Isabel Rodríguez: "Me encantaría intervenir con un 155 la Comunidad de Madrid"

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha arremetido el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y su negativa a abordar la crisis de la vivienda en la Comunidad de Madrid, a la par que boicotea la aplicación de normativas nacionales como la Ley de Vivienda. “A mi me encantaría intervenir con un 155 la Comunidad de Madrid, que no está asumiendo sus competencias en materia de vivienda, pero no tengo una mayoría en el Senado (Cámara que puede impulsar este artículo)”, ha trasladado.

"Si hubiera tenido la mayoría en el Senado ya lo hubiera implementado. Es una manera elocuente, de visibilizar que, en ocasiones, todo lo que una desea o una quiere hacer se encuentra con la realidad del marco constitucional […] Incluso les diría que, si no quieren asumir la competencia, estoy dispuesta a asumirla”, ha ahondado en su entrevista concedida a TVE. La máxima responsable del Gobierno en materia de vivienda se ha mostrado muy molesta por la negativa del Ejecutivo madrileño de abordar la crisis habitacional y, a la par, boicotear los planteamientos aprobados en el Congreso de los Diputados.

Todo mientras, desde Génova, se culpabiliza a la coalición del precio de la vivienda, pese a que la mayoría de competencias en esta materia están traspasadas a las Comunidades Autónomas. No obstante, también ha celebrado que algunos territorios sí estén queriendo colaborar para intentar contrarrestar la crisis de precios. “Estamos en un Estado de Derecho en el que tenemos una ley, la de Vivienda, y estamos sorteando a la oposición porque ya hay comunidades gobernadas por el Partido Popular (PP) que se han prestado a su aplicación”, ha trasladado.  

“El PP bloque la aplicación de la ley de Vivienda por mero cálculo electoralista porque cuando yo me siento con los consejeros autonómicos del PP y les ofrezco herramientas estoy encontrando apoyo”, ha denunciado la titular del Ministerio, dejando entrever que son órdenes desde Génova las que maniatan a los territorios y les evitan ir más allá en su colaboración con el Ejecutivo central. “Hay quien ha concluido que la vivienda es baraja electora, pero esto es la vida de la gente y hay que preservarlo”, ha defendido.

Cerrazón autonómico

Los territorios liderados por el PP están obcecados en dejar actuar libremente al mercado, viciado de iniciado, y no intervenir en favor de garantizar el derecho constitucional. Si bien luego culpan al Gobierno central y se quitan de encima unas responsabilidades que les corresponden por mero reparto competencial. Todo ello, más allá de las pugnas políticas entre partidos, lo acaban pagando la gran mayoría trabajadora que subsiste en los barrios asumiendo rentas disparadas.

"No nos cuestionamos que si nos ponemos enfermos es la comunidad autónoma la que nos atiende en los centros de salud y en los hospitales públicos. ¿Por qué nos cuestionamos que en el marco de las competencias de las comunidades autónomas no seamos atendidos en nuestro derecho a la vivienda? Creo que este es el gran cambio de paradigma que estamos impulsando desde el Ministerio", ha expuesto Rodríguez.

Si bien los barones autonómicos del PP prefieren comportarse como el perro del hortelano y ni siquiera aplicar las propuestas del Ejecutivo central, que tampoco es la panacea, pese a negarse a desarrollar las propias que les mandata la ley. Ejemplo de ello es la normativa europea contra los pisos turísticos ilegales, que ya fue implementada por el Gobierno, pero que algunas autonomías como Andalucía o Madrid se niegan a aplicar, dejando en la ilegalidad miles de pisos que podrían ser reconducidos al alquiler habitual.

 La "gran anomalía" es que en España existe "menos vivienda social que alojamientos turísticos", ha lamentado la ministra de Vivienda. "Con 87.000 viviendas turísticas ilegales (gran parte de ellas en Andalucía y Madrid), que podrían ser viviendas residenciales, estaríamos dando respuesta a esas personas que hoy necesitan del escudo social (tumbado por PP, Vox y Junts), que las organizaciones sociales estiman entre 50.000 y 60.000", ha añadido.

“Andalucía, que es la comunidad autónoma donde más alojamientos turísticos ilegales hemos detectado, en lugar de decir ‘voy a ver qué hago con estos ciudadanos para orientar esas viviendas con carácter residencial’, lo que han hecho es recurrir la norma (europea y asumida por España) y han recibido un varapalo por parte de las instituciones europeas porque han de acogerse a la normativa estatal", ha ejemplificado. En Madrid, donde el número de VUT ascienden a 15.000, “miran para otro lado”. “Yo no puedo clausurar esas viviendas porque es competencia del ayuntamiento”, ha expuesto.