Cada voto decide: Sánchez frente a Feijóo y Abascal. ¿La vivienda como derecho o como especulación?

Cada voto cuenta. El 29 de noviembre los españoles decidirán en las urnas mucho más que quién ocupará La Moncloa. Decidirán qué quieren hacer con todo lo conseguido durante estos años y qué país quieren construir a partir de ahora. La derecha y la ultraderecha llevan tiempo dando por hecho que la victoria es suya, instaladas en un triunfalismo arrogante. Pero las elecciones no las ganan las encuestas ni quienes lo celebran antes de tiempo. Las ganan los ciudadanos y ciudadanas cuando depositan su voto.

Y hay mucho en juego. Porque España ha atravesado una pandemia, una guerra en Ucrania, una crisis energética, una inflación extraordinaria y ahora las consecuencias de la guerra de Irán. Y, pese a todo, el Gobierno progresista de Pedro Sánchez ha demostrado que se puede gobernar con solvencia política y la mejor de las políticas sociales. Ha creado empleo hasta alcanzar máximos históricos, ha crecido por encima de las grandes economías europeas y ha mejorado la calidad del empleo. En el primer semestre de 2026 se han creado más de 621.000 empleos y la Seguridad Social alcanza los 22,4 millones de afiliados.

No ha sido casualidad. Detrás de esos datos hay decisiones políticas. La reforma laboral redujo de manera extraordinaria la temporalidad y ha multiplicado los contratos indefinidos. Desde 2018, según los datos oficiales, hay un 34% más de empleo joven y un 58% más de empleo indefinido, mientras la temporalidad se ha reducido en 11 puntos.

También ha habido una subida histórica del salario mínimo, que desde 2018 ha aumentado un 66%, dignificando la vida de los trabajadores peor pagados. Las pensiones se han revalorizado con el IPC, lo que supone 420 euros más al mes para nuestros mayores. Se ha reforzado el sistema de dependencia, se han ampliado las becas y se han desarrollado políticas sociales que han permitido a millones de personas disponer de una mayor protección frente a las dificultades económicas.

Son cifras, sí. Pero detrás de cada cifra hay personas.

Hay trabajadores que hoy tienen un contrato indefinido donde antes encadenaban contratos temporales. Hay pensionistas que han visto protegida su pensión frente a la inflación y que ahora Vox ya ha anunciado que quiere recortar drásticamente. Hay familias que han recibido ayudas que antes no existían. Hay estudiantes que han podido continuar sus estudios gracias a una beca. En definitiva, hay una sociedad que ya no queda desamparada ante la adversidad.

Y hay una generación de jóvenes que también ha visto aparecer políticas dirigidas específicamente a sus problemas. Becas. Bono Cultural. Ayudas al alquiler. Medidas para facilitar el transporte. Programas que han permitido a miles de jóvenes viajar, estudiar, acceder a la cultura o afrontar una parte de sus gastos. No resuelven todos sus problemas, pero son ayudas públicas necesarias frente al abandono sistemático al que la derecha sometió siempre a la juventud.

Porque la alternativa es alarmante. Si Feijóo termina gobernando, será con Abascal como vicepresidente. Y no hace falta imaginar el impacto: basta con mirar el desmantelamiento de derechos en las comunidades donde PP y Vox ya gobiernan juntos. Vemos cómo la ultraderecha impone el veto a la perspectiva de género, censura la diversidad LGTBI y aplica políticas discriminatorias en el acceso a los servicios públicos. Lo que hoy ocurre en esas autonomías se convertirá en política de Estado si Feijóo y Abascal llegan al poder. Estas elecciones son un plebiscito directo entre seguir avanzando en derechos o retroceder en el tiempo.

Esta batalla ideológica se vuelve más crucial e inaplazable en el acceso a la vivienda. No estamos hablando solamente de construir más casas; estamos hablando de decidir si la vivienda es un derecho constitucional garantizado o un mero activo para la especulación financiera. Y aquí los dos modelos políticos chocan de frente.

El Partido Popular y sus socios de la extrema derecha defienden el dogma neoliberal: desregular el suelo, recortar impuestos a los grandes tenedores y dejar el mercado a expensas de la especulación. En contraste, el proyecto progresista liderado por Pedro Sánchez sostiene que la vivienda requiere intervención pública, regulación de precios, aumento del parque público social y medidas efectivas para frenar los abusos.

La trayectoria del PP en esta materia es la historia de una catástrofe social. El modelo del ladrillo desarrollado durante los años de José María Aznar alimentó una enorme burbuja inmobiliaria. Se construyeron cientos de miles de viviendas mientras los precios se disparaban y el endeudamiento de las familias crecía a niveles asfixiantes. Cuando aquella burbuja estalló, España pagó una factura devastadora: desempleo masivo, desahucios y una generación castigada. Aquella no fue una crisis inevitable, sino el fracaso de una derecha que convirtió la vivienda en un lucrativo negocio para unos pocos. Y el responsable no es otro que el PP.

A esta receta especulativa le siguió la crueldad de Mariano Rajoy. Mientras se rescataba a la banca con dinero público, las familias eran expulsadas de sus casas. Entre 2007 y 2013 se produjeron más de 309.000 lanzamientos hipotecarios y las ejecuciones superaron las 400.000. El PP dio la espalda a los ciudadanos y protegió las plusvalías financieras. Ese es el verdadero expediente de la derecha: fondos buitre comprando vivienda pública a precio de saldo e inquilinos indefensos.

Frente a esa herencia de desahucios, el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó la primera Ley por el Derecho a la Vivienda de la democracia. Una norma histórica para topar el precio de los alquileres en zonas tensionadas, blindar el parque público para que no vuelva a ser vendido a fondos especulativos y proteger a las familias vulnerables.

Sin embargo, el boicot de la derecha ha frenado el impacto de esta ley. Las comunidades gobernadas por el PP se han negado tajantemente a declarar zonas tensionadas, anteponiendo la rentabilidad de los grandes propietarios al bienestar social. Feijóo prefiere proteger las rentas de los fondos de inversión antes que permitir que los jóvenes paguen un alquiler justo en el Madrid de Ayuso o en la Andalucía de Moreno Bonilla.

La prueba definitiva de este cinismo político se vivió recientemente en el Congreso. PP y Vox tumbaron el derecho del Gobierno a prohibir los desahucios a personas vulnerables sin alternativa habitacional y a prorrogar los contratos de alquiler. Votaron en contra de proteger a las familias golpeadas por la crisis mientras miles de ciudadanos se manifestaban en las calles pidiendo un techo digno.

Eso es lo que realmente está en juego en la próxima convocatoria electoral: qué modelo de sociedad queremos. Si queremos una España donde la vivienda sea un derecho efectivo o una España sometida a los dictados de Feijóo y Abascal, donde solo se pueda acceder a un hogar si se dispone de abultados ingresos.

La vivienda no puede seguir siendo el botín de especuladores y fondos buitre, sino el pilar de un Estado del bienestar moderno. El 29 de noviembre nos jugamos dos modelos irreconciliables: la España que avanza protegiendo a la gente o la España sometida a la especulación de Feijóo y la ultraderecha. Quienes dicen que “todos los políticos son iguales” solo buscan adormecer el voto progresista mientras la derecha se moviliza en bloque. Los hechos demuestran que las políticas públicas salvan vidas y garantizan derechos. Quedarse en casa no es una protesta, es favorecer la victoria de la derecha. Y al día siguiente, será tarde para lamentarse y darse cuenta del error.