Los sindicatos han dado un paso adelante al convocar este martes la huelga general con la que se llama a los trabajadores a formar parte de un parón nacional que haga brazos caídos en los empleos, con la intención de denunciar las excelsas dificultades existentes para acceder a una vivienda o mantener su alquiler. UGT y CCOO han consolidado, así, su respaldo a los colectivos sociales que iniciaron el movimiento que ha propiciado la convocatoria de elecciones generales anticipadas. Las denuncias de aquellos que defendieron a Maricarmen, intentando frenar su desahucio después de que Urbagestión insistiera en echarla de la vivienda en la que ha vivido durante la mayor parte de su vida, han hecho que el conjunto del país estalle definitivamente y se levante al unísono contra las presiones que ejercen los agentes del mercado inmobiliario.
El 11 de noviembre tendrá lugar la huelga general que convocará a los españoles a poner el grito en el cielo para frenar la especulación que se realiza con un bien de primera necesidad. Una cita que ya ha hallado agentes que han mostrado su rechazo a ella, como ha sido el empresariado que, ya solo cuando se comenzaba a esbozar la posibilidad de impulsar esta protesta, anunciaba que emprendería acciones contra la misma para frenarla. Así lo evidenciaba el líder de la CEOE, Antonio Garamendi, quien, desde este pasado fin de semana, viene cargando contra la idea de que tenga lugar esta movilización masiva que paralice los puestos de trabajo.
El presidente de la patronal de empresarios, recientemente reelegido para permanecer cuatro años más en el puesto tras haber eliminado el límite de mandatos, remarcaba en diferentes ocasiones en las que comparecía ante los medios de comunicación que esta huelga general es "ilegal" y aseguraba que no podía ser convocada al no tratarse de una protesta relacionada con un "conflicto de naturaleza laboral". Desde que la idea de convocar este parón empezara a plantearse, Garamendi ha tratado de frenar su impulso con sus intervenciones públicas, adelantando que se llevaría a los tribunales.
La viabilidad legal de esta huelga general ha sido uno de los asuntos que mayor protagonismo ha tenido en las últimas horas. Al principio, existían serías dudas de que el Sindicato de Inquilinas dispusiera de la posibilidad de convocar esta movilización, al ser representantes de colectivos sociales y no de trabajadores. Este punto resultaba de especial importancia para poder avanzar en el proceso. Ahora bien, tras conocerse el apoyo de UGT y CCOO la protesta comenzaba a conocer fuerza hasta llegar a este punto en el que se ha marcado el 11 de noviembre como el día en el que tendrá lugar.
A pesar de ello, todavía está sobre la mesa el debate de si es una convocatoria legal o no, ya que se sigue insistiendo en que se trata de una huelga que no está relacionada con esos motivos de naturaleza laboral a los que se hacen mención, además de señalar que posee motivaciones políticas. Sin embargo, tal y como ha podido conocer El Plural a través de fuentes del ámbito jurídico, esta convocatoria sí que dispone de una vía legal por la cual puede ser impulsada y por la cual, presumiblemente, podrá celebrarse el 11 de noviembre.
Cierto es que el artículo 11 del Real Decreto-ley 17/1977 declaró ilegales determinadas huelgas, entre ellas aquellas que persiguieran "cualquier otra finalidad ajena al interés profesional de los trabajadores afectados". Es decir, aquellas que persigan intereses políticos.
No obstante, tal y como ha podido conocer este medio a través de expertos, según la Sentencia 11/1981, de 8 de abril del Tribunal Constitucional, la convocatoria de huelga general no tiene por qué limitarse exclusivamente a reclamar una subida salarial, modificar un convenio o mejorar una determinada condición laboral. Así, la vía que abre la posibilidad a impulsar este parón nacional en contra de la situación que atraviesa la vivienda es la que permite que la huelga pueda utilizarse para reivindicar mejoras en las condiciones económicas o de trabajo y puede tener además repercusión en otras esferas o ámbitos.
De esta manera, una argumentación como la que expondría que en España los salarios de los trabajadores no han subido al ritmo del precio de la vivienda o el coste de la vida permitiría vincular ambos ámbitos y dar una cabida para que esta protesta sea autorizada. El elemento determinante es, por tanto, la conexión entre la reivindicación y los intereses de los trabajadores, no que la reivindicación tenga necesariamente un contenido político.
Esta convocatoria de huelga general, la que será la primera apoyada por los grandes sindicatos de clase en 14 años, tendrá lugar durante un miércoles, dándose apenas dos semanas y media antes de las elecciones generales y a dos días de que arranque la campaña para esos comicios.
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