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La jueza Margarita Valcarce, titular del Juzgado de Instrucción número 16 de Madrid, ha ordenado abrir una investigación para esclarecer la filtración de información reservada del procedimiento que se sigue en la Audiencia Nacional en relación con el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y la supuesta trama vinculada a la aerolínea Plus Ultra. Según ha adelantado la Cadena SER, la magistrada ha solicitado a la Policía Judicial que elabore un informe para iniciar las pesquisas y tratar de determinar el origen de las filtraciones.
La investigación pretende arrojar luz sobre cómo llegaron a difundirse datos personales y documentos relacionados con las actuaciones judiciales. Entre la información publicada figuraban detalles de las agendas de Zapatero y conversaciones mantenidas con su secretaria, cuyo contenido incluía datos que, según el juez instructor del caso, no guardaban relación con el objeto del procedimiento.
La causa recayó en el juzgado de Valcarce el pasado mes de junio, después de que el magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama acordara deducir testimonio para que los juzgados de Plaza de Castilla investigaran los hechos. El instructor adoptó esta decisión el 25 de junio al considerar que no era competente para dirigir esa investigación específica, aunque apreciaba indicios que justificaban examinar el carácter presuntamente delictivo de las filtraciones.
En su resolución, Calama ordenó investigar para "identificar a sus responsables ante su eventual carácter delictivo". La decisión llegó después de que trascendieran informaciones sobre el expresidente que incluían datos de su actividad y comunicaciones privadas incorporadas al procedimiento judicial.
La defensa de Zapatero cuestionó la difusión de datos personales
La publicación de esa información también provocó la reacción de la defensa del expresidente. Sus abogados reprocharon al juez instructor que no hubiera depurado previamente la documentación para retirar los datos reservados y personales ajenos a la investigación antes de ponerla a disposición de las partes personadas en la causa.
Posteriormente, Valcarce solicitó a la Audiencia Nacional una copia del procedimiento para examinar los antecedentes y determinar el alcance de los hechos que debía investigar. Con la petición de un informe a la Policía Judicial, la magistrada pone ahora en marcha las primeras diligencias para esclarecer las circunstancias de la difusión y averiguar quién pudo ser responsable.
La filtración de las agendas y los mensajes privados de Zapatero
Las filtraciones que ahora investiga la Justicia se produjeron en junio de este año, en el marco de las diligencias que instruye la Audiencia Nacional sobre la supuesta trama vinculada a la aerolínea Plus Ultra. El episodio alcanzó su punto álgido el 24 de junio, cuando varios medios de comunicación difundieron el contenido de un informe policial de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que incorporaba información personal del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Un día después, el juez instructor, José Luis Calama, acordó remitir los hechos a los juzgados de Madrid para identificar a los responsables de las filtraciones.
Entre la documentación difundida figuraban las agendas completas de Zapatero correspondientes a los años 2024 y 2025, además de cientos de mensajes intercambiados con su secretaria, Gertrudis Alcázar. Parte de las conversaciones no guardaba relación aparente con los hechos investigados. El material filtrado incluía también datos especialmente sensibles, como números de teléfono, direcciones de correo electrónico, contraseñas y números de cuentas bancarias. La documentación publicada alcanzaba unas 1.084 páginas, de acuerdo con la información trasladada por la defensa del expresidente.
El procedimiento principal examina presuntas irregularidades relacionadas con el rescate público de 53 millones de euros concedido a Plus Ultra y una posible trama de tráfico de influencias. Zapatero figura como investigado en estas diligencias, que se desarrollan de forma separada de la causa abierta para esclarecer las filtraciones. La difusión de información personal ha suscitado, por tanto, dos cuestiones judiciales distintas, siendo los hechos que se investigan en el procedimiento principal y la posible revelación ilícita de actuaciones reservadas.
Calama advirtió de que las filtraciones se habían sucedido desde que la documentación estuvo disponible para las partes personadas y consideró que podían encajar en delitos relacionados con la revelación de actuaciones reservadas. Además de remitir testimonio a los juzgados madrileños, ordenó medidas para limitar la difusión de información sensible. Posteriormente, el 3 de julio, requirió a la UDEF que excluyera de sus informes los datos personales irrelevantes para la investigación.
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