Moncloa calma las aguas de la legislatura y confía en recuperar la mayoría pese al asterisco de Puigdemont

No hay una carretera que conduzca a la aprobación de Presupuestos Generales del Estado (PGE), pero en Moncloa se respira cierto optimismo y reiteran sus intenciones de exprimir la legislatura hasta 2027. No habrá adelantos electorales. Tampoco crisis de gobierno; aunque esto último sucederá, pero a su debido tiempo. Así se desprende del mensaje que tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, han trasladado en este Día de la Constitución durante una conversación informal con los periodistas en el Congreso de los Diputados. La consigna es clara, pero no todo está en manos de un Gobierno que, aun recolectando desplantes, no retira su oferta de reconciliación a un Carles Puigdemont instalado en una posición de máximos.

No hay nadie en el Gobierno que eluda la complejidad de estos primeros dos años y medios de legislatura. Con un Congreso absolutamente fragmentado, asterisco de Junts al margen, el balance que hacen en público es de lo más satisfactorio. El mensaje que se traslada no es en absoluto triunfalista, sino que subraya la capacidad negociadora del Ejecutivo en un tablero endiablado y con un escasísimo margen para la geometría variable. Casi inexistente, más bien. Lo cierto es que la coalición ha recibido correctivos parlamentarios, pero también ha salido victorioso en incontables ocasiones – cerca del medio centenar – con proyectos legislativos de calado. El punto negro, claro, son los Presupuestos Generales del Estado. Una china en el zapato antaño que ahora ha crecido hasta convertirse en un bache considerable en el camino.

Así las cosas y pese al divorcio con Junts per Catalunya, Sánchez ha reiterado que su intención no es sino agotar la legislatura, y eso pasa por una tasa de conversión parlamentaria con más victorias que derrotas. O lo que es lo mismo, reestructurar el bloque de la investidura y seducir de nuevo a un Carles Puigdemont acorralado por la extrema derecha independentista de Aliança Catalana. Aun con ello, Sánchez considera que tendrá apoyo para ganar votaciones en el Congreso. Una afirmación que, por ahora, se limita al mero optimismo, porque tal y como admitía en esta jornada festiva, no ha habido contactos entre Ferraz y Waterloo.

Por ello, el jefe del Ejecutivo pide “paciencia” y lanza mensajes velados hacia los juntaires para hacerles ver que un bloqueo parlamentario impediría culminar la ejecución de los fondos europeos y también la normalización de la situación en Cataluña. Por ello, y retomando el hilo de las Cuentas Públicas que tanto Sánchez como Montero persisten en su compromiso de presentar, el presidente promete que sudará la camiseta para hallar el más mínimo resquicio por el que devolver a los neoconvergentes al redil de la investidura y, así, aprobar el primer proyecto presupuestario de la legislatura.

La carta del Constitucional

 Esa ventana no será inmediata, habida cuenta de que el adelanto electoral en Extremadura ha vaciado de plenos el calendario hasta bien entrado el mes de febrero. De hecho, esta próxima semana es la última con actividad en la Carrera de San Jerónimo y en la que se asume ya la derrota en la reválida de los objetivos de déficit. De ahí, que el Gobierno acumule un rosario de iniciativas sociales que puedan amortiguar el impacto de este nuevo revés. No obstante, independientemente de si se obra o no el milagro –no hay indicios que apunten en esta dirección-, a Moncloa se le abre entonces el camino para presentar el proyecto de Ley de Presupuestos.

En consecuencia, estos casi dos meses libres de plenos conceden un balón de oxígeno al Ejecutivo. Un tiempo extra para reconducir la maltrecha relación con Junts, a pesar de que Puigdemont se instale en una posición de máximos inasumibles para Moncloa. Sin embargo, sobre el tapete caerá la carta de la sentencia del Tribunal Constitucional y que supondría esa rendija por la que el Gobierno podría convencer a los neoconvergentes con el regreso a España de su líder en la próxima primavera. En cualquier caso, hasta que eso ocurra, ni Sánchez ni Montero ni nadie del ala socialista de la coalición esperan cambios en sus antiguos socios durante los primeros compases de 2026. Con respecto al resto de los aliados, por el momento, entienden que hay una amplia mayoría de grupos que respaldan su intención de agotar la legislatura.

¿Crisis de gobierno?

Por otro lado, el nuevo ciclo electoral que se abre en Extremadura el próximo 21 de diciembre pone en el disparadero a algunos de los nombres de máxima confianza de Sánchez en el Consejo de Ministros. El jefe del Ejecutivo ha reconocido que está más que satisfecho con el trabajo de todos los jefes de departamento y ha alejado la posibilidad de generar una crisis de gobierno. Al menos en el corto plazo, pues sí ha sugerido que acometerá cambios puntuales cuando llegue el momento.

Y es que Sánchez se verá obligado a sustituir a media docena de ministros que, a la postre, también encabezan candidaturas autonómicas en el Partido Socialista. De hecho, la propia María Jesús Montero es una de ellas por los comicios en Andalucía. Lo mismo le ocurre a Pilar Alegría, aunque el presidente de Aragón aún no ha tirado la toalla con Vox para aprobar los Presupuestos y evitar el adelanto electoral en la región. Situación idéntica para Diana Morant en la Comunidad Valenciana, Óscar López en Madrid y Ángel Víctor Torres en Canarias. No obstante, este trío puede continuar en el Gobierno hasta el 2027 siempre y cuando no hubiera un anticipo de los comicios en estas autonomías.