La Junta Electoral Central (JEC) no quiere una reproducción de las sospechas por fraude en el voto por correo. La polémica de los días previos al 28 de mayo ha servido para que el organismo mueva ficha y sopese la opción que ya se aprobó en Melilla antes de las municipales y autonómicas: exigir el Documento Nacional de Identidad (DNI) para las votaciones por correo. Una cuestión que ha causado cierta preocupación en el Partido Popular, así lo verbalizó su líder ante los presidentes autonómicos de su partido durante una comida este pasado martes, según apuntan diversas informaciones.

El ruido del final de la campaña del 28M, con un aluvión de informaciones sobre supuestos fraudes electorales ha decaído tras la victoria del Partido Popular este pasado domingo y el adelanto anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el mismo lunes. Sin embargo, el silencio no implica que la controversia haya caído en saco roto, pues en la junta Electoral Central ya estudian medidas para evitar un nuevo alud en esta dirección.

Según ha publicado El País, antes de que el Gobierno o cualquier junta electoral de zona reclamara nada, la JEC valora aplicar el mismo criterio que impuso a finales de mayo en Melilla. Una medida excepcional que cercenaba de raíz la posibilidad de comprar votos o de incurrir en fraude electoral. ¿Cómo? Exigiendo el DNI a todos aquellos que se decanten -o necesiten- votar por correo con vistas a las elecciones generales del próximo 23 de julio.

Ya se puede reclamar la documentación para emitir el voto por correo. Este pasado martes arrancó el plazo y se trata de un primer paso para el que ya se requiere la identificación con el DNI. Mismo escenario para la entrega a domicilio de dicho material. No obstante, ésta no era necesaria hasta ahora, de igual modo que ocurrió con la propia emisión del voto; lo que derivó en un rosario de denuncias, investigaciones judiciales e incluso detenciones por presunta compra de sufragios en Melilla. Una situación caótica que la JEC se ha planteado aplacar de raíz.

En el rush finale de la carrera hacia el 28M, tanto la Junta Electoral de Zona de Melilla como la propia JEC decretaron la exigencia del DNI a todos los melillenses que se personaran a una oficina de Correos para entregar su papeleta. La maniobra, salpimentada con un incremento de la presión policial, supuso un elemento disuasorio para prácticamente la mitad de los censados que solicitaron el derecho a voto por correo.

Por este camino transita ahora la JEC. A pesar de que la identificación obligatoria no se recoge en ningún artículo de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), estudia extender esta práctica a toda España y cercenar cualquier conato de fraude o acusación en el voto por correo. Según El País, no hay aún un acuerdo o decisión, pero ya avanzan que la puerta está abierta a adoptar una resolución en esa dirección. El objetivo sería dotar de una mayor “fiabilidad” al sistema electoral español.

Mojácar salpica al PP

El jefe de la oposición expresó ante sus barones territoriales su preocupación sobre este asunto, según transmiten desde Génova. El propio Feijóo ya reclamó un refuerzo de los trámites del voto por correo para evitar presuntos fraudes. De hecho, estimó que podría haber una proliferación de cara al 23 de julio, al celebrarse los comicios en pleno verano.

Sin embargo, entre estas preocupaciones no reside, al menos no lo especificó así, la trama de supuesta compra de votos de Mojácar. Los conservadores se han visto salpicados en la operación, después de la detención de un sospechoso que, conforme a los indicios, “habría beneficiado al PP y no al PSOE”, como ocurrió con los otros implicados en el entramado.

Tal y como han precisado fuentes del Tribunal Superio de Justicia de Andalucía (TSJA), el juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Vera ha acordado este martes el alzamiento del secreto de sumario de las diligencias abiertas a raíz del presunto fraude en el voto por correo investigado en el municipio de Mojácar que estalló en la recta final de la campaña con siete detenciones, tres de ellas de hombres de origen latinoamericano, y tres personas investigadas.

De esta manera, en la causa se encuentran investigadas un total de once personas, ya que a las diez primeras se ha unido otra más que también resultó detenida y que tras su puesta a disposición judicial se negó a declarar. La investigación abierta contra él se ha concretado en la apertura de una pieza separada dentro de las diligencias penales incoadas dado que "su presunta actuación habría beneficiado al PP y no al PSOE". Pese a que el juez le decretó en un primer momento libertad provisional, se ordenó su ingerso en prisión por un juzgado de los Penal de Almería por hechos ajenos a esta investigación.