La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, asegura que el Gobierno ha "acompañado" la petición para paralizar el desahucio de Maricarmen, la mujer de 87 años a la que un fondo buitre está echando de su casa en Madrid este miércoles. La socialista habla de "un día muy triste" en los pasillos del Congreso de los Diputados, y señala al Gobierno de la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso y al Partido Popular.
La responsable de Vivienda del Ejecutivo habla de "un día muy dramático donde se evidencian las consecuencias de la especulación salvaje, de no querer controlar el mercado, de ponerles alfombras rojas a los buitres y a los especuladores". Rodríguez asegura que el Gobierno ha "acompañado el caso de Maricarmen", y que han apoyado la resolución de Naciones Unidas.
También que han "acompañado" la petición de suspensión cautelar de la expulsión de la inquilina del piso en el Retiro madrileño, que lleva 70 años viviendo en él y no ha dejado de pagar su alquiler. La ministra también informa de que el Ejecutivo se ha puesto en contacto con la empresa que ha comprado la vivienda y quiere echar a Maricarmen, "para hacerles entender que por encima de su interés económico está el caracter social de esta vivienda y la vida" de la mujer de 87 años.
Su intención, asegura, ha sido "adquirir esa vivienda, poder compensar esas rentas". Rodríguez no ha explicado cuál ha sido la respuesta del fondo buitre, pero sí ha señalado a "quien está trabajando en la dirección contraria" a la de Moncloa. "En el mismo día en que ayer se estaban organizando movimientos sociales y vecinales para acompañar en el dolor a Maricarmen", explica, "quien tiene máximas competencias en materia de vivienda en esta comunidad, la señora Ayuso, se fue de nuevo a ponerle la alfombra roja a los especuladores".
La presidenta de la Comunidad de Madrid estuvo el martes en el foro 'The District', que reúne a empresas inmobiliarias. Allí sufrió un escrache de movimientos de vivienda como el Sindicato de Inquilinas, que le echaron en cara que esté junto a los especuladores mientras una mujer de 87 años sufre su cuarto intento de desahucio, precisamente por quienes han comprado la casa de su familia para hacer negocio.
El PP y Vox tumbaron el decreto para prohibir los desahucios a vulnerables
Maricarmen vive en el piso de Sainz de Baranda desde los años 50. Actualmente paga un alquiler de 500 euros subrogado del que pagaban sus padres antes de fallecer. El fondo buitre Urbagestión Desarrollo e Inversión SL, que ha comprado el inmueble a otra entidad, pretendía subir el alquiler por encima de los 2.500 euros, cuando la anciana cobra una pensión que no llega a los 1.400. Ante la negativa a abandonar la casa en la que lleva siete décadas viviendo, el Tribunal Supremo ha avalado su desahucio, que se está produciendo este miércoles.
Entre los motivos está que no hay ninguna ley en vigor que prohiba desahuciar a personas vulnerables como Maricarmen. La había, pero el PP, Vox y Junts tumbaron el decreto del Gobierno en el Congreso de los Diputados. Rodríguez les ha señalado: "Hoy mismo, desde el mes de julio, los grupos políticos tienen sobre la mesa una propuesta que va mucho más allá en esa relación que hemos mantenido con Naciones Unidas, para de manera estructural acabar de una vez con todas con esta situación, y que administraciones como la de la señora Ayuso no se salgan con la suya", ha recordado.
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