jóvenes, en particular, se ven forzados a compartir vivienda, retrasar su emancipación o trasladarse a la periferia.
Los pisos turísticos son uno de los factores que alimentan esta espiral. Según diversos estudios, en algunos barrios del centro de Madrid, uno de cada cuatro inmuebles destinados al alquiler se ofrece a turistas. La rentabilidad de estas estancias de corta duración es muy superior a la de un arrendamiento convencional, lo que genera un incentivo evidente para que los propietarios abandonen el mercado residencial y opten por el turístico. El resultado es una reducción drástica de la oferta para quienes buscan un hogar estable.
Las consecuencias son visibles en la vida diaria de los barrios. Vecinos de toda la vida se ven expulsados, incapaces de competir con los precios inflados por la presión turística. Comercios tradicionales, como ferreterías, ultramarinos o librerías, desaparecen para dar paso a negocios orientados al visitante de paso: cafeterías de especialidad, tiendas de souvenirs, locales de alquiler de patinetes. El fenómeno, conocido como gentrificación, transforma el tejido social y económico de las ciudades, borrando parte de su identidad y sustituyéndola por un modelo urbano globalizado y homogéneo.
En el caso de Madrid, la expansión de los pisos turísticos ilegales añade un componente de descontrol. Un informe reciente de Consumo identificó más de 15.200 viviendas de este tipo que operan sin licencia en la capital, frente a apenas 1.131 permisos concedidos. Solo un 7% de los anuncios analizados cumplía con los requisitos legales. Esto significa que, más allá del impacto económico y social, se produce también una competencia desleal con los alojamientos que sí cumplen la normativa, además de un riesgo añadido para la seguridad y la convivencia vecinal.
Barcelona, Berlín o Ámsterdam ya actúan: el espejo en el que mira Madrid
Ante este panorama, el Gobierno central insiste en que no basta con sancionar a los infractores ya detectados. Reclama a la Comunidad de Madrid que intensifique las inspecciones, que clausure las viviendas irregulares y que articule un marco normativo robusto capaz de cerrar la puerta a la picaresca. “Ponemos a disposición de tu comunidad todos los datos para que podáis inspeccionar y clausurar estas viviendas”, señala el Ejecutivo en su carta, en la que también se compromete a remitir en los próximos días el listado completo de códigos revocados.
La disputa, sin embargo, se inscribe en un contexto más amplio. En Europa, ciudades como Barcelona, Lisboa, Berlín o Ámsterdam han adoptado medidas contundentes para limitar los pisos turísticos y proteger la vivienda residencial. En algunos casos, se han impuesto techos al número de licencias o restricciones severas en zonas tensionadas. El objetivo común es evitar que la ciudad se convierta en un parque temático y garantizar que siga siendo habitable para quienes la sostienen en el día a día.
Madrid encara ahora esa misma encrucijada. ¿Debe priorizar la rentabilidad inmediata del turismo o apostar por la sostenibilidad social de sus barrios? El Gobierno central ha puesto la pelota en el tejado de la Comunidad, apelando a su responsabilidad política. Mientras tanto, los vecinos siguen enfrentándose a alquileres desorbitados, a mudanzas forzadas y a la sensación de que la ciudad que habitan les pertenece cada vez menos.
En el fondo, la cuestión es sencilla: si la vivienda es un derecho constitucional, ¿puede permitirse que miles de ellas se desvíen hacia un uso turístico al margen de la ley? Para Moncloa, la respuesta es un no rotundo. Ahora falta saber si la Comunidad de Madrid comparte ese diagnóstico o prefiere seguir mirando hacia otro lado.