El máximo Tribunal de la Unión Europea avala la legislatura

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se ha pronunciado por fin este jueves sobre la amnistía, avalando el grueso de la norma y con ello también la actual legislatura de Pedro Sánchez, que se hizo posible al acordar tanto con Junts como con ERC la aprobación de dicha ley para perdonar los delitos relacionados con el procés a los implicados. Una iniciativa defendida por el Gobierno como un paso hacia la normalización política y social en Cataluña en pro de la convivencia en el conjunto de España, que desde antes de su aprobación en el Congreso de los Diputados el 30 de mayo de 2024 se ha enfrentado al rechazo de una buena parte del Poder Judicial español, la cual ahora debe aceptar el revés de la corte de Luxemburgo a sus intentos de bloquear la aplicación íntegra de la amnistía. 

La batalla judicial en torno a la amnistía ha incluido desde negativas por parte de los órganos a su aplicación hasta la imagen de jueces manifestándose en contra de la norma aprobada por las Cortes Generales. La ofensiva desde los tribunales ha estado acompañada de la procedente del mundo político encabezada por el Partido Popular. En total, se han presentados hasta 16 recursos a la ley, una procedente del PP y 15 de comunidades autónomas en su inmensa mayoría goberandas por los populares, y 4 cuestiones judiciales: una planteada por el Tribunal Supremo (TS) y las otras tres por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Sin embargo, el Tribunal Constitucional (TC) ha respondido desestimando de forma reiterada los recursos y avalando la constitucionalidad de la norma.

Con la sentencia de este jueves, la primera de la justicia europea sobre la ley de amnistía, responde las cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal de Cuentas (TdC) y la Audiencia Nacional (AN) dejando claro que la norma es acorde al derecho europeo en lo que refiere tanto a su aplicación respecto tanto al delito por malversación de fondos, del cual se acusa al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, como al de terrorismo relacionado con doce miembros de los llamados Comité de Defensa de la República (CDR). Según el fallo, la ley no choca en ningún caso con los intereses financieros de la UE, como sugería el TdC, y tampoco es contraria a la directiva europea en materia de terrorismo, como la AN planteaba.  

Respecto al delito de malversación, la corte de Luxemburgo concluye que la ley “no ha podido ocasionar una reducción de los recursos propios de la Unión”, como consideraba el Tribunal de Cuentas que podía ser el caso en dicha cuestión, la cual afecta a una treintena de altos cargos relacionados con el procés, entre los cuales, aparte de Puigdemont, también se encuentran el expresidente de la Generalitat Artur Mas y el líder de ERC, Oriol Junqueras. Por lo tanto, la sentencia supone un paso clave hacia la aplicación de norma para que Puigdemont pueda regresar a Cataluña tras pasar 9 años en Bélgica y para que los políticos inhabilitados, como es el caso del dirigente de Esquerra, puedan volver a ejercer funciones públicas. Aplicación a la cual hasta ahora el Supremo se ha opuesto. 

Las opciones del Supremo se agotan: el Constitucional resolverá en otoño los recursos decisivos

Para justificar su rechazo a la aplicación de la amnistía a varios de los acusados, el Supremo se ha apoyado en su interpretación de la norma, según la cual no se puede amnistiar el delito de malversación cuando existe “enriquecimiento personal”, como considera que es el caso de personas como Puigdemont, Junqueras o el secretario general de Junts, Jordi Turull. Sobre esta cuestión concreta no se ha pronunciado el TJUE, sino que lo hará el Constitucional, previsiblemente este otoño, condicionado por el criterio de Luxemburgo, cuando resuelva los siete recursos de amparo frente a la negativa del TS que ha admitido a trámite. 

El Supremo, el órgano que debe levantar la orden de detención que pesa sobre Puigdemont impuesta por Pablo Llarena y la inhabilitación política de varios cargos del procés, no tiene intención de dar ningún paso hasta que el Constitucional se pronuncie. Desde el alto tribunal judicial señalan que la orden de detención se mantendrá vigente a pesar de la sentencia del TJUE porque esta no altera su fundamento de que la malversación por enriquecimiento personal queda excluida de la ley de amnistía. Fuentes judiciales apuntan que será una vez el TC fije un criterio con su resolución de los recursos de amparo cuando el TS se pronuncie. 

En caso de que el Constitucional se posicione a favor de los recursos de amparo y el Supremo quiera continuar obstaculizando la ley de amnistía, al alto tribunal español tan solo le quedará una bala: acudir al TJUE como han hecho la Audiencia Nacional y el Tribunal de Cuentas. En este supuesto, la aplicación de la amnistía a los líderes procesistas volverá a quedar a expensas de Luxemburgo, que con su resolución respecto a esta cuestión sí que podría hacer viable la vuelta de Puigdemont. 

El Gobierno califica el fallo de "logro colectivo" y pide la aplicación de la amnistía "lo antes posible"

Las reacciones políticas al aval del TJUE a la amnistía no se han hecho esperar. Desde el Gobierno se ha calificado el fallo de “logro colectivo” para el conjunto de españoles y se ha reclamado que la norma hasta ahora aplicada sobre casi 400 personas se haga efectiva para todos los líderes políticos del procés “lo antes posible”. Así lo ha pedido el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, en una comparecencia desde el Palacio de la Moncloa en la que ha reivindicado la ley como “un instrumento adecuado para apaciguar un conflicto político y social”. 

Bolaños ha afirmado que con el fallo de Luxemburgo “el horizonte queda ya despejado para la plena aplicación de la ley” y ha destacado que se “ha puesto fin a un debate que en España en muchas ocasiones no fue jurídico", sino que se convirtió en uno “muy visceral”. En este sentido, ha subrayado que “estaba alejado de la normalidad que suponen las amnistías en innumerables países para la normalización. “Pese a las dificultades, pese a las cosas que escuchamos y nos helaron la sangre, merece la pena. Los catalanes y españoles se lo merecen. Cataluña y España son lugares mejores. Hoy es un gran día”, ha declarado.

En la misma línea se ha expresado el PSOE, que ha sostenido que “la inmensa mayoría de la sociedad catalana y española quiere compartir un futuro de convivencia, estabilidad y progreso” y ha indicado que “es el momento de aplicar la ley con normalidad y seguir avanzando juntos”. Además, las fuentes del Partido Socialista han asegurado que con la sentencia “la justicia europea desmonta el relato de una derecha que durante años anunció, sin fundamento, el fin del Estado de derecho”.

Puigdemont y Junqueras responden reivindicando la aplicación de la amnistía

También se han manifestado los afectados por la sentencia. A través de un comunicado, Puigdemont ha defendido que el TJUE ha confirmado que si los órganos judiciales se continúan negando a aplicar la amnistía de manera integral “no solo estarán incumpliendo una ley aprobada por las Cortes y declarada constitucional, sino que, además, estarán enfrentándose al derecho europeo”. Previamente, la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha afirmado que la sentencia obliga a los jueces a hacer efectiva la ley a todos los encausados por el procés, incluido el dirigente posconvergente. “La pelota ahora está en el tejado de los tribunales españoles: aplicación o rebeldía”, ha advertido. 

Junqueras ha recalcado que “es un día importante para Cataluña y para la calidad democrática del Estado español y de Europa” y ha pedido que el fallo se haga efectivo de forma inmediata para todos los acusados. Asimismo, ha puesto en valor “la esencia” de la ley de amnistía, subrayando que esta consiste en “dar una respuesta a un conflicto político”, y ha manifestado que “los derechos políticos no pueden depender de una parte de la judicatura al servicio de los intereses partidistas”. Por su parte, el portavoz de los republicanos en el Congreso, Gabriel Rufián, ha apuntado que la duda es si el Supremo y, en concreto, el juez Manuel Marchena “aplicará una sentencia basada en una lógica que le trasciende o seguirá aplicando una venganza basada en un patriotismo frágil y tóxico”.

La reacción de la derecha española

Desde la derecha española, el PP ha optado por mostrar su “respeto absoluto” a la resolución del TJUE y ha aprovechado la ocasión para volver a cargar contra Sánchez. Según los populares, “el debate nunca fue solo jurídico”, sino que la cuestión central es si un presidente puede negociar privilegios penales a cambio de una mayoría parlamentaria. La formación de Alberto Núñez Feijóo ha afirmado que su respuesta “sigue siendo que no” y que continúa “creyendo que ningún presidente puede cambiar poder por impunidad”, que para el partido es lo que ha hecho Sánchez con la amnistía. 

En cambio, Vox ha expresado una postura mucho más dura y ha opinado que el fallo de Luxemburgo demuestra que “la unidad de España, su integridad territorial y su orden constitucional deben ser defendidos y protegidos por los propios españoles”. Desde el punto de vista del partido de extrema derecha, no se puede “esperar que las instancias internacionales” vengan a resolver los problemas estatales. Igualmente, ha exigido explicaciones a “todos aquellos que prometieron que Bruselas traería a Puigdemont ante la Justicia o que las instituciones europeas anularían la ley de amnistía”.