Todos los gobiernos autonómicos, salvo el presidido por Isabel Díaz Ayuso, han hecho llegar al Ministerio de Igualdad un listado de organismos públicos, servicios sociales y organizaciones con funciones de atención y acompañamiento para que las víctimas de agresiones sexuales puedan disponer de prestaciones y derechos sin deber presentar una denuncia previa, siguiendo la estela de los modelos en caso de violencia de género en relación o de exparejas.
Esta acreditación administrativa fue pactada por el Ejecutivo central y las Comunidades Autónomas el pasado 17 de noviembre, emana de la ley “solo sí es sí”. El mes pasado, la cartera encabezada por Ana Redondo y las autonomías alcanzaron un acuerdo sobre protocolo común, aunque algunas se mostraron reticentes. Esta medida se corresponde a la actualización del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
Este martes, la secretaria de Igualdad del PSOE de Madrid, Lorena Morales, firmó una carta dirigida a la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila-Ponce de León, en la que exige -de forma inmediata- hacer llegar este escrito. Entre los derechos a los que puede dar acceso la acreditación se encuentran, entre otros, prestaciones sociales, apoyo asistencial, acceso prioritario a recursos de acompañamiento especializado o beneficios relacionados con la autonomía económica y la vivienda.
Además, se estableció que podrán solicitarla tanto las personas que no hayan presentado denuncia previa, como aquellas que tengan un procedimiento penal en trámite o cuyo caso haya sido archivado o sobreseído.
Desde la Consejería madrileña de Familia, Juventud y Asuntos Sociales sostuvieron que “ninguna víctima de violencia sexual que lo solicite se va a quedar sin su ayuda”, aunque consideraron que este procedimiento no ofrece garantías jurídicas y en igualdad de condiciones, según informa el diario El País. “La Comunidad de Madrid pidió al Gobierno un sistema de acreditación más seguro, pero ha negado a las comunidades autónomas el acceso al registro de agresores sexuales, algo que sí permite en violencia de género dentro de la pareja”, argumentaron tras haber alegado que están desarrollando su propio sistema de acreditación. “Pocas lecciones pueden dar los que más han desprotegido a las mujeres”, espetaron.
La misiva que firmaron Morales y la diputada socialista Cristina González resaltó que la medida suponía un avance para las víctimas y cumple con los requerimientos del Convenio de Estambul y del Pacto de Estado contra la violencia de género. “No es de recibo, por tanto, que el Gobierno Regional de la Comunidad de Madrid haya votado en contra de este procedimiento y del compromiso que todos los partidos en el Congreso de los Diputados, a excepción de VOX, alcanzaron en la renovación del Pacto de Estado”, recogía la carta.
Una vez publicado en el Boletín Oficial del Estado, el procedimiento entra en vigor y las comunidades autónomas deberán adaptar sus sistemas para implementar las pautas comunes establecidas. Madrid también está obligada, pero el hecho de que aparezca en blanco indica falta de concreción administrativa, lo que puede dificultar que las víctimas sepan exactamente dónde acudir dentro de la comunidad.
El documento señala que, además de la vía judicial, existen otras formas de acreditación administrativa, fundamentales para garantizar la protección. Menciona distintos medios reconocidos oficialmente. Entre ellos se incluyen los informes emitidos por los servicios sociales, por los servicios especializados en igualdad y contra la violencia de género, o por los servicios de acogida destinados a víctimas de violencia sexual de la Administración pública competente.
La Puerta de Sol, en su incesante avaricia por ser la nota discordante que acampare la atención del público, pretende desproteger y desproveer a las mujeres víctimas de violencia, agresiones o acoso sexual de recursos, herramientas y organismos que otros gobiernos regionales ponen a disposición de sus conciudadanos en consonancia con el Ministerio de Igualdad.
Ello es un ejemplo más de la doctrina ideológica que implantó el neoliberalismo populista que reina en la capital de España. A comienzos de este curso político, pudimos escuchar cómo Ayuso, desde su escaño de la Asamblea de Madrid, mandaba a las mujeres madrileñas a abortar “a otro sitio”.
Fuera de la M-30, esta misma semana hemos conocido el nuevo pacto entre populares y ultraderechistas en el Ayuntamiento de Sevilla en el que los azules tuvieron que asumir elementos retóricos y principios ideológicos que afectan -además de al cambio climático y la inmigración- a la conciencia sobre la violencia de género y los ataques machistas. ¿Sucederá lo mismo en Extremadura y en el resto de autonomías en las que el Partido Popular necesite el apoyo de Vox? ¿Ayuso se quedará sola?