El juez Juan Carlos Peinado, encargado de investigar a la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, prevé un septiembre ajetreado con nuevas citaciones en su polémica instrucción. A su lista de imputados se une ahora el actual delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, representado asimismo por la Abogacía del Estado.
El magistrado sitúa su nombre en la diana porque ejerció como secretario general de Presidencia, departamento en el que el juez coloca a la asesora de la esposa del presidente, Cristina Álvarez.
En otro orden de cosas, según informa este viernes El Confidencial, el juez ha pedido a los letrados del empresario Juan Carlos Barrabés, la propia Gómez y su asesora que en un plazo máximo de cinco días le informen “de los señalamientos que tiene notificados y a los que deben acudir en cualquier otro órgano judicial” en un periodo de tiempo entre el 8 de septiembre y el 16 de octubre para evitar nuevas suspensiones.
De esta manera, Peinado busca evitar tener que cambiar nuevamente una declaración, como ha ocurrido en los últimos días, cuando el magistrado ha adelantado la declaración de Gómez al 10 de septiembre -estaba prevista para el 11- después de que su abogado, Antonio Camacho, justificara que no podía acudir a la fecha original porque ese día tenía otra citación en Tenerife. El mismo día está citada, también como investigada, Álvarez.
Malversación
Precisamente la asesora de Gómez ha vuelto a poner pie en pared contra lo que sería una nueva actuación fraudulenta del polémico juez.
En este caso, según la defensa de Álvarez, Peinado podría haber incurrido en una grave omisión al imputarla, así como al pedir todos los correos electrónicos a la Moncloa desde su nombramiento en 2018, porque, según apunta El Periódico -reproduciendo las palabras del letrado- “mutila el auto de la Audiencia Provincial y omite la parte en la que la Audiencia, de manera expresa y tajante, que Cristina Álvarez haya podido cometer el delito de malversación que ahora se le atribuye”.
La defensa recuerda que en su auto la sección 23 ya indicó la imposibilidad de que la asesora de Gómez pudiera haber cometido ese delito, por lo que la defensa de ésta considera que “si no puede cometer malversación” no tiene cabida acordar su investigación en esta pieza separada. Cualquier cosa que fuera en esa línea es, por lo tanto, “disparatada”; sobre todo en el sentido que buscaba Peinado: que unos pocos mails privados en el plazo de siete años impidieran a la asesora llevar a cabo sus funciones.
Todos los correos desde 2018
El juez Peinado pidió esta semana a la Secretaría General de Presidencia del Gobierno la copia de los correos electrónicos llegados y que hubiera recibido una cuenta que le fue asignado a Gómez desde 2018.
Igualmente, el magistrado pidió a Moncloa indicar el nombra de todas las personas que hubieran desempeñado el cargo de Secretario General de Presidencia del Gobierno de la asesora y que se identificara a la persona que gestionara el pago de este salario.
Hay que retroceder hasta el mes de agosto, cuando a la esposa de Sánchez y a Álvarez se les imputó por un presunto delito de malversación en la contratación de esta segunda como asistente. Peinado justificó esta decisión basándose en el auto de la Audiencia Provincial del pasado mes de junio señalado anteriormente y refiriéndose a una “clara y palmaria desviación” del trabajo que debería realizar la asesora; algo que la defensa de la persona de confianza de la mujer del presidente considera poco menos que un sinsentido.