Tras más de un mes de dimes y diretes, el Gobierno ha arrancado de cuajo el quiste en el que se había convertido la tensión creciente entre María Jesús Montero y Yolanda Díaz. El choque entre las dos vicepresidentas incrementaba el desasosiego en el Complejo de La Moncloa, en un momento delicado para el Ejecutivo, que acumula frentes abiertos con sus socios de coalición y también con el bloque de la investidura. La tributación del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) era una trinchera más en este arranque de 2025, que a su vez enardecía a una oposición ávida por aprovechar cualquier resquicio para debilitar la administración de Pedro Sánchez. No exento de retórica épica, la ministra de Hacienda y la de Trabajo han firmado por fin el tratado de paz por el gravamen al salario mínimo y esquivan una guerra que, a primera hora de este viernes, parecía inminente.
María Jesús Montero lanzó el primer órdago a principios de año. El Ministerio de Hacienda proponía por primera vez que los preceptores del SMI pagasen el IRPF en 2025. Una maniobra que abrió la veda a toda la lucha que ha precedido a este tratado de paz que este viernes han firmado con el departamento de Yolanda Díaz. Desde entonces, tanto Sumar como el resto de los aliados del bloque de la investidura plantearon batalla al ala socialista del Ejecutivo, que cerró filas con la mano derecha de Pedro Sánchez. Incluso el Partido Popular se ofreció como cooperador necesario de los magentas cuando éstos registraron una proposición de ley para impedir el gravamen al salario mínimo. En paralelo, los conservadores hicieron lo propio con otra iniciativa para confrontar al PSOE, de la misma manera que se movió Podemos, aunque con redacciones totalmente diferentes.
Puentes reconstruidos
Así las cosas, pese a presentar su propia iniciativa, desde los satélites de Génova se filtraba la posibilidad de que los miembros populares de la Mesa del Congreso unieran sus votos a los del Grupo Plurinacional para esquivar el veto del Gobierno a la propuesta de los magentas y, así, facilitar una votación en el Congreso que proyectase la imagen de un Ejecutivo totalmente dividido y en manos del Partido Popular. Un escenario más que factible. Al menos hasta que Hacienda y Trabajo, tras meses de reproches entremezclados con abrazos escenificados como el de Díaz y Montero, enterraron el hacha de guerra y se pusieron a negociar.
Los equipos negociadores se arremangaron este mismo martes, retomando unas conversaciones que se asumían muertas. La relación entre sendos departamentos seguía tocada. Aun con todo, ambas partes apostaron fuerte por el acuerdo. Desde Sumar nunca han ocultado su optimismo al respecto. Daban por hecho que Hacienda entraría en razón para evitar el choque parlamentario, aunque desde el entorno de María Jesús Montero se aireaba la vía de recurrir al Tribunal Constitucional para bloquear el avance de la iniciativa parlamentaria de los magentas, puesto que, una vez aprobadas con los votos del PP, los socialistas reducirían su margen de maniobra para tumbarla.
Advertencias al margen, durante estos cuatro días con el taxímetro en marcha -el plazo para presentar el veto del Gobierno concluía este mismo viernes a las 18:00 horas-, Trabajo y Hacienda regresaron a la mesa de negociación para salvar este match ball. Las informaciones trascendían con cuentagotas, bajo la máxima socialista de encapsularlas entre las gruesas paredes de la prudencia y posterior “transparencia en los acuerdos”. Mantra que, por otro lado, ha guiado al Ejecutivo hacia acuerdos sustanciales y cruciales para una legislatura que camina sobre el filo de la navaja.
24 horas de infarto…
Así se llegaba a este jueves. A menos de 24 horas para que caducase el plazo para el veto gubernamental, con la amenaza de Montero de recurrir a él en caso de que no cristalizara el acuerdo, todas las señales conducían a un final feliz para el Ejecutivo. Fuentes próximas a la negociación destacaban en la tarde de dicha jornada que el pacto estaba a punto, terminando prácticamente su cocción. Le faltaba tan sólo un golpe de calor en forma de cuestiones técnicas. Detalles de forma o flecos que no terminaban de concretarse. Pero, en cualquier caso, era cuestión de horas. Habría armisticio entre los ministerios y, por tanto, exención para los trabajadores que cobran el SMI para este ejercicio de 2025.
Pero las crónicas cambiaron a primera hora de este viernes, cuando las primeras informaciones apuntaban un nuevo giro de guion. La propia Yolanda Díaz corroboraba esos rumores matutinos. Lo hacía ante las cámaras de La Mirada Crítica, espacio de TeleCinco presentado por Ana Terradillos. La vicepresidenta segunda del Gobierno señalaba a su compañera de gabinete y la acusaba de activar el botón nuclear para derribar todos los puentes que se habían reconstruido entre los departamentos. “Hacienda se ha levantado de la mesa”, proclamaba la cabeza visible de los magentas en el Consejo de Ministros, invocando a la guerra fratricida en la Carrera de San Jerónimo.
Según la retórica de Sumar, Hacienda abandonó las conversaciones de manera unilateral en torno a las 22:00 horas de la noche del jueves, cuando “aún se estaba negociando”. Es decir, responsabilizó directamente a Montero de “dar la instrucción de romper las negociaciones”, sugiriendo que la ministra de Hacienda considera que el SMI “es muy elevado”. Por ello, desplegó toda su artillería discursiva sobre la vicepresidenta primera, deslizando que “cuando una formación veta una iniciativa”, es que “ha perdido”. Máxime, continuó, cuando “todo el arco parlamentario” -o casi todo, mejor dicho- coincide en que los perceptores del SMI no deben de tributar el IRPF.
Entre medias, voces monclovitas próximas a la ministra Montero, suavizaban la declaración de guerra de Yolanda Díaz. Estas mismas fuentes consultadas por ElPlural.com, rebajaban el conflicto a un mero contraste de posturas. O “alejamiento”, como sugerían literalmente. Defendían que, al contrario de lo verbalizado por la vicepresidenta segunda, asumían el “compromiso” de garantizar que el SMI alcanzara el 60% del salario medio neto. Lo que supone, por cierto, una recomendación comunitaria. Por su parte, los magentas acusaban al PSOE de negarse a ello.
…hasta la fumata blanca
El intercambio de golpes a escasas horas del la hora H sonaban como tambores de guerra. Pero, de nuevo, en otro inesperado giro de guion, llegó la sorpresa final. Prácticamente una hora después de que Díaz acusara directamente a Montero de torpedear la negociación, como si aquello hubiera ocurrido semanas atrás, Hacienda y Trabajo limaron asperezas in extremis. Encontraron un punto de apoyo sobre el que equilibrar sus propuestas y contentar a ambas partes. Había fumata blanca.
Según corroboraron a este periódico voces próximas a la negociación, el entendimiento ha llegado a través de la introducción de una deducción en la cuota del IRPF que permitiría a los asalariados que cobren el SMI o menos no tributar tal gravamen. Es decir, un mecanismo para deducir la “cantidad exacta, equivalente, a lo que ese trabajador concreto hubiera tenido que pagar con motivo de la renta”. Así lo explicaba horas después, en su primera comparecencia pública tras la cuasi crisis interna, la ministra de Hacienda y vicepresidenta primera del Gobierno, que aprovechaba para acotar que tan sólo afectará a un 20% de los perceptores del sueldo mínimo.
Así las cosas y en paralelo, el Gobierno aprovechaba la mañana, mientras Díaz escenificaba su enfado en los medios de comunicación, para tumbar dos de las tres iniciativas vivas en la Mesa del Congreso de los Diputados. A primera hora de este viernes, el Ejecutivo transmitía el veto gubernamental al órgano de gobierno de la Cámara Baja. Concretamente lo ha hecho con las proposiciones de ley de PP y de Podemos, sin pronunciarse sobre la de Sumar. Y es que, como acto de buena voluntad que corone el tratado de paz, se prevé que sean los propios magentas los que retiren motu proprio el texto en detrimento de otro con lo acordado con Hacienda; poniendo así fin a una guerra de casi tres meses en el seno de la coalición.