Un Madrid a dos velocidades: las protestas por la vivienda ponen el grito en el cielo ante los fondos y las administraciones

Los tiempos en Madrid estuvieron marcados este sábado por dos relojes cuyas agujas avanzan a velocidades muy diferentes. Uno se puso en marcha a las 18:30 desde la Puerta del Sol, donde el Sindicato de Inquilinas convocó una manifestación bajo el lema "Ni una Maricarmen más" para protestar contra el desahucio de una señora de 87 años que llevaba más de 70 viviendo en la misma casa de alquiler, contra las ejecuciones inmobiliarias en general y contra la complicadísima situación que atraviesa el mercado de la vivienda en España. Miles de personas salieron a las calles madrileñas de manera pacífica en una tarde abrasadora para poner el grito en el cielo que acabó con otras tantas personas acampando en la Puerta del Sol. El otro reloj, por contra, ni empezó ayer a girar ni para de hacerlo. Lo engrasan operaciones millonarias, compraventas de carteras de pisos y reuniones de inversores que, con el beneplácito de las administraciones, son corresponsables de que la vivienda sea el problema más acuciante para los españoles, según el CIS.

La primera velocidad, la de todos los días, es la de quienes cuentan los meses para encontrar un alquiler, los años que llevan viviendo en el mismo barrio en condiciones complicadas o los días que faltan para el desahucio de un vecino. La historia de Maricarmen, la vecina de 87 años desalojada esta semana de la vivienda en la que había vivido durante siete décadas, ha convertido la protesta en algo más que una marcha contra un caso concreto. La principal premisa de la manifestación de vivienda fue sencilla, pero contundente: Casas para vivir y no para especular. Es un clamor entre la ciudadanía que la especulación inmobiliaria es un problema grave que ha de ser combatido de raíz, y algo que las instituciones no parecen terminar de interiorizar en sus políticas, al menos no de manera que se refleje sustancialmente en el día a día de la gente.

La segunda velocidad se mide en millones. En los primeros meses de 2026, la inversión en activos residenciales destinados al alquiler alcanzó los 3.800 millones de euros, un récord anual según datos de Savills recogidos por EFE. Tres grandes operaciones, las carteras de Fidere, Patrizia y Ares, concentraron más de 2.000 de esos millones. A agosto de 2026, el precio medio de oferta de vivienda en venta en el municipio de Madrid era de 6.471 €/m², llegando a máximos de 6.619 €/m² en abril de 2026, según Idealista. Estas cifras suponen un incremento del 2,2% interanual, y la cosa cambia mucho en función del barrio sobre el que se ponga la lupa: por ejemplo, en Salamanca, el metro cuadrado alcanza los 10.841€, mientras que en Barajas la cantidad se reduce a menos de la mitad, hasta los 5.171€. En cuanto al alquiler, el precio anunciado alcanzó 23,3 €/m² al mes en agosto de 2026, un 5,1 % más que un año antes, también según el citado portal inmobiliario. Paralelamente, según datos que aporta la OCU, el precio de la vivienda había aumentado en Madrid un 15,9% en 2025, mientras los alquileres lo hicieron un 11,8%. Para hacerse una idea, un piso de 70 m² al precio medio anunciado equivaldría aproximadamente a 453.000 € antes de impuestos y otros gastos. Cifras que cada vez menos personas pueden permitirse.

Desahucios por doquier y soluciones en la nevera

En 2020, en el marco de la pandemia y bajo el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos, se puso en marcha una moratoria antidesahucios, una medida que suspendía, por Real Decreto, todos los procedimientos de desahucio en España para familias vulnerables sin alternativa habitacional. No obstante, la medida siempre tuvo carácter temporal, no permanente, y se fue prorrogando en sucesivos decretos leyes a lo largo de los años en el marco del conocido como 'escudo social'. Sin embargo, la historia cambió a principios de este año y se topó con el rechazo de PP, Vox y Junts en el Congreso, formaciones que en número de escaños aglutinan mayoría absoluta para tumbar esta y cualquier otra iniciativa.

Más allá del debate sobre si esta medida debería haber sido permanente, existe la realidad de fondo que ya ha sido expuesta en las líneas anteriores: el mercado inmobiliario se encuentra en unos puntos de tensión casi sin precedentes, con los precios de compra y de alquiler en máximos históricos ante la falta de regulaciones efectivas. Existe la Ley de Vivienda, pero su aplicación es de carácter autonómico y tampoco supone destensión alguna a este respecto si no se pone en marcha, y existe el decreto de vivienda que Sumar y el PSOE negociaron con anterioridad, pero está en el aire y sin efecto actualmente mientras los magentas presionan al ala socialista para que vuelva a entrar en vigor. Abogaba esta semana Ada Colau, uno de los rostros que se posiciona en cabeza para liderar el nuevo Frente Amplio, por romper definitivamente con el PSOE si los de Pedro Sánchez no reaccionaban de manera efectiva a esta crisis habitacional, y daba forma con esas palabras a lo que muchas personas de izquierdas se preguntan: hasta cuándo pueden los socialistas no intervenir de manera contundente en el mercado de la vivienda sin perder el apoyo directo de sus socios, que tienen este asunto como una de las prioridades más claras de su agenda. 

Que el precio del alquiler alcance puntos en los que se destina la totalidad del sueldo o de la pensión para afrontarlo deja a cada vez más personas en situación vulnerable y, por qué no decirlo, susceptible a perder la vivienda o a ser desahuciado. Al respecto de las responsabilidades de esta situación, tanto en el caso particular de Maricarmen como en el hecho de que se produjesen 24.540 desahucios en España (datos del CGPJ) el año pasado y se vaya camino de los 15.000 este año, lo cierto es que los cuellos se giran hacia las administraciones a todos los niveles, con especial foco en la coalición de Gobierno, que ya ha pasado a los rifirrafes dialécticos con esta crisis como escenario: interpelaba el titular de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, esta semana a Óscar Puente, su homólogo de Transportes, para decirle que se dejara de hacer el panoli en redes sociales. Existe un picor ciudadano ante el hecho de que esta legislatura, que se prometió inicialmente que iba a ser la que iba a atajar el problema de la vivienda, no lo ha sido ni de rebote. Primer problema de los españoles en el CIS, el metro cuadrado alcanzando cifras desorbitadas, y jóvenes con buenos trabajos y sueldos incapaces de salir de casa de sus padres pasada la treintena porque la tensión que acumula el mercado es insólita.

Al hilo de la cantidad de desahucios que se producen al año, no puedo evitar hacer un inciso para profundizar en la idea de que lo que ocurre es una realidad extremadamente perjudicial para la sociedad española y que no supone una fenomenología aislada. Es un problema estructural de dos curvas que se cruzan: una, la de unos precios cada vez más prohibitivos, que suben como un cohete hacia el espacio, y otra, la del salario, que también crece, sí, pero no lo suficiente como para que la otra curva no le arranque las pegatinas. ¿Adónde quiero llegar con esto? A que el caso de Maricarmen es paradigmático y dramático, pero es, simplemente, uno más. Los 15.000 desahucios por los que se va camino en este año tienen todos nombre y apellidos de personas que se han tenido que ir a la calle por no poder pagar sus viviendas. Nombres y apellidos que viven una realidad igual de descorazonadora que la de Maricarmen. Y aunque lo cierto es que la exposición mediática y el simbolismo de casos como este puede contribuir a que se visibilice el daño que genera esta cuestión anualmente a miles de españoles, un problema estructural de este calado no necesita iconos, sino respuestas. No hay que convertir a Maricarmen en un símbolo de la revolución por la vivienda, sino luchar y gobernar para que no haya más Maricármenes.

Volviendo a la depuración de responsabilidades tras el inciso, al margen de las del Gobierno central, el peso que recae en las comunidades autónomas y ayuntamientos no es otro que el de no aplicar las leyes estatales nacidas para destensionar el mercado (no son perfectas, pero menos da una piedra) y dejar que los fondos buitre y los especuladores campen a sus anchas, siendo esto último una responsabilidad compartida con el Gobierno central. Hace una semana se votaba en el Congreso una proposición de ley de Sumar para que quedase prohibido que los fondos comprasen viviendas, en una iniciativa que estaba destinada al fracaso a vista de la servidumbre al capital de PP, Vox y Junts. Lo que fue verdaderamente incomprensible fue la abstención del PSOE, optando por no mojarse en un asunto que es de vida o muerte para sus votantes y con el que podría haberse apuntado un tanto votando a favor, ya que la iniciativa no iba a prosperar igualmente. El argumento de los del puño y la rosa para abstenerse fue que el articulado estaba mal redactado. Y mientras toda esta dialéctica parlamentaria rebota contra las paredes del Hemiciclo, el problema sigue sin solucionarse.

La polisemia de las dos velocidades

Hablaba al principio del texto de las dos velocidades a las que va Madrid entre la gente normal que sufre las consecuencias de la situación del mercado inmobiliario y los fondos y administraciones que causan y toleran la situación, pero este término también aplica a que la manifestación por la vivienda de por la tarde no fue la única que hubo ayer. Por la mañana, unas 20.000 personas se aglutinaron en el centro de la capital para pedir tres cosas: un adelanto electoral, la dimisión de Pedro Sánchez y de Fernando Grande-Marlaska, y la exigencia de la aplicación del artículo 102 de la Constitución Española sobre el secretario general del PSOE, por el que se determina que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo podrá juzgar su responsabilidad criminal. Peticiones estas tres que nacen al calor de la gestión del Gobierno ante la crisis migratoria de Ceuta. Las proclamas de esta concentración se centraron en estos tres temas, y pese a ser presuntamente una convocatoria en solidaridad con el pueblo ceutí, poco o nada protagonismo tuvieron los ceutíes, ni su situación, ni los migrantes, ni la suya.

A esta manifestación matutina acudieron el líder de Vox, Santiago Abascal, y algunos cargos del PP encabezados por su secretario general, Miguel Tellado. Abascal optó por proclamar su "desconfianza" ante "cualquiera de las acciones" de un Ejecutivo que, a su juicio, "obedece a los intereses de Marruecos". "No sabemos el tiempo que va a durar la situación. Lo que sí sabemos es que cada vez hay más problemas en Ceuta", prosiguió, después de volver a acusar al Gobierno de seguir "promoviendo la invasión migratoria". Además, trasladó su convencimiento de que el Gobierno no sabe realmente cuántos inmigrantes menores hay solos en Ceuta "porque no ha hecho las pruebas de edad" y porque "mienten en todas partes". En todo caso, reiteró que lo que hay que hacer con estos niños y adolescentes que "han entrado irregularmente" en España es "mandarlos con sus padres a Marruecos". Tellado, por su parte, aseguró que el Gobierno de España no puede tomarse en serio y que está centrado en defenderse ante los casos de corrupción que le asedian y que "ha delinquido para tapar sus propios delitos". A su juicio, en la crisis de Ceuta, ha habido una "responsabilidad evidente" del Gobierno. "Ha habido una dejación de funciones, una negligencia máxima, porque sabía lo que iba a pasar y no actuó. Y lo sabían porque había informes previos que lo advertían", subrayó. Eso sí, ni una mención a Rabat.

Así las cosas, a dos velocidades y a dos asuntos se saldó la jornada del sábado en la capital. Por la mañana se politizó una crisis humanitaria sin precedentes en España sin que asomara un ápice de humanidad en el discurso y señalando solo a una parte de las responsabilidades. Por la tarde se le volvió a poner voz a un asunto al que ya no quedan más voces que ponerle. La política española no te la acabas.