Ha costado, pero por fin, al Rey emérito se le ha abierto una inspección fiscal después de casi tres años desde que la Fiscalía advirtiera al juez Manuel García Castellón de la Audiencia Nacional de que había indicios de posible irregularidad tributaria.

Los fiscales se referían a las conversaciones entre Corina Larssen y el comisario Villarejo, en el transcurso de la investigación sobre aquel caso. Se trataba de presuntas comisiones, préstamos y regalo de propiedades a la buena amiga del antiguo monarca y cuentas en bancos suizos que su primo Álvaro de Orleans Borbón se ocupaba de manejar. La Fiscalía volvió a insistir a finales de 2020 en que las andanzas de Juan Carlos I podrían acabar en delito contra Hacienda. 

Lo que la Agencia Tributaria le ha notificado es que se le abre una inspección a la vez que le pide información para verificar las regularizaciones que presentó fuera de plazo y que suman casi cinco millones de euros. Estas cantidades se relacionan con viajes que le facilitó la fundación Zagatka, presidida por su primo Álvaro de Orleans. Así lo explicó el abogado del Rey emérito en aquel momento, aclarando que se había realizado este abono sin requerimiento previo.

Al adelantarse a la notificación, podría quedar exento de delito fiscal. La parte más espinosa radica precisamente en que las actividades económicas objeto de este conflicto, se realizaron incluso después de su abdicación cuando ya habría perdido la inviolabilidad que acompañaba su cargo real. En todo caso, el tema de la inviolabilidad durante el desempeño de la Corona en calidad de jefe del Estado, en actuaciones no relacionadas con el ejercicio de su cargo, es una de las cuestiones que podrían someterse más pronto que tarde a revisión.  

Sobre el padre del actual soberano pesan varias investigaciones: la de posibles comisiones del AVE a la Meca y el caso de las tarjetas opacas que también salpica a miembros de su familia. Además, la Fiscalía del Supremo indaga sobre la existencia una cuenta activa en la isla de Jersey en la que se han detectado 10 millones de euros, lo que su entorno niega. 

Mientras, en la Casa Real parece haber bastante inquietud ante la posibilidad de que Juan Carlos I sea llamado a declarar ante los magistrados del alto tribunal por los efectos que pudiera producir tal comparecencia en la imagen de la monarquía. Sin embargo, parece que el ex monarca estaría deseando que le citen para volver a España, una vez que ha disfrutado de todas las atenciones que recibe en Abu Dabi y el aburrimiento le resulte complicado de aguantar.

La apertura de esta inspección ha sido acogida con respeto por el PP, que mantiene su reivindicación por la figura histórica de Juan Carlos I, mientras que Unidas Podemos, PNV y Bildu mostraron su satisfacción. El PSOE no ha realizado valoración alguna por el momento. En el Congreso, la vicepresidenta Carmen Calvo justificó tiempo atrás la ayuda que se le proporciona para mantener a su personal de seguridad y a sus asistentes “como ex jefe del Estado”. A su juicio, no puede considerarse que el Rey emérito se encuentre huido.