La Junta Electoral Central (JEC) ha decidido este miércoles retirar el escaño a la expresidenta del Parlament Laura Borràs y que su lugar en la Cámara autonómica lo ocupe el siguiente candidato de la lista de Junts. La decisión del JEC llega después de que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya la condenara a cuatro años y medio de prisión y a trece años de inhabilitación para el ejercicio de empleos o cargos públicos por delito continuado de falsedad en documento oficial y otro de prevaricación.
El órgano electoral señala que Borràs concurre en la “causa de inelegibilidad sobrevenida” recogida en el artículo 6.2 b) de la Ley Orgánica del Régimen Electoral Central (LOREG), pese a que la condena del TSJC no sea firme. Es de esta forma como se cierra el periplo de casi diez meses desde que la Mesa del Parlament la suspendiera al abrirse juicio oral contra ella por haber amañado contratos cuando estaba al frente de la institución de las letras catalanas para beneficiar a un amigo suyo.
Además, se detalla que Borràs fue condenada por el delito de prevaricación administrativa y que la LOREG establece que “son inelegibles los condenados por sentencia, aunque no sea firme, por delitos contra la Administración Pública”. Así como también recalcan que “las causas de inelegibilidad lo son también de incompatibilidad”, lo que significa que no solamente no puede optar a presentarse a unas elecciones, sino que conlleva la pérdida del escaño.
Según la sentencia, Borràs se puso de acuerdo con su amigo Isaías Herrero para fraccionar de forma “ilegal” la contratación de la ILC para adjudicarse 18 contratos menores correspondientes a trabajos informáticos, por valor de 335.700 euros, mediante “presupuestos comparsa” elaborados “falazmente” por personas interpuestas para encubrir que su amigo era el adjudicatario.
Del mismo modo de señala que entre marzo de 2013 y febrero de 2017 Borrás, “con abuso de sus funciones” como directora de la ILC, aprobó el gasto y acordó la adjudicación de estos 18 contratos menores “sin justificar que se tratara de la propuesta más ventajosa”, ya que “era plenamente conocedora” de que detrás de ellos se escondía su amigo Isaías Herrero.
Tras esta decisión de la Junta Electoral Central corresponde a los órganos parlamentarios aplicar la resolución. En los casos precedentes de Torra y Juvillà la JEC mandó el requerimiento para retirarles la credencial a los entonces presidentes de la institución, a Roger Torrent en 2020 y a Borràs en 2022, al haber desoído la primera resolución.
Una vez cumplida, quien se quedaría con el escaño sería el siguiente en las listas de Junts. De esta forma, el primer candidato a ocupar el acta de diputada de Borràs es Antoni Castellà, un veterano de la política catalana, ex de Unió y ahora líder de Democràtes, la escisión independentista del desaparecido partido democristiano.
Primer aviso de la JEC
La JEC dio su primer aviso al Parlament a mediados del mes de abril a través de un escrito en el que ya describía cuál era la situación legal de Borràs y su repercusión en su vida política, abriendo así un plazo de 10 días hábiles para que la Cámara informara sobre “decisiones, resoluciones o cualesquiera otras medidas” que hubieran podido adoptar, ofreciendo también a la exdiputada la posibilidad de presentar alegaciones.
Fue tanto el Parlament como la exdiputada los que registraron sus alegaciones respecto a la cuestión, apoyándose en el reglamento de la Cámara y alegando que la sentencia debía ser firme.
Por su parte, la Mesa del Parlament, con el voto en contra del PSC, alegó que el artículo 24 del reglamento de la Cámara establece que solo con sentencia firme un diputado puede perder su escaño y que la de Borràs aún no lo es.
