En el Consejo Territorial de Memoria Democrática que se ha celebrado este martes en Zaragoza, la dignidad, la justicia y el recuerdo a las víctimas del franquismo han sido las protagonistas. En este sentido, el Ejecutivo central ha anunciado el reparto de tres millones de euros entre las comunidades autónomas con el objetivo de poder llevar a cabo la exhumación y paralela identificación de víctimas de la Guerra y del régimen franquista.
Presidido por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, el Consejo Territorial ha sido escenario de la aprobación de estos fondos para contribuir a la dignificación de las víctimas de la dictadura. Ello ha salido adelante con los votos a favor de catorce comunidades autónomas pero con la abstención de la Comunidad de Madrid, Región de Murcia y la Comunidad Valenciana, gobernadas las tres por el Partido Popular. No obstante, el titular de Política Territorial ha celebrado que no haya habido ningún voto en contra. "Nuestra intención es la de que no quede ni un solo cuerpo por identificar, ni ninguna memoria por reivindicar", ha señalado.
Al margen de las tres abstenciones, tanto Cantabria como La Rioja no han estado presentes en la reunión por lo que no han podido votar. Sobre estas dos autonomías, Torres ha explicado que "no reciben fondos, puesto que no se han gastado los del año pasado, algo que sucede también en las dos ciudades autónomas".
Por su parte, a pesar de la abstención de estas tres comunidades autónomas, Torres ha detallado que estos tres millones aprobados para las exhumaciones "se suman a otras partidas que recibe la Federación Española de Municipios y Provincias, así como a la financiación de otros proyectos puestos en marcha por diputaciones, consells y cabildos insulares, destinados también a exhumaciones".
En otro orden de cosas, en el Consejo Territorial, el profesor Francisco Etxeberría ha explicado los trabajos de ADN y las verificaciones para las identificaciones. Además, se ha presentado el trabajo que se está llevando a cabo en el Valle de Cuelgamuros, con expertos, forenses y antropólogos que, según ha señalado Torres, acompañado del secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, y la directora general de Atención a las Víctimas, Zoraida Hijosa, "está permitiendo entregar a los familiares de las víctimas los cuerpos que nos reclamaban, tras 200 peticiones llegadas desde distintos puntos de España. Se están identificando cuerpos, con una rigurosidad extrema, aunque el paso de las décadas ha deteriorado mucho las cajas, pero el trabajo se realiza con la dignidad que requieren las personas que entregaron su vida y la de sus familias".
Las abstenciones, una "quiebra" del PP
El titular de Memoria Democrática no ha querido pasar por alto las abstenciones por partes de las tres comunidades, gobernadas por el PP. Así, en declaraciones a los medios, el ministro ha apuntado que la decisión que tomaron esas tres comunidades de abstenerse "en la práctica era no apoyarla", lo que ha visto como una "incoherencia" entre los populares, y ha recordado que el año pasado las autonomías del PP se abstuvieron mientras que en esta ocasión "muchas han votado a favor".
En este sentido, Torres ha señalado que esta diferencia de voto apunta a una "quiebra" dentro del PP y se ha preguntado "si hay razones más allá de lo institucional" y tiene que ver con "lo orgánico", en referencia al congreso extraordinario del PP de julio.
Cambios en la reforma de la Ley de Asociaciones
El Partido Popular ha vuelto a utilizar este miércoles su mayoría absoluta en el Senado para introducir modificaciones clave en la reforma de la Ley de Asociaciones que suprimen el mecanismo previsto para disolver entidades que hagan apología del franquismo. Lo ha hecho a través de enmiendas que ya han sido incorporadas a la ponencia del texto y que eliminan el artículo central que contemplaba la disolución de asociaciones franquistas, en cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática aprobada en 2022.
En su lugar, los populares han centrado el foco en perseguir exclusivamente aquellas asociaciones que enaltezcan el terrorismo o humillen a sus víctimas, en una línea ya defendida previamente durante la tramitación del texto en el Congreso de los Diputados. La estrategia del PP modifica sustancialmente el espíritu de la proposición de ley y contraviene el mandato de la disposición adicional séptima de la Ley de Memoria Democrática, que exige una adaptación de la legislación de asociaciones para evitar la perpetuación del ideario franquista bajo nuevas formas organizativas.
