El pasado mes de junio, el magistrado del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, decidió prolongar la investigación de la caja B del Partido Popular hasta agosto del año 2020. Una actuación que provocó la reacción inmediata de la defensa del PP y, al mismo tiempo, de la Fiscalía Anticorrupción, que se opusieron frontalmente a esa decisión. De hecho, el recurso del Ministerio Fiscal consiguió que la Sala de lo Penal acortase el plazo hasta el 31 de diciembre de 2019, aunque en esencia dio la razón a De la Mata en sus argumentos.
Ahora, ElPlural.com ha tenido acceso a la respuesta de De la Mata en la que da un rapapolvo a ambos recursos, recuerda a ambos que es él “en exclusiva” quien decide cuando se cierra la causa y acusa veladamente al fiscal, Antonio Romeral, de torpedear la investigación.
El durísimo auto, con una extensión de 9 páginas, echa por tierra los argumentos de la defensa del PP y del fiscal. El juez explica que su decisión no se ampara en el artículo 324.1 ni en el 324.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que marca un límite de 18 meses para la instrucción, como alegaban en sus recursos, sino en el 324.4 que le legitima para poner un “plazo máximo” para la instrucción basándose “exclusivamente, con la existencia de razones que lo justifiquen”.
De la Mata pone como argumento, y acusa al PP y al fiscal de tener “perfecto conocimiento” de ello, el hecho de que “todavía existían diligencias solicitadas por una de las partes”. Y recuerda que, “si existen en el procedimiento diligencias de investigación pendientes de evaluación, es exclusivamente porque el fiscal no ha evacuado el trámite que le fue solicitado el día 28 de mayo”. Y añade que “se da la casualidad” de que el fiscal también se ha opuesto a prorrogar la investigación hasta 2020 “sin emitir el informe que le fue solicitado”.
“Esto ha provocado la paradójica y extraña situación de que la Fiscalía se opone a la prórroga de la instrucción de la pieza separada, pero no informa sobre las propuestas de diligencias de investigación solicitadas por la acusación popular”, añade el juez De la Mata.
Y va más allá, al señalar que “esta actitud procesal” del fiscal Romeral, “de hecho, habría imposibilitado definitivamente la adopción de una decisión judicial sobre la necesidad y pertinencia de estas diligencias de no ser porque, dentro del plazo legal, se ha acordado la fijación de un plazo máximo adicional para finalizar la instrucción”. Es decir, que el plazo marcado por el juez ayuda a esquivar el bloqueo de las diligencias que habría provocado el fiscal.
El juez incluso se burla del argumento de la defensa del PP de que la causa “no es compleja” y por tanto no se puede prorrogar. Algo que “puede admitirse en términos de defensa, pero es algo tan evidente que, por razones de pura notoriedad, exime de la necesidad de justificación”.
De la Mata insiste en que su decisión es marcar una fecha límite y que, si no se ha declarado la complejidad de la causa o una prórroga es porque “el Fiscal, único legitimado para solicitarlo, no lo hizo en ningún momento de la vida de este proceso”. Pero deja claro que “es el Instructor, en exclusiva, quien tiene la responsabilidad de concluir la instrucción. Y lo hace cuando entienda que ha cumplido su finalidad”.
Operación Kitchen
El auto de De la Mata tiene fecha del 29 de junio, pero no se había hecho público hasta ahora. Sin embargo, con perspectiva tiene aún más relevancia y deja en evidencia que la decisión del juez fue correcta, frente a los intentos del fiscal y de la defensa del PP de cerrar la investigación.
Tras las revelaciones de los últimos días sobre la Operación Kitchen, montada por Interior durante el Gobierno de Mariano Rajoy para espiar a Luis Bárcenas y robarle documentación sensible para el Partido Popular, el magistrado ha ordenado al Ministerio que le remita toda la documentación sobre estos seguimientos en los que participó el comisario Villarejo.