El juez que investiga a Begoña Gómez, Juan Carlos Peinado, vuelve a recurrir a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el caso relacionado con la mujer de Pedro Sánchez a pesar de que la mencionada unidad ha descartado hasta en dos ocasiones anteriores que existe indicio de delito alguno sobre Gómez.

En el presente caso, el magistrado del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid ha comenzado a investigar a la esposa del presidente por posible apropiación indebida e intrusismo en relación con le software de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y ha pedido a la UCO que analice toda la documentación que la universidad ha aportado al procedimiento y redacte un nuevo informe.

El centro educativo ha remitido tres escritos a fecha 1,2 y 24 de julio a Peinado en relación con la cátedra y el software para cuyo desarrollo destinó más de 100.000 euros enmarcado en la cátedra de Transformación Social Competitiva (TSC), de una plataforma digital que tenía como objetivo una medición de impacto social de las compañías. Gómez registró en la Oficina Española de Patentes y Marcas la plataforma digital propiedad de la UCM, estiman, a espaldas de la institución, lo que ha provocado que el instructor haya admitido a trámite la querella del grupo ultracatólico y ultraconservador Hazte Oír.

La UCO desmontó al juez Peinado hasta dos veces

Hasta dos veces con anterioridad la unidad señalada de la Guardia Civil ha desmontado al juez Peinado. La última ocasión fue en julio, cuando la UCO emitió un informe de 102 páginas en el que concluye que seis contratos adjudicados a la empresa de Juan Carlos Barrabés se tramitaron “con normalidad y bajo los principios que rigen la contratación pública”.

En esa ocasión, el documento de la Guardia Civil analizaba dichos contratos adjudicados a Innova Next, propiedad del mencionado empresario -con el que administraciones de absolutamente todos los colores políticos han cerrado acuerdos-, y finalizaba sin encontrar delitos en el procedimiento.

Previamente, la UCO había analizado varios contratos adjudicados por Red.es también a Barrabés y concluyó lo mismo. De hecho, estudió igualmente una adjudicación más de la empresa pública indicada, otra del Consejo Superior de Deportes y cuatro más del Ayuntamiento madrileño: “En líneas generales, con base en la información observada en los expedientes, la preparación, inicio, tramitación, licitación, adjudicación, formalización y ejecución de los contratos -algunos de ellos actualmente vigentes- se habrían desarrollado, aparentemente, con normalidad y bajo los principios que rigen la contratación pública”.

Hasta cinco administraciones u organismos de carácter público -Red.es, Ayuntamiento de Madrid, Consejo Superior de Deportes, Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana y Renfe- adjudicaron “a la mercantil Innova Next SLU un total de 11 contratos públicos” entre los años 2017 y 2022.

La publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) ocurrió el 10 de junio de 2020 y a la oferta optaron diez licitadores “de los cuales únicamente cuatro superaron el umbral mínimo de cinco puntos fijados para la valoración de las ofertas sujetas a juicios de valor”. La Benemérita recogía que la UTE de la que formaba parte Innova Next logró la puntuación mayor global ponderadas; un 9’67 sobre un 9’18; un 8’10 y un 7’43.

La UCM “no alcanza una conclusión”

Respecto del escenario vigente, la Universidad Complutense redactó un informe cuyo objetivo era la “posible apropiación indebida de propiedad de la UCM (Software-Plataforma electrónica)”. La universidad no fue capaz de llegar a ninguna conclusión apelando falta de colaboración de Gómez, pero aún así decidió poner su dictamen en conocimiento del juez.

El centro universitario describía que “las actividades de investigación realizadas no le permiten alcanzar una conclusión definitiva respecto a la existencia o perjuicio sobre su patrimonio: en particular por la falta de colaboración de determinados intervinientes, sin que esta Administración esté dotada de potestades que obliguen a la colaboración”

La Complutense habla de actuaciones que le generaron “confusión” entre las actividades privadas y el ámbito universitario, como destaca este miércoles el diario El Mundo. En esos términos se refiere a que la mujer del responsable de Moncloa había registrado una sociedad con el mismo nombre que la cátedra. E indicaba que, sin previo aviso, había registrado dos marcas con nombres coincidente con el de la cátedra: “TSC Transforma Social Competitiva” y “Transforma medición de Impacto Social y medioambiental www.TransformaTSC.org”.

La realidad es que ni el juez Peinado ni la UCO -aunque el primero lo ha intentado de manera incansable- han sido capaces de extraer que Gómez hubiera cometido algún delito en sus actuaciones académicas y/o empresariales.