La Sareb, conocido como el banco malo y participado mayoritariamente por el Estado, cuanta aún con miles de viviendas en propiedad procedentes del rescate bancario. El objetivo de la entidad es dar salida a estos activos antes de 2027, pero en su interior aún residen familias que aseguran que se encuentran en peligro ante el deplorable estado de algunos de los pisos. “Hacinamiento, condiciones de insalubridad, constantes cortes de suministros e incertidumbre” es lo que denuncian. Además, garantizan a este periódico que la interlocución con Sareb es casi imposible y cuando se produce está plagada de hostigamiento y amenazas.
Múltiples colectivos de vivienda de Madrid, como PAH Vallekas, el Sindicato de Vivienda de Carabanchel, el Sindicato de Inquilinos, la Asamblea de Vivienda de Tetuán y otros muchos, se han agrupado en torno a Plan Sareb, una campaña con la que señalan “tanto el maltrato al que somete Sareb a la clase trabajadora como la complicidad del Gobierno”. Desde los movimientos reclaman una negociación colectiva con la entidad, a la que exigen que atienda las necesidades de las viviendas y cese su campaña de desahucios y alquileres con cláusulas abusivas.
Goteras, grietas, agujeros en el techo y riesgo de derrumbe
Las viviendas en las que residen muchos inquilinos de la Sareb son directamente inhabitables. ElPlural.com ha conocido decenas inmuebles señalados por los colectivos en Madrid y ha podido acceder a vídeos y fotografías cedidos por los miembros de estos, en los que queda demostrado que la dejadez por parte de la propiedad ha terminado por derivar en agujeros, grietas y goteras que, como en el vídeo que encabeza la noticia, llegan a propiciar el desprendimiento de fragmentos de la infraestructura y ponen en peligro a los residentes ante una desgracia futura que podría producirse si no se acometen las reformas.
“Todas las casas de Sareb están en malas condiciones, tanto de infraestructuras como de suministros”, denuncian desde PAH de Vallekas a este periódico. En este barrio madrileño existen múltiples ejemplos del abandono de la propiedad: una vecina lleva sin luz desde la firma del alquiler (2022); otra que sufre problemas de tuberías que, a parte de a su familia, están afectando al vecino de abajo; o las múltiples familias que, por problemas de aislamiento, deben elegir entre pasar frío en invierno o pagar facturas de luz y gas de más de 300 euros.
Preguntados por esta denuncia, Sareb ha trasladado a ElPlural.com que se encarga "de la adecuación de las viviendas cuando los inquilinos son regulares o lo van a ser (el alquiler social se ha conseguido, pero no se ha adecuado la casa)". No obstante, esta versión choca con la de los inquilinos con alquiler social que aseguran llevar un tiempo considerable esperando reformas o activación de suministros y con la de los colectivos, que han obtenido alquileres sociales que habían sido negados previamente.
“Las casas no están acondicionadas para poder vivir en ellas”, revela una de las inquilinas que sufre esta situación. Sobre los desperfectos, la actuación de la Sareb suele ser, según relatan, elusiva y, cuando no, “te mandan a los técnicos y lo único que hacen son ñapas para intentar solventar el problema, pero no se arregla porque es estructural”. A todos estos problemas se suma, además, que Sareb no afronta los pagos de la comunidad de vecinos, pese a representar la posición de casero.
Impago de la comunidad y amedrantamiento
“No se hace cargo de las cuotas de comunidad en ninguna de las viviendas, lo que hace que te tengas que enfrentar a tus vecinos, que te señalan”, denuncia una de las afectadas de Vallecas que, pese a no ser la culpable de los impagos, sufre las consecuencias. “Son sus viviendas y debería hacerse cargo de las cuotas de comunidad y de las reparaciones”, clama, reclamando a la entidad lo que a cualquier otro casero. Pese a la situación de las viviendas y el comportamiento de Sareb como casero que denuncian, los vecinos luchan por conseguir alquileres asequibles que les permitan continuar en sus casas y sus barrios.
Esto tampoco es fácil. Los colectivos luchan de forma conjunta la consecución de estos arrendamientos, buscando hacer fuerza, y han conseguido doblegar el brazo de la entidad en más de una ocasión. No obstante, Sareb prefiere ir uno por uno. “Emplean todo tipo de maniobras y chantajes para que firmemos alquileres ilegales”, denuncian los vecinos agrupados en los diferentes colectivos.
Este proceder, añaden, se practica en muchas ocasiones a través de empresas privadas que funcionan como “agentes mediadores”, buscando puentear la acción colectiva con la que presionan los vecinos. La entidad de dominio público defiende el uso de estos gestores externos por el "pequeño volumen" de la organización en comparación con el volumen de activos. Además, aseguran que son "expertos" y "trabajan con protocolos muy estrictos", en cuyo cumplimiento aseguran confiar.
Negando la mayor, una inquilina de Tetuán denuncia que "estas gestoras tienen malos comportamientos" para forzar la firma de "contratos ilegales". "Nos hacen psicoterror", continúa, "llaman a la puerta y si los niños atienden dicen que es la Policía y que nos van a sacar de la casa". "Es bastante intimidante, sobre todo en el caso de los niños", lamenta.
Cláusulas ilegales y abusivas en los contratos de alquiler
Desde Plan Sareb denuncian varias cláusulas contrarias a la propia Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) en los alquileres ya existentes u ofrecidos: cláusula de bonificación de la renta, cláusula de actualización de la renta, cláusula de acceso al inmueble por parte de la Arrendadora, falsa declaración de negociación individual de cláusulas, no inclusión del derecho a la devolución de renta en el caso de incumplimiento del contrato por parte de la arrendadora y la actualización anual de renta sujeta al IPC calculada sobre la renta inicial y no sobre la renta bonificada.
A estas deben sumarse otras tantas abusivas: renuncia al derecho de adquisición preferente, cláusula de acceso a ficheros de información crediticia por parte de la propiedad, acuerdo de acompañamiento social vinculado obligatoriamente a la cláusula de bonificación y actualización de la renta, obligación de la arrendataria de pagar la tasa de recogida de basuras o el cálculo de la oferta del alquiler sobre estimaciones de precios de mercado y fuera de los rangos del índice del Sistema Estatal de Referencia de Precios de Alquiler de Vivienda definido por el propio Gobierno.
Mientras este conflicto se da, decenas de familias aguantan en el interior de sus casas el abandono de las infraestructuras, que pone en peligro su integridad y reduce notablemente su calidad de vida, a la par que se agrupan en colectivos desde los que luchan por alquileres sociales que funiciones de antesala de su objetivo final: una vivienda pública, gratuita y de calidad.
