Juan Carlos I prosigue con su estrategia para regularizar su situación con Hacienda en referencia a los gastos detectados en diferentes tarjetas opacas, así como la implicación de otros miembros de la Familia Real.

De esta forma, el rey emérito ha informado este miércoles que ha procedido a presentar una declaración “sin requerimiento previo” por una deuda que mantiene con Hacienda por un importe superior al medio millón de euros.

Según el comunicado emitido por Juan Carlos I, y que se ha hecho público a través de su abogado, Javier Sánchez-Junco, el documento se ha tramitado hoy “ante las Autoridades Tributarias competentes” y se ha “satisfecho” una deuda tributaria “por importe de 678.393,72 euros incluyendo intereses y recargos”. De esta forma, se asegura no ser investigado por esta causa, aunque seguirá siendo investigado por la Fiscalía.

“En cualquier caso, el rey emérito continúa, como siempre lo ha estado, a disposición del Ministerio Fiscal para cualquier trámite o actuación que considere oportunos”, añade la nota de prensa. El antiguo monarca se encuentra actualmente en los Emiratos Árabes Unidos (EAU).

Intenta evitar nuevos frentes judiciales

El monarca ha cumplimentado el plan anticipado durante este fin de semana. De esta forma regulariza su situación fiscal respecto a los fondos que recibió tras la abdicación a través del millonario Allen Sanginés-Krause para tratar de esquivar las segundas diligencias abiertas por la Fiscalía del Tribunal Supremo.

Además, no comete delito fiscal. El abono de la cuota correspondiente a los ingresos no declarados antes de recibir cualquier tipo de notificación por parte de Hacienda desactiva delito alguno.

La Fiscalía tiene indicios de que Sanginés-Krause pagó durante años decenas de gastos del Emérito y su familia. Ni los pagos ni los fondos que el millonario ponía a disposición de Juan Carlos han sido declarados a la Agencia Tributaria por ningún miembro de la familia. Tampoco por él mismo. 

Por ello, dado que los gastos son de carácter ordinario, continuados y sostenidos en el tiempo se puede abrir la puerta a un delito fiscal.

Barra libre de gastos para la Familia Real

Entre los gastos sufragados por Sanginés-Krause se encuentran viajes, estancias hoteleras, tratamientos médicos o cuentas de restaurantes. Además, se encuentran localizados en gran parte después de la abdicación por lo que la inviolabilidad del Rey queda suspendida.

Dado que Juan Carlos I ha abonado 678.393,72 euros se puede hacer una pequeña estimación del dinero que el monarca recibía a través de un testaferro y que se sitúa en poco más de un millón de euros.

El Gobierno pedía ejemplaridad

La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha asegurado este miércoles que todos los contribuyentes, al margen del rango que desempeñen, deben cumplir sus obligaciones fiscales con especial precaución en aquellas personas públicas de la que se espera ejemplaridad.

No obstante la también ministra de Hacienda evitaba pronunciarse sobre "lo que le corresponde hacer a la Casa Real", porque "lo que tenga que decir lo dirá, si lo tiene a bien".

¿Qué es un delito fiscal?

El delito fiscal se comete cuando las cuotas que Hacienda considera defraudadas ascienden de los 120.000 euros por impuesto y ejercicio. En este caso, los abonos investigados a Juan Carlos corresponden a 2016, 2017 y 2018. No obstante, la Agencia Tributaria utiliza unos baremos en cuanto al IRPF que situarían en el caso del exmonarca la cuantía en 250.000 euros.

En esta ocasión, el rey se ha apoyado en el artículo 305.4 del Código Penal que hace referencia a las "excusas absolutorias" de este tipo de delitos. Según reza el artículo, el investigado debe adelantarse a los propios investigadores para evitar ser acusado de delito.

“Quedará exento de responsabilidad penal el que regularice su situación tributaria, en relación con las deudas a que se refiere el apartado primero de este artículo, antes de que se le haya notificado por la Administración tributaria la iniciación de actuaciones de comprobación", reza el artículo.