La Guardia Civil se personó este miércoles por la noche en una casa rural de Madrid en la que se encontraba Alvise Pérez para identificarlo. El eurodiputado y líder de Se Acabó la Fiesta, no obstante, denuncia que intentaron detenerle “ilegalmente”, algo que niegan fuentes de la Benemérita a El Independiente.

Según estas voces del cuerpo, la identificación se produjo de acuerdo a una orden del juzgado de instrucción número 4 de León, donde hay interpuesta una querella contra el eurodiputado por calumnias. No obstante, el dirigente, que se encontraba en ese momento junto a su abogado, indicó a los cinco agentes desplegados que no podían realizar esta identificación ya que por su condición de eurodiputado esa orden solo tenía validez llegando del Tribunal Supremo. Cabe destacar que el ahora político se encuentra aforado, lo que conllevó que los agentes se marcharan del lugar sin realizar más actuaciones ni llegar a detenerlo en ningún momento.

Los hechos, según el medio previamente mencionado, ocurrieron cerca de la medianoche, a las 23.00 horas, cuando los agentes acudieron al lugar en el que se encontraba el agitador ultra para requerirle su DNI e identificarle en virtud de la querella en su contra de los juzgados de instrucción de León. En primera instancia acudieron dos agentes, pero después de que el abogado de Alvise mencionase la condición de aforado, el número se incrementó hasta cinco agentes.

Esta es la versión de la Benemérita. Como siempre, utilizando sus propios canales en redes sociales, el propio Alvise subió un vídeo explicando su versión de lo sucedido poco después.

El eurodiputado siguió su ya habitual estrategia, presentándose poco menos que como una víctima del sistema indicando que algo así no había pasado “nunca en democracia”. Asimismo, ha advertido de que presentará una querella por prevaricación contra el juez de León que ha dado la orden desde una región que “curiosamente, está gobernada por el PSOE” (aunque en realidad en Castilla y León gobierna el PP) y otra demanda contra asuntos internos “para que investigue esta barbaridad”.

“Es una orden ilegal al ser yo eurodiputado, y ocurre además 48 horas después de la filtración de los informes de la UCO contra la trama criminal que iniciamos nosotros e implica ya más de una veintena de cargos del gobierno imputados por presuntos delitos graves de corrupción (…) Esto no se había visto en los últimos 50 años en España. España ya es Venezuela”, emitía.

Estos últimos acontecimientos llegan después de las noticias que comprometían a Alvise Pérez tras quedar demostrado que el líder de SALF había recibido 100.000 euros en metálico durante la campaña de las elecciones europeas, según aseguró en un escrito enviado a la Fiscalía General del Estado el fundador de Madeira Invest Club (MIC) y recogían varios medios de comunicación tras la exclusiva publicada por elDiario.es.

La oficina fue apadrinada por el ahora eurodiputado y cerró de manera sorpresiva días atrás de saltar la noticia mientras que la Fiscalía del Tribunal Supremo decidió investigar estos hechos y analizar si en ellos aparece alguna actuación delictiva.

De igual manera, los afectados por la caída de la compañía de criptomonedas enviaron varias denuncias a la Audiencia Nacional contra los responsables de la empresa por delitos de estafa, apropiación indebida, organización criminal, falsedad en documento mercantil o blanqueo.