El Gobierno aprobó este martes en Consejo de Ministros el envío de la adenda del Plan de Recuperación de la Unión Europea para acceder al cuarto desembolso de los fondos Next Generation asignados a España. Moncloa realizó este movimiento a expensas del resultado electoral del 23 de julio. Es decir, sin saber si serán los encargados de la movilización de estos tras las generales. Ante la incertidumbre que arrojan las urnas, el Ejecutivo, en un “ejercicio de responsabilidad”, incluyó en la ampliación el impulso de nuevas medidas sociales (suministro mínimo vital de energía, mejora del bono energético o inversión en vivienda pública) con el fin de evitar los futuros y presuntos recortes de una administración conformada por Partido Popular y Vox. De este modo, a pesar de que el plazo para remitir el anexo a la UE vencía el próximo 31 de agosto, la coalición ha pisado el acelerador ante las amenazas de “derogación” de los conservadores, atraídos por el magnetismo de la ultraderecha.
La vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, desgranó en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros los pormenores de esta nueva adenda. La fecha límite se antojaba aún lejana: el 31 de agosto de este mismo año. Sin embargo, el calendario electoral, tras el adelanto verbalizado por el presidente el pasado 29 de mayo, ha obligado al Ejecutivo a mover ficha y dar un acelerón ante el hipotético desembarco de la derecha en el Palacio de la Moncloa. La ampliación del Plan de Recuperación contiene una partida de 10.300 millones de euros en transferencias, amén de otros 84.000 millones en préstamos previstos en el Plan de Recuperación. La Administración también incluyó una batería de reformas sociales “adaptadas al contexto geopolítico”, tal y como explicó la ministra de Asuntos Económicos.
A pesar del acelerón del Gobierno, la pelota ahora recae sobre la Comisión Europea. Bruselas tiene dos meses desde este momento para escudriñar el plan presentado por el Ejecutivo. No obstante, Europa no daría luz verde a la adenda hasta el 31 de agosto, en el mejor de los casos, pudiendo ampliarse el plazo otros dos meses. En consecuencia, la respuesta, según expuso la propia Calviño, se produciría en un escenario diferente al actual, con el nuevo gobierno -independientemente de su color- en construcción.
En cualquier caso, la respuesta de la Comisión Europea guiará el despliegue de políticas públicas del nuevo Gobierno, especialmente en el apartado de lo social. Si de las urnas emanara una coalición de PP y Vox, cuya razón de ser pasa por “derogar el Sanchismo” en su conjunto, deberán sentarse a negociar con Bruselas para que aceptara los cambios pertinentes. Además, éstas deberían enmarcarse en los márgenes del Plan de Recuperación. Al menos, así lo explican voces autorizadas del Ejecutivo, quienes apuntan que sería una tarea correosa por la complejidad del proceso y los más que plausibles retrasos en materia de desembolsos hasta 2026. Eso sin entrar en las altas probabilidades de incurrir en fallas que se traduzcan en penalizaciones.
En fueros gubernamentales percuten en que esta adenda apuntalará reformas sociales incluidas en el Plan de Recuperación. Un subterfugio para dotar de cierto blindaje a ese rosario de medidas repudiadas en sectores derechizados del país y que conforman el escudo desplegado desde Moncloa para amortiguar los impactos de las sucesivas crisis del coronavirus y la guerra de Ucrania. En la ampliación se han incluido iniciativas orientadas al ingreso mínimo vital, pero también a que la subida de las pensiones se vincule al IPC; todas ellas con espíritu de perpetuar un crecimiento “sostenido, sostenible y justo”.
El objetivo del Gobierno pasa por “mejorar el capital social”, entendiendo que este punto es “más acuciante” para afrontar las derivadas de la guerra entre Rusia y Ucrania. Su impacto es más virulento en “colectivos más vulnerables”, así lo ha verbalizado el Ejecutivo desde el primer minuto y en esta adenda se enfatiza este argumentario. Por este motivo, se han incluido medidas destinadas al blindaje de los resortes de “protección social”, así como a allanar el camino a una vivienda digna.
En la adenda se prevé una protección a los consumidores más vulnerables con iniciativas orientadas a atenuar el golpe del alza de precios energéticos, como la implantación de un suministro mínimo vital, una remodelación del bono social eléctrico o una reforma del sistema que determina el precio voluntario al pequeño consumidor (PVPC). No obstante, dará cobijo a una cobertura destinada a los consumidores que trasciende el campo de la energía, con textos reguladores como “la ley de atención al cliente o la de protección de consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económico”, según recoge el escrito remitido a Bruselas.
Escudo anti derecha
En la derecha percuten con el mantra del 28M de cara a las generales. El argumentario de PP y Vox se basa en su totalidad en la “derogación del Sanchismo”, lo cual no se limita exclusivamente a “desalojar” al jefe del Ejecutivo de la Moncloa. El plan de los conservadores, tal y como han verbalizado diferentes resortes en público y en privado, contempla la erradicación de leyes sociales como vivienda o la reforma laboral; que, a la postre, conforman el legado del Gobierno de coalición durante esta legislatura y el consiguiente escudo para los colectivos más vulnerables ante las derivadas del coronavirus y la guerra. De hecho, sobre el marco regulatorio de la vivienda, los populares han remarcado que se erige sobre las “cenizas del atentado de Hipercor”.
El Partido Popular no ha renunciado abiertamente a un pacto con Vox, de cualquier índole, siendo esta una cuestión que podía condicionar las políticas de Feijóo en caso de contar con una mayoría para formar Gobierno. No obstante, los postulados de la formación de Abascal son, sobre el papel, contrarios no solo a la propia adenda, sino también a la Unión Europea en su concepción. Por tanto, en el caso de que la futura administración se desequilibrara hacia la derecha, la nueva coalición debería negociar con la Comisión Europea cualquier cambio en los hitos pactados con Bruselas.
En consecuencia, la agenda de reformas que recoge la adenda se basa en las “recomendaciones específicas dirigidas a España en el marco del semestre europeo desde el año 2019”, estando en consonancia con las “recomendaciones de política económica para la eurozona y con las agendas estratégicas desplegadas por la UE, en particular marcadas por el European Green Deal, REPowerEU, Digital Strategy, la Política Agrícola Comunitaria (PAC), la política de cohesión y el Pilar Europeo de Derechos Sociales”, tal y como recuerda el documento que remitió el Ejecutivo a la Comisión.
En el caso de reformas ya aplicadas como la reforma laboral o de las pensiones, en caso de desembarco conservador en el Gobierno, su derogación sí comportaría penalizaciones millonarias por parte de Bruselas al incumplir las normas establecidas en el marco regulador del Plan de Recuperación. En base al reglamento para la concesión de los Next Generation, se exige que los Estados no revoquen medidas relacionadas con “hitos y objetivos anteriormente cumplidos satisfactoriamente”.
Fondos denegados a gobiernos ultras
La proliferación de Ejecutivos de signo de extrema derecha ha evidenciado los efectos de políticas regresivas en materia de concesión de fondos europeos. Polonia y Hungría son claro ejemplo de este grupo de naciones que tienen bloqueados decenas de miles de millones de euros de los Next Generation que les corresponden. Sin embargo, las instituciones europeas no los liberan por las vulneraciones de estas administraciones de la normativa comunitaria.
Hungría y Polonia tienen congelados unos 63.200 millones de euros entre el Fondo de Cohesión y los planes de recuperación debido a los constantes ataques contra el Estado de Derecho en sendas naciones. Además, ambos se encuentran inmersos en un proceso disciplinario abierto desde hace años, bajo la amenaza de suspender su derecho a voto en caso de que el resto de miembros comunitarios se atrevan a dar el paso. En la ecuación aparece ahora Italia, con la ultraderechista Giorgia Meloni al frente, cuyas iniciativas han sembrado de inquietud a los Veintisiete. Según El País, los primeros pasos de su Administración “no dan buenas pistas”. La incertidumbre se replica en el escenario futuro de España, con la posibilidad de que Vox, aliado tanto de Meloni como de Orbán en Europa, arribe a la Moncloa.
Actualmente, hay 19.000 millones de euros correspondientes al tercer pago del plan de recuperación a Italia, pero Bruselas los tiene paralizados por idénticos motivos. El país transalpino se ha desligado del camino marcado por los hitos correspondientes a este tercer tramo. En este caso, la problemática italiana responde a asuntos vinculados con la gestión administrativa, a pesar de que esta situación puede sortearse, aunque lleve más de cinco meses estancada.