La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y dos de sus exconsejeros, Enrique López y Enrique Ruiz Escudero, están siendo investigados por un juzgado de Collado Villalba por su posible responsabilidad en las muertes de ancianos en residencias durante la primera ola de la pandemia de la covid-19. Se trata de la primera vez que un juzgado abre diligencias para examinar el papel de los responsables políticos en la gestión de la crisis sanitaria que afectó especialmente a los mayores institucionalizados.

La investigación, tal y como avanza 'El Salto', se ha reactivado por orden de la Audiencia Provincial de Madrid, que estimó el recurso de apelación presentado por los familiares de una persona fallecida en marzo de 2020 en el centro residencial Torrelodones-Sanitas Mayores. La denuncia acusa a Ayuso y a sus exconsejeros de los delitos de homicidio o lesiones imprudentes y omisión del deber de socorro, al considerar que adoptaron medidas que impidieron o dificultaron el traslado de los ancianos a los hospitales cuando lo necesitaban.

Entre esas medidas se encuentran los llamados "protocolos de la vergüenza", que establecían criterios restrictivos para derivar a los mayores a los centros sanitarios, en función de su edad, su grado de dependencia o sus patologías previas. Estos protocolos fueron denunciados por el exconsejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, que alertó en varias ocasiones del riesgo que suponían para la vida y la dignidad de los usuarios de las residencias.

La jueza ha citado a declarar como testigos el próximo 7 de noviembre a Reyero, al exdirector general de Coordinación Sociosanitaria, Carlos Mur, y a la exdirectora general de Salud Pública, Yolanda Fuentes, para que aclaren su relación con los protocolos y las decisiones adoptadas por el Gobierno regional. Asimismo, ha solicitado a la Consejería de Sanidad que le remita toda la documentación relativa al plan de choque anunciado en marzo de 2020 para atender a las residencias, los protocolos de coordinación sociosanitaria y los recursos sanitarios y materiales facilitados a los centros.

La investigación judicial supone un nuevo revés para Ayuso, que ha defendido en todo momento su gestión de la pandemia y ha negado cualquier responsabilidad política en las muertes en las residencias. La presidenta regional ha asegurado que su Gobierno hizo todo lo posible para salvar vidas y ha atribuido las críticas a una campaña de desprestigio orquestada por sus adversarios políticos. Sin embargo, las cifras oficiales revelan que más de 6.000 ancianos fallecieron en las residencias madrileñas entre marzo y mayo de 2020, lo que supone el 40% del total nacional.

Los familiares de las víctimas llevan años reclamando justicia y exigiendo que se depuren responsabilidades por lo ocurrido. Varias asociaciones han presentado denuncias ante los tribunales y han solicitado la comparecencia de Ayuso y sus exconsejeros como investigados. Hasta ahora, ningún juzgado había admitido a trámite estas peticiones, al considerar que no había indicios suficientes para imputarles ningún delito. La decisión de la Audiencia Provincial de Madrid abre una puerta a la esperanza para los afectados, que confían en que se esclarezca la verdad y se haga justicia.