El mes de agosto todavía no ha llegado a su fin. Con la época estival -considerando como tal a los días que preceden a septiembre- aún dando los últimos coletazos, el juez Juan Carlos Peinado, encargado de investigar a la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, obvia que se trata de un mes habitualmente inhábil para la realización de diligencias penales que no se consideran urgentes y ha citado a cuatro testigos claves para el magistrado para el devenir de la causa.
En concreto, Peinado toma declaración este lunes a la exdirectora de Wakalua, Leticia Lauffer; el directivo del Grupo Barrabés, Luis Miguel Ciprés; el subdirector de la Fundación La Caixa, Marc Simó; y el consejero delegado de Reale Seguros, Ignacio Mariscal. Con ellos, el juez busca indagar en diferentes aspectos del sumario como son las relaciones de la esposa del líder del Ejecutivo con Globalia -en referencia al rescate de la aerolínea- y el grupo de empresas lideradas por el empresario Barrabés, en cuyo perfil el magistrado está especialmente focalizado pasando por alto que sus compañías firmaron documentos con muy distintas administraciones de todo signo político.
Cuatro testigos clave para el juez en el mes de agosto
Las diligencias contra Begoña Gómez se centran en presuntos delitos de corrupción entre particulares y tráfico de influencias. Este es el aspecto en el que se sitúa, por ejemplo, la citación como testigo de Leticia Lauffer, quien fuera responsable del hub de innovación turística Wakalua, que se creó dentro de Globalia e impulsó un patrocinio de 40.000 euros para el África Center del Instituto de Empresa que entonces dirigía la mujer de Sánchez. El contrato prácticamente no llegó a ejecutarse debido a la llegada del coronavirus.
Lauffer ya habló en el Senado, concretamente en la comisión Koldo, el pasado 5 de junio. Allí negó que en los encuentros que mantuvo Gómez en la sede de Globalia en junio y julio de 2020 se hablara del rescate a la aerolínea, una versión que repetirá previsiblemente ante el juez.
Por su parte, Ciprés está citado para que aclare qué relación existe entre el grupo empresarial Barrabés y la cátedra de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) de la mujer del responsable de Moncloa. Desde allí, fueron adjudicados dos contratos públicos por la entidad pública Red.es a las empresas Innova Next y la Escuela de Negocios The Valley.
En ambos casos se utilizaron fondos europeos, motivo por el que la Fiscalía Europea asumió la investigación de los contratos. Sin embargo, pese a la insistencia del magistrado, la Unidad Central Operativa (UCO) ha concluido hasta en dos ocasiones que las contrataciones se ajustaron plenamente a la legalidad vigente y que no existe nada punible en las actuaciones de Gómez ni del empresario presuntamente beneficiado. A pesar de esto, también en pleno mes de agosto -la semana pasada-, la Guardia Civil registró la casa del empresario. En cuanto al resto de testigos que están citados a lo largo de la mañana -Simó y Mariscal- hablarán para responder al resultado del análisis de documentos aportados a la causa.
Vídeo de Pedro Sánchez
El presente mes está siendo meridianamente tranquilo en lo político y en lo jurídico, pero no para Peinado. En su particular investigación contra Gómez, el magistrado del juzgado de Instrucción nº41 de Madrid decidió hacer públicas tanto para la defensa como para las acusaciones del caso el vídeo de la declaración como testigo del presidente del Gobierno, realizada el pasado 19 de julio en el Palacio de la Moncloa.
A lo largo de dicha declaración, y acogiéndose a su derecho a no declarar contra su mujer al tratarse de su entorno familiar, en la imagen se puede ver al líder del Ejecutivo y al juez separados por dos mesas enfrentadas. Una imagen que, sin duda, vale más que mil palabras, sobre todo para el magistrado y para las acusaciones populares que lideran el pseudosindicato Manos Limpias -quien pusiera la denuncia contra Gómez basada en recortes de prensa-, la asociación ultracatólica Hazte Oír y Vox. Con todo, la foto no servirá para abrir más líneas de investigación.
Esta actuación de Peinado va en contra de la solicitud de la Fiscalía, ya que el organismo había solicitado que la declaración se mantuviera guardada en la caja fuerte de los juzgados. Sin embargo, el magistrado apuntalaba que, si bien el silencio del secretario general de los socialistas es “legítimo”, da pie a “la formación de inferencias que, en su caso, en conjunto con otros elementos de carácter objetivo, pueden llevar a conclusiones de carácter objetivo, al objeto de valorar la posible concurrencia de aspectos integrantes, de posibles indicios, bien, en sentido inculpatorio hacia algún investigado, o por el contrario, en sentido excluyente de responsabilidad penal".