España está a las puertas de adentrarse en la campaña electoral. La carrera hacia el 29 de noviembre va deshojando poco a la margarita. El arranque comenzará en la calle, antes de hacerlo oficialmente en los mítines. El país afrontará este miércoles una huelga general que devuelve al eje del debate público a la crisis de vivienda, pero también los salarios y el coste de la vida. Será la penúltima parada, que tendrá su continuidad un día después, cuando la Diputación Permanente del Congreso se reúna el jueves para pronunciarse sobre los decretos del Gobierno relacionados con el mercado del alquiler. Tres jornadas consecutivas marcadas por la movilización callejera, reivindicaciones sociales y decisiones parlamentarias que se interconectarán en la recta final hacia las urnas.
La de este 11 de noviembre será la primera gran huelga general de ámbito estatal respaldada conjuntamente por UGT y CCOO desde el año 2012, aunque el catalizador de la movilización no es una reforma laboral ni un programa de recortes. Las reivindicaciones de hace 14 años han evolucionado hasta dejar el acceso a la vivienda como una de las principales proclamas de la ciudadanía en una protesta que parte de la premisa de que disponer de un empleo ya no es garantía para afrontar un alquiler o mantener una vivienda en propiedad.
La Confederación de Sindicatos de Inquilinas impulsó inicialmente el llamamiento, al que posteriormente se sumaron CCOO, UGT, CGT, CNT, Co.Bas, Intersindical, Solidaridad Obrera y la Unión de Actores y Actrices, entre otras organizaciones. El paro tendrá una duración de 24 horas y estará acompañado de manifestaciones y concentraciones con las que los convocantes pretenden trasladar el conflicto más allá de los centros de trabajo. Bajo el paraguas de los salarios, la vivienda y los precios, las entidades sindicales reclaman medidas para contener el encarecimiento de los arrendamientos, reforzar la protección frente a los desahucios y mejorar las condiciones laborales. Demandas a las que se suman incrementos salariales y más recursos para blindar los servicios públicos.
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Un planteamiento que vincula el acceso a la vivienda con la pérdida de poder adquisitivo y que cuestiona que una parte creciente de los ingresos de los trabajadores deba destinarse a cubrir gastos habitacionales en un país en el que, según se desprende de un informe de Consumo y del CSIC, el 55% de la oferta del mercado del alquiler corresponde a habitaciones y la modalidad de temporada antes de la aprobación del decreto de octubre, que endurecía los requisitos.
La preparación de la jornada se ha extendido por empresas, administraciones públicas y barrios. A comienzos del mes de noviembre, el Sindicato de Inquilinas contabilizaba más de 4.300 adhesiones de comités de empresa, secciones sindicales y asambleas de trabajadores. La organización ha impulsado espacios de coordinación territorial para desarrollar la participación y preparar movilizaciones masivas en diferentes municipios.
El pulso de la calle
La huelga llega después de varias semanas de protestas por la insostenible situación del mercado inmobiliario. Desde finales del mes de septiembre, las movilizaciones han recuperado presencia en distintas ciudades, con la acampada de la Puerta del Sol de Madrid – ya disuelta – como uno de sus símbolos principales. Las entidades convocantes denuncian los elevados precios del alquiler, la insuficiencia de vivienda asequible y la falta de garantías para quienes afrontan situaciones de desahucio.
El caso de Maricarmen Abascal cobró especial relevancia en un contexto de mercado tensionado y crispación social. La mujer de 87 años falleció pocos días después de ser desahuciada de la vivienda madrileña en la que había residido durante más de 70 años. Una historia que se convirtió en paradigma de la lucha social para los colectivos que reclaman una mayor cobertura para inquilinos, así como omedidas que eviten la expulsión de personas vulnerables de sus hogares.
Un conflicto habitacional que tuvo sus raíces en la crisis parlamentaria que desembocó en el adelanto electoral. El rechazo del Partido Popular, Vox y Junts – entre otras formaciones - a los decretos de vivienda del Ejecutivo precipitó la convocatoria de las generales para el 29 de noviembre. Las reivindicaciones que marcaron el final de la legislatura han ocupado las calles y las plazas de todo el país desde entonces y, ahora, esas movilizaciones volverán a tomar las arterias de las principales ciudades a escasas horas del arranque oficial de la campaña y de la votación de los decretos en la Diputación Permanente.
Desde las organizaciones convocantes han tratado de evitar que ninguna formación política capitalice las movilizaciones, subrayando que sus reivindicaciones se dirigen al conjunto de las administraciones, incluyendo al Gobierno central. Defienden que la huelga estaba preparada antes del adelanto electoral y que las dificultades para acceder a una vivienda requieren respuestas que no pueden aplazarse hasta después de las urnas. Una posición que no ha evitado la controversia política, pues desde el espectro de la derecha parlamentaria, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, trató de paralizar la huelga aferrándose a la tragedia ferroviaria de Urda. El líder del principal partido de la oposición la tildó de “manifiestamente inoportuna” y espetó que constituiría un “grave error” mantenerla. Aunque afirmó respetar el derecho constitucional de huelga, denunció la utilización de la movilización como munición contra los conservadores.
CCOO y UGT rechazaron la petición del líder popular, defendiendo el carácter laboral y social de la jornada. Su argumento parte de que una movilización puede acarrear consecuencias políticas sin estar organizada al amparo de una formación concreta. Los convocantes insisten en que el encarecimiento de la vivienda afecta directamente a las condiciones de vida de los trabajadores y que las reclamaciones también interpelan a las empresas.
En este sentido, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, se posicionó fervientemente contra la iniciativa e incluso llegó plantear su impugnación por considerar que respondía a criterios electoralistas. La patronal descartó interponer un recurso antes de su celebración, aunque mantuvo sus críticas a una convocatoria cuyos motivos, a su juicio, corresponden fundamentalmente a las administraciones públicas. Desde el Gobierno, por su parte, se ha animado a la ciudadanía a secundar el paro. El jefe del Ejecutivo ha defendido su legitimidad y ha reconocido la necesidad de ofrecer respuestas a la emergencia habitacional. El respaldo político a la movilización convive, sin embargo, con las exigencias de algunas entidades sindicales, que catalogan de insuficientes las medidas adoptadas por Moncloa.
El Congreso, la última parada
La huelga será la penúltima cita de una semana decisiva para la política de vivienda. El jueves 12 de noviembre, la Diputación Permanente del Congreso debatirá y votará los dos decretos aprobados por el Consejo de Ministros el pasado 6 de octubre, después de que sus versiones anteriores fueran rechazadas en la Cámara Baja. Con las Cortes disueltas por la convocatoria electoral, será este órgano el encargado de decidir sobre la convalidación de las normas. La composición de la Diputación Permanente introduce un escenario distinto al del pleno que tumbó los textos originales y permite al Gobierno aspirar a sacar adelante al menos uno de ellos.
El primero contempla un conjunto amplio de actuaciones. Entre ellas figuran la suspensión, bajo determinadas condiciones, de desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional hasta 2030, límites a determinadas operaciones de adquisición especulativa de viviendas, incentivos fiscales y la posibilidad de solicitar prórrogas extraordinarias de hasta dos años en contratos de alquiler que cumplan los requisitos establecidos. También incorpora mecanismos de financiación para facilitar el acceso a la primera vivienda.
Con los apoyos anunciados, este decreto podría superar la votación. PSOE, Sumar y otras fuerzas de izquierda suman 34 representantes en la Diputación Permanente, los mismos que PP, Vox y Junts. El PNV dispone del escaño decisivo y ha avanzado su intención de respaldar la norma más amplia, lo que permitiría su convalidación por 35 votos frente a 34 si se mantienen esas posiciones.
El segundo texto afronta un escenario más complicado. Plantea ampliar la estabilidad de los contratos de arrendamiento y establecer indemnizaciones para los inquilinos en determinados supuestos de no renovación por parte de los propietarios. El PNV ha anunciado que votará en contra y, con la distribución de apoyos conocida, la norma no reúne los votos necesarios para salir adelante. La sesión del jueves permitirá comprobar qué medidas consiguen respaldo parlamentario después del bloqueo que precipitó las elecciones. También dejará a los partidos ante decisiones concretas sobre una de las principales preocupaciones sociales a pocas horas de iniciar la campaña.
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