Moncloa denuncia al Gobierno de Ayuso por “convertir en negocio” el derecho al aborto

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que la coalición llevará a la Comunidad de Madrid ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) por “convertir en negocio” el derecho al aborto. Moncloa busca garantizar así el ejercicio de un “derecho esencial” en la sanidad pública y ahonda en su combate contra la estrategia de Isabel Díaz Ayuso. “La Comunidad de Madrid deriva ya más del 99% de las interrupciones voluntarias del embarazo a clínicas privadas”, ha cargado el mandatario socialista, que ha asegurado que “no lo van a permitir”.

El Ejecutivo ha dado instrucciones la Abogacía General del Estado para que interponga recurso contencioso-administrativo ante la Justicia madrileña “con el propósito de que el Gobierno de la Comunidad de Madrid cumpla con sus obligaciones”. Ayuso “mantiene su posición contra el derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente su embarazo en la sanidad pública”, ahondan desde Moncloa. Asimismo, recuerdan que antes de llegar a este punto se ha remitido un requerimiento al la Comunidad Autónoma (CCAA) para la creación del registro confidencial de objetores de conciencia, contemplado en la ley, y ha sido ignorado.

“Defenderemos los derechos de las madrileñas en los tribunales”, ha certificado Sánchez la guerra abierta con Ayuso. “La negativa del Ejecutivo regional a cumplir la ley atenta contra la libertad de las mujeres que viven en la Comunidad, generando una desigualdad de derechos frente a otros territorios, y protege los intereses de las clínicas privadas, a las que deriva más del 99% de las intervenciones”, apuntalan desde el Gobierno lo defendido por el presidente. Para ello, se niegan a facilitar una herramienta a los centros públicos para poder garantizar la presencia de profesionales que realicen las intervenciones.

“El registro de objetores, cuyos datos son confidenciales y no resultan de acceso público, es una herramienta para que los hospitales públicos puedan organizar sus servicios y garantizar el acceso a este derecho sin derivar sistemáticamente a las mujeres a centros privados”, recuerda Moncloa. Las otras dos autonomías que estaban incumpliendo la ley, Aragón e Islas Baleares, sí han atendido a los requerimientos y ya han puesto en marcha la herramienta, siendo el Madrid de Ayuso el único que se encuentra en situación de rebeldía.

“El Gobierno de España seguirá utilizando todos los medios a su alcance, incluido el recurso a los tribunales, para que las comunidades autónomas cumplan la ley, con el fin de asegurar que las mujeres que quieran interrumpir voluntariamente su embarazo puedan hacerlo con todas las garantías en la sanidad pública”, zanjan desde Moncloa.

Madrid, la única que se niega al registro

La petición que envió Sánchez el pasado 6 de octubre a Madrid, Baleares, Aragón y Asturias para que creen ese registro de médicos objetores con el aborto, puso sobre la mesa la desigualdad que existe entre comunidades autónomas a la hora de que las mujeres que lo deseen ejerzan este derecho. En la actualidad, la Comunidad de Madrid es la única autonomía que se ha mostrado en contra de que "se persiga o se señale" a los profesionales que se niegan a practicar aborto. 

En el lado opuesto, las comunidades de Islas Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Galicia, La Rioja, Murcia, Navarra, País Vasco, Comunidad Valenciana y Ceuta y Melilla ya han cumplido la orden de crear este registro, mientras que Andalucía y Asturias "se encuentran en fase de tramitación". Por su parte, tanto Aragón como Baleares han adelantado que lo crearán "sin ningún problema". Este desequilibrio refleja el problema de la desigualdad se acrecenta entre aquellas comunidades que cuentan con mayor número de médicos objetores y, por tanto, menores recursos para que las mujeres puedan abortar en un hospital público.

Además, por datos, mientras que Cantabria practica más de un 88% de abortos en centros públicos, Ceuta, Melilla y Extremadura derivan el 100% de ellos a la privada. Además, en el caso de las ciudades autónomas las mujeres tienen que desplazarse a centros de la Península ya que ninguna de las dos cuenta con clínicas para ello, situación similar a las que se han vivido también en comunidades como Castilla y León, Extremadura o Castilla-La Mancha.