El PNV allanará la aprobación del decreto de vivienda a las puertas de la huelga y el arranque de la campaña

Semana clave para el devenir de una campaña que devolverá la vivienda al epicentro de la conversación pública. El próximo jueves, un día después de la huelga general y a 24 horas del arranque oficial de la carrera electoral, el Gobierno afrontará una votación decisiva para sus políticas de vivienda con un respaldo que será determinante. La Diputación Permanente del Congreso votará los dos decretos que propiciaron el adelanto el pasado mes de octubre y algunas de las incógnitas van despejándose. El Partido Nacionalista Vasco (PNV) mantendrá su voto favorable al primero de ellos, según ha adelantado El Mundo a través de fuentes de la formación, lo que acerca la convalidación de la normativa.

La cita parlamentaria llega en un momento especialmente delicado para el PSOE. El Ejecutivo de Pedro Sánchez aspira a llegar al jueves con una parte de sus principales medidas sociales respaldadas por el Congreso, a expensas del apoyo de las calles en la huelga del 11-N, aunque no conseguirá convertir todo el paquete legislativo si todos los grupos representados en el órgano mantienen sus posiciones actuales. Por el momento, los socialistas tienen garantizado el respaldo de los nacionalistas vascos. Un apoyo que no es nuevo, pues su portavoz en la Cámara Baja, Maribel Vaquero, anunció el pasado 6 de octubre que respaldarían el primero de los textos recuperados por el Consejo de Ministros.

Los conservadores vascos entienden que el texto contiene avances para proteger a los inquilinos sin desatender a los pequeños propietarios, una de las principales demandas del PNV en la negociación con el Gobierno. Entre sus principales medidas figuran la regulación de los alquileres de temporada, las restricciones a la compra especulativa de viviendas por parte de grandes fondos de inversión y la ampliación de la protección frente a los desahucios de personas vulnerables. La formación también valora positivamente las garantías previstas para aquellos propietarios con dos o menos viviendas. Sin embargo, mantiene que la normativa es insuficiente para resolver un problema que exige – a su juicio – aumentar la oferta de vivienda y desarrollar políticas más amplias. De hecho, tanto en público como en privado, y pese a dar luz verde al decreto, se han referido a él como un “parche”.

El escenario cambia con el segundo de los decretos, impulsado por Sumar, que plantea la prórroga automática de los contratos de alquiler y dota de mayores garantías de permanencia a los arrendatarios. El PNV volverá a votar en contra al considerar tales medidas perjudiciales para los pequeños propietarios e incluso alertan de una posible retirada de inmuebles del mercado del alquiler como consecuencia de estas iniciativas. La diferencia de posturas refleja una de las principales dificultades del Gobierno para construir mayorías parlamentarias durante la presente legislatura. Especialmente en lo relativo a la vivienda. Los nacionalistas vascos están dispuestos a acompañar determinadas políticas de inversión pública, pero rechaza aquellas que trasladan obligaciones excesivas a particulares, según su modo de ver.

Mayoría ajustada, pero sin gran influencia de Junts

La convalidación se decidirá en un escenario diferente al Pleno del pasado mes de octubre. Será en la Diputación Permanente, el órgano que mantiene determinadas funciones parlamentarias en tiempos de Cortes disueltas. Su composición ofrece al Gobierno una aritmética más favorable que en una sesión ordinaria. Y es que el primero de los decretos podría salir adelante por 35 votos frente a 34, siempre y cuando se mantengan los apoyos anunciados. PSOE, Sumar, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), EH Bildu, PNV y Podemos concentrarían los ‘síes’ en la votación; mientras que Partido Popular, Vox y Junts pondrían sobre la mesa el rechazo a los textos.

La Diputación Permanente cuenta con 69 integrantes, incluida la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol. Por lo tanto, el reparto de fuerzas permite que los socialistas dispongan de 25 votos, frente a los 27 del PP, los seis de Vox y uno de Junts per Catalunya. El órgano lo componen otros seis miembros de Sumar, ERC, PNV, EH Bildu y el Grupo Mixto (Podemos), con un representante cada uno de ellos. La diferencia es mínima, pero suficiente para que el Gobierno no esté atado a los siete escaños habituales de los de Nogueras para salvar el primer decreto. Los independentistas catalanes contribuyeron al rechazo a las medidas anteriores con populares y ultraderechistas. El recorrido del segundo, en cambio, es mucho menor, teniendo en cuenta el anunciado ‘no’ de los nacionalistas vascos.

La vivienda vuelve al centro de la campaña

El calendario concede una importancia política añadida a la votación. El 11 de noviembre está convocada una huelga general por la vivienda. Una movilización histórica que pretende situar el precio de los alquileres y las dificultades en el acceso a la vivienda entre las principales preocupaciones de una campaña electoral que echa a rodar de manera oficial dos días después. Será 24 horas después de la movilización cuando la Diputación Permanente decida qué parte de las medidas continúa vigente y cuál no.

Una votación que, además, llega después de una semana marcada por las consecuencias del accidente ferroviario de Urda (Toledo), que dejó 69 fallecidos y precipitó la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente. Pedro Sánchez encargó al vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, la gestión transitoria del departamento, sin designar un nuevo ocupante ante la proximidad de las elecciones. Ante ello, el PSOE ha tratado de presentar la renuncia del ex alcalde de Valladolid como un ejercicio de “ejemplaridad” y “responsabilidad política” para confrontar con el modelo de un Partido Popular que permitió la continuidad de Carlos Mazón al frente de la Generalitat durante un año tras la DANA.