La ley de lobbies permanece bloqueada en el Congreso pese a la presión del sector para su aprobación

La imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra ha devuelto a la actualidad el debate sobre la influencia que puede ejercer una personalidad de su calado en el entorno público. El lobbismo es una práctica arraigada en Occidente y, a diferencia de algunos de sus vecinos, España no cuenta con una ley que lo regule, pese a que el Gobierno ha intentado en más de una ocasión sacar adelante un proyecto normativo.

Desde el propio sector, dedicado a influir en la toma de decisiones en favor de las empresas, reclaman una legislación. Es más, la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI) envió la semana pasada una serie de cartas a los miembros de la Mesa del Congreso de los Diputados y a los líderes de los grupos parlamentarios en la que reclamaban la “aprobación urgente” del Proyecto de Ley sobre regulación de los grupos de interés.

“La ausencia de regulación está causando un daño directo a nuestra profesión y la democracia. Permite que se mantenga una confusión injusta entre la legítima defensa de intereses y la opacidad, el tráfico de influencias o las malas prácticas. También deja espacio al intrusismo de quienes actúan sin estándares profesionales, sin códigos de conducta y sin asumir las responsabilidades que sí asumimos los profesionales que trabajamos desde la transparencia, la ética y el rigor”, advertía APRI en su misiva.

Sin embargo, las formaciones políticas mantienen la norma bloqueada en la Cámara Baja y el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, se ha lanzado a un nuevo intento por desbloquearla. “Hay una buena ley en el Congreso, consensuada con el sector y con los grupos parlamentarios. Tenemos una oportunidad histórica, ya vamos tarde. Es de máxima prioridad”, defendía en el mes de mayo, durante una jornada que analizaba la situación del sector de los Asuntos Públicos.

El ministro apela a “todos los grupos parlamentarios para que saquen esta ley”, aunque por el momento no parece estar entre las prioridades de los representantes públicos. “Si esta ley sale adelante, será mérito de todos, un mérito del país, del sector, del Gobierno y de los grupos”, apuntó López, quien considera que legislar este ámbito es “una necesidad para mejorar la calidad democrática de nuestro país”, además de una exigencia que desde Bruselas se reclama con cada vez más insistencia.

“Los profesionales de los asuntos públicos no podemos seguir soportando esta situación. España necesita reglas claras que permitan distinguir la participación legítima en los procesos de decisión pública de aquellas conductas que deben ser prevenidas, sancionadas o directamente excluidas del sistema”, considera Carlos Parry, presidente APRI. “Es imprescindible para reforzar la transparencia, mejorar la calidad democrática e igualar a España en los estándares internacionales y dar seguridad jurídica al sector”, añadía el ministro.

Todo está en manos de los diferentes partidos y en juego está una norma que  define los grupos de interés y sus actividades de influencia; delimita el personal público susceptible de recibir influencia; crea un registro público y obligatorio de los lobbies, incluye una huella normativa que indique quiénes han formado parte de las conversaciones en torno a una ley; prohíbe que ex altos cargos ejerzan el lobby durante los dos años posteriores a su labor institucional; y establece un código de conducta para relacionarse con altos cargos y personal público. Una serie de parámetros que, en un futuro, podría evitar ver situaciones como la del rescate de Plus Ultra.