El Gobierno de coalición aprobó, este martes, dos reales decretos para dar respuesta a la crisis de vivienda que asola el país. Miles de personas acampan y se manifiestan a lo largo del país y PSOE y Sumar han querido atender sus reclamaciones con dos textos diferenciados, de los cuales el primero ha sido publicado, este miércoles, en el Boletín Oficial del Estado (BOE). El segundo, referido a los alquileres indefinidos, hará lo propio mañana, pues por implicaciones legales era necesario esperar a que viese la luz el otro.
"El artículo 47 de la Constitución Española consagra el derecho de toda la ciudadanía al acceso, disfrute y permanencia de una vivienda digna y adecuada […] Aunque el acceso a la vivienda constituye un derecho, no puede obviarse su dimensión económica, que condiciona de forma decisiva su ejercicio efectivo”, arranca el Real Decreto-ley 26/2026, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes para la protección de la función social de la vivienda y la ampliación de la oferta de vivienda asequible.
Más adelante, se hace referencia al caso que detonó el malestar social. “Esta situación implica una clara demanda social a favor de la regulación para garantizar el derecho y que tiene como elemento de inflexión el triste y dramático y desahucio de Mari Carmen Abascal. Mari Carmen Abascal no es solo un número. Es una mujer vulnerable de 87 años, víctima de una legislación machista y retrógrada procedente de una dictadura y de la especulación más voraz, que le han impedido seguir viviendo en la misma casa donde residió sus últimos 70 años, a pesar de no tener una alternativa habitacional digna”, expone la norma.
“Esta mujer es el símbolo de un derecho roto por unas administraciones competentes que no han dado cumplida satisfacción a la regulación vigente para garantizar su derecho a la vivienda. Ni siquiera una solicitud expresa de suspensión del desahucio por parte de la Organización de las Naciones Unidas sirvió para su paralización. Sin duda, este caso confirma por la vía de los hechos que existen deficiencias que permiten que situaciones así se produzcan y que es urgente subsanar legalmente”, continúa el decreto.
En esta línea, el Ejecutivo hace constar en el BOE que el impulso para asumir este conjunto de medidas es “no legitimar la desigualdad creciente que está generando en la sociedad el problema de acceso y permanencia en la vivienda en condiciones dignas y a precios asequibles para la mayoría ciudadana”. “La consolidación de la vivienda como el quinto pilar del Estado del Bienestar”, ahondan, “es una de las prioridades políticas y de gestión”. Para ello, se presentan 96 páginas, que contienen múltiples artículos y disposiciones.
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