El mapa del ladrillo retrata al PP: Madrid, Murcia y Aragón, epicentro de un encarecimiento histórico de la vivienda

El mapa del precio de la vivienda es clarificador y condena a la soga pública a las autonomías bajo palio del Partido Popular. Según los últimos datos del Índice de Precios de Vivienda (IPV) del Instituto Nacional de Estadística (INE). El estudio, que desgrana una nueva escalada del coste de la vivienda en el último trimestre del curso, airea que la ‘rebelión’ de las regiones conservadoras contra la Ley de Vivienda – y por ende contra las políticas del Gobierno – encarece aún más un mercado saturado, con encarecimiento que no se veía desde hace prácticamente dos décadas; superando los dobles dígitos. Una clasificación, capitalizada por el Madrid de Isabel Díaz Ayuso, la Región de Murcia de Fernando López-Miras y el Aragón de Jorge Azcón, que no es anecdótico, sino que retrata un patrón no sólo territorial, sino que contagia el proyecto estatal de la formación.

Murcia encabeza la clasificación con un incremento del 15% interanual, el más alto de toda España. La región se ha convertido en uno de los epicentros de la tensión inmobiliaria, alimentada por la escasez de vivienda asequible, el auge del alquiler turístico y una política autonómica que ha rechazado activar cualquier mecanismo de control o identificación de zonas tensionadas. En ese contexto, los precios han escalado hasta niveles inéditos desde el estallido de la burbuja inmobiliaria.

Madrid no es ciudad para obreros

Aragón ocupa la segunda posición con una subida del 14,6%, seguida muy de cerca por la Comunidad de Madrid, que escala un 14,2%, sólo por detrás de Ceuta, Melilla y Castilla y León. La capital del país vuelve a situarse entre los territorios donde más difícil resulta acceder a una vivienda, especialmente en el mercado de segunda mano, que es donde el incremento se ha vuelto más explosivo. A la presión estructural - falta de oferta, atracción de inversión extranjera y peso creciente de los apartamentos turísticos - se suma un Gobierno autonómico que ha hecho del “libre mercado” su seña de identidad, rechazando cualquier intervención sobre los precios y recortando programas públicos de vivienda asequible.

El mismo patrón se repite en Castilla y León y La Rioja, dos comunidades que también registran alzas de más del 14% y donde el PP gobierna con un discurso similar: menos regulación, más incentivos fiscales a la compra y una apuesta limitada por el parque público. El resultado es un mercado tensionado que crece muy por encima de la media estatal.

En contraste, las regiones con incrementos menos abruptos - aunque igualmente de dos dígitos - son Navarra (+10,9%), Cataluña (+11,3%) y País Vasco (+11,6%), territorios que han aplicado políticas más restrictivas sobre el uso turístico de viviendas, han apostado por ampliar el parque público o han mostrado mayor disposición a aplicar la Ley Estatal de Vivienda. Aun así, la subida generalizada impide hablar de “territorios refugio”: todo el país está inmerso en un ciclo alcista sin precedentes.

Y es que el conjunto del mercado continúa tensionado: la vivienda libre se encareció un 12,8% interanual en el tercer trimestre, la mayor subida desde 2007. La vivienda usada - que representa el grueso de las operaciones - se disparó un 13,4%, nuevo récord histórico. La nueva, algo más moderada, avanzó un 9,7%, su menor incremento en más de un año, pero todavía en niveles muy elevados. Con estos datos, la vivienda acumula ya 46 trimestres consecutivos al alza. Casi doce años de subidas sin interrupción.

Incremento próximo al 3%

En el análisis trimestral, la vivienda libre aumentó un 2,9% respecto al segundo trimestre del año. Aunque la cifra es algo más moderada que la registrada entre abril y junio, mantiene la tendencia de fondo: siete trimestres consecutivos de avances. La vivienda usada subió un 3,3% en estos tres meses; la nueva, un 0,6%, lo que confirma que el mercado de segunda mano es el motor del encarecimiento.

El INE confirma así lo que ya venían advirtiendo expertos y organizaciones sociales: el problema de acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales factores de desigualdad territorial y económica en España. Con comunidades donde las políticas conservadoras han impulsado la liberalización total del mercado y otras que buscan fórmulas para contener precios, el país avanza hacia un mapa inmobiliario profundamente desigual.

La conclusión es incuestionable: mientras el Gobierno central trata de articular medidas de intervención y ampliar el parque público de alquiler, las comunidades autónomas gobernadas por el PP se consolidan como los focos principales del encarecimiento. Allí donde se ha dejado actuar al mercado sin apenas correcciones, los precios han escalado más rápido y con mayor intensidad. Una realidad que no solo tensiona a los compradores, sino que amenaza con cronificar el acceso a la vivienda como uno de los grandes problemas estructurales del país.