La evolución del discurso del Gobierno ante la crisis migratoria de Ceuta permite observar un cambio progresivo de tono respecto a Marruecos. Si bien durante las primeras semanas el Ejecutivo de Pedro Sánchez evitó atribuir responsabilidades a Rabat y subrayó la necesidad de preservar la cooperación bilateral, con el paso de los días han aparecido mensajes más firmes sobre seguridad, control fronterizo y, finalmente, sobre la necesidad de que Marruecos actúe con "lealtad", tal y como verbalizó el titular de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo.
Oposición y socios coincidieron en que Marruecos era responsable directo de lo ocurrido el 30 de julio, cuando aproximadamente 70.000 personas entraron de manera repentina en Ceuta desde la frontera marroquí. Las posiciones iniciales del PSOE consideraban a Marruecos un "socio completamente fiable" y eximían al país africano de responsabilidad, pero eso ha ido matizándose con el paso de las semanas. Este sábado, Cuerpo pronunciaba una frase que suponía un punto de inflexión en este sentido, reclamando expresamente "lealtad" a Marruecos y situando la inmigración y la seguridad de Ceuta y Melilla dentro de las prioridades de política doméstica y europea. El cambio resulta especialmente relevante si se compara con las declaraciones del propio Gobierno realizadas a finales de agosto.
La evolución discursiva
La crisis se desencadenó a finales de julio, y desde el episodio migratorio, el Ejecutivo tuvo que equilibrar dos necesidades: responder a una emergencia de seguridad y humanitaria dentro de territorio español y, simultáneamente, evitar una escalada diplomática con Marruecos, un país con el que las relaciones ya son tensas de por sí.
El 1 de agosto, Pedro Sánchez pidió una reunión extraordinaria de los ministros del Interior de la Unión Europea y reclamó una respuesta europea ante lo sucedido en Ceuta, considerada frontera exterior de la UE. El planteamiento inicial situaba, por tanto, el problema principalmente en el ámbito migratorio y europeo, pero la cuestión marroquí se convirtió rápidamente en uno de los elementos centrales del debate. El 31 de agosto, Sánchez afirmó que no existía información procedente de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, del CNI ni de otros servicios de inteligencia que apuntara a una participación de las autoridades marroquíes en la entrada masiva. El presidente defendió además que la cooperación con Rabat en materia migratoria seguía siendo "francamente positiva". Mientras, socios y oposición arqueaban una ceja.
El 3 de septiembre, compareciendo en el Congreso, Sánchez mantuvo esencialmente esa posición: aseguró que no existían entonces “pruebas sólidas” que permitieran concluir que Marruecos hubiera participado o permitido la entrada masiva. No obstante, añadió que la investigación continuaba abierta y que, si aparecieran evidencias, el Gobierno actuaría “con total contundencia”. Este punto es importante para entender el posterior cambio de tono. El Ejecutivo no pasó inicialmente de una acusación contra Marruecos a una defensa del país, sino que optó por una estrategia de prudencia: preservar la cooperación bilateral mientras no existieran todavía pruebas públicas suficientes para responsabilizar a Rabat.
El primer viraje: del asunto migratorio al problema de seguridad
Durante agosto, sin embargo, la dimensión de seguridad fue ganando peso en el discurso gubernamental. La crisis dejó de ser únicamente una cuestión de acogida y retorno de migrantes y empezó a plantearse también como un problema de protección de la población, refuerzo de la frontera y capacidad de respuesta del Estado. El propio Gobierno convocó el 7 de agosto una reunión de coordinación con los ministros de Defensa, Interior, Inclusión y Juventud e Infancia para analizar la situación y reforzar tanto la atención a los migrantes como la seguridad y el bienestar de la población ceutí.
En paralelo, se produjo una discusión política sobre si las autoridades españolas habían recibido información previa que pudiera haber permitido anticipar la magnitud del episodio. Las declaraciones de la ministra de Defensa, Margarita Robles, sobre supuestas alertas de inteligencia provocaron posteriormente discrepancias con su homólogo de Interior, Fernando Grande Marlaska.
El segundo giro: la respuesta económica
El segundo gran cambio se produjo en el terreno económico. El 1 de septiembre, el Consejo de Ministros aprobó un real decreto-ley que moviliza 309 millones de euros durante los últimos cuatro meses de 2026. La cifra equivale, según el Gobierno, al 16% del PIB de Ceuta.
El paquete se articula en cuatro grandes ámbitos: 21 millones para servicios esenciales, 90 millones para seguridad, 118 millones para acogida humanitaria y 80 millones para apoyar la actividad económica. Dentro de esta última partida se incluyen ayudas directas, medidas para el comercio, actuaciones fiscales y apoyo a empresas y trabajadores. La naturaleza de las medidas, a su vez, también desvelaba la transformación del diagnóstico gubernamental. Ya no se trata solamente de gestionar la llegada de personas migrantes, sino de afrontar un impacto global sobre la economía, los servicios públicos, la seguridad y la convivencia de Ceuta. Pedro Sánchez presentó posteriormente la respuesta como uno de los cuatro grandes frentes de actuación: refuerzo de la frontera, atención migratoria, apoyo socioeconómico y mayor presencia europea en Ceuta y Melilla.
La lealtad y la reciprocidad
Las declaraciones de Cuerpo del sábado añaden una nueva dimensión al a situación. El vicepresidente mantiene la idea de cooperación con Marruecos, pero añade una condición política: esa colaboración debe ser “leal” y esa lealtad puede y debe ser exigida. Cuerpo vincula además directamente la inmigración y la seguridad con la política doméstica de los Estados miembros de la UE y reclama que Ceuta y Melilla estén integradas en todos los mecanismos europeos relacionados con seguridad y refuerzo fronterizo. Estas palabras suponen una modificación del equilibrio discursivo, al pasar de insistir principalmente en la cooperación a subrayar que la cooperación debe producirse bajo unas determinadas condiciones de reciprocidad.
Otro elemento significativo de las declaraciones de Cuerpo es su referencia al miedo. El vicepresidente advirtió de que este sentimiento es difícil de combatir y puede ser alimentado por discursos falsos o interesados. Al mismo tiempo, reclamó responsabilidad a todos los actores implicados en la resolución de la crisis. No obstante, huelga señalar que la diferencia de tono no implica necesariamente un cambio completo de estrategia, y que puede limitarse únicamente a la cuestión discursiva. El Ejecutivo sigue necesitando la cooperación marroquí para gestionar los retornos y la frontera. De hecho, el plan aprobado el 1 de septiembre contabilizaba 3.519 retornos voluntarios a Marruecos entre el 10 y el 31 de agosto, además de 214 expulsiones.
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