El Gobierno reniega de ofrecer detalles sobre uno de los contratos de balas israelís

La compra de material armamentístico israelí vuelve a estar de actualidad en España. Ha pasado mucho tiempo desde que el Gobierno de coalición anunciase que suspendería la realización de este tipo de contratos con el Estado genocida, pero todavía quedan dudas sobre alguna de las operaciones que fueron aflorando en los medios de comunicación. Entre tantas, destacan las 15 millones de balas adquiridas por un valor estimado de 6,8 millones a la empresa israelí IMI Systems LTD, representada en España por la empresa Guardian Homeland Security S.A.

Por aquel entonces, el Ejecutivo dudaba si cumplir su compromiso o seguir adelante con el contrato, dado que la Abogacía del Estado apuntaba que el país podría tener que hacer frente a una considerable multa por no dar cumplimento al contrato suscrito con la compañía israelí. La polémico pivotó en torno al informe de la Abogacía, esgrimido por el Ministerio de Interior para no suspender un contrato que finalmente sí se anuló. De aquel documentó no trascendió su contenido completo, pese a que fue solicitados por diferentes entidades.

Uno de los solicitantes del informe, el periódico infoLibre, acudió a los canales oficiales para conocer los pormenores, pero se encontró con el portazo del Gobierno. "La asistencia jurídica letrada que se presta por la Abogacía General del Estado es una forma de ejercicio de la abogacía equivalente" a la prestada por cualquier otro abogado y, en consecuencia, explicaba el propio organismo, se debe respetar la “garantía de confidencialidad de las comunicaciones y secreto profesional".

Una respuesta que no dejó satisfecho al medio, que decidió recurrir Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG). Este órgano fue claro al dictaminar que la información revestía “un indudable interés público” y tumbar la justificación del Ejecutivo, apuntando que "del acceso al mismo no cabe derivar una afectación al derecho a la igualdad de las partes y a la tutela judicial efectiva de la Administración".

"Dada la inexistencia de un proceso judicial o una controversia sobre la rescisión del contrato a la que se refiere el informe, no cabe asumir que resulte de aplicación la regulación de la confidencialidad en las comunicaciones e informaciones entre abogado y cliente", ahondaba el CTBG. Pues bien, lejos de facilitar el informe, el Ejecutivo ha recurrido la decisión, tal y como ha explicado el medio, y será la Justicia quien finalmente decidirá. Concretamente será la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional la que falle.

La polémica por las relaciones comerciales con el Estado genocida vuelve así a estar de actualidad. En el momento de la revelación del contrato, los socios del Gobierno protagonizaron una de sus pugnas por la compra de material armamentístico a Israel, triunfando finalmente la tesis de suspender el contrato, aunque esto pudiese llegar a derivar en repercusiones económicas. La otra parte se apoyaba en el informe de la Abogacía del Estado que, si la Audiencia Nacional así lo considera, podrá ser conocido por el conjunto de la población.