La defensa de la sanidad pública era una asignatura pendiente que quedaba de la anterior legislatura del Gobierno de coalición. Este martes, el Ejecutivo ha resuelto la tarea con la aprobación de La Ley de Universalidad y el avance hacia las gafas y el dentista gratuitos, poniendo ahora el foco en la ley de privatización de José María Aznar. "Es un hito para recuperar parte del orgullo que perdimos en el año 2012”, ha celebrado la ministra de Sanidad, Mónica García, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que ha asumido la decisión.
“Queremos garantizar el acceso universal y desterrar para siempre esa exclusión sanitaria del Partido Popular (PP), cerrando esa herida” ha continuado desgranando la líder de Más Madrid, poniendo en valor que “el Gobierno presume de la universalidad como una herramienta para tener sociedades más cohesionadas, justa y eficientes”. Dentro de la nueva norma ha anunciado la ampliación cartera de servicios “para evitar nuevos copagos”. Entre tanto, se incluye en su interior a la salud pública y otra formulación para la rehabilitación, que en el anterior redactado excluía a las personas que tuvieran un déficit funcional recuperable.
En lo que afecta a la salud mental, dentro de la estrategia nacional se ha aprobado el traspaso de fondos a las comunidades autónomas (CCAA) de 38,5 millones de euros que “vienen a reforzar el compromiso del Gobierno con la salud mental, el Plan de Salud Mental 2022-2024 para que las CCAA puedan poner acciones y medidas que vayan en la mejora de la salud mental de la población”, ha desgranado la titular de la cartera sanitaria.
Gafas y dentista gratuito
“Queremos meter en la cartera de servicios las gafas y las lentillas porque no acabamos de entender por qué el Sistema de Salud deja de abarcar sitios como pueden ser la salud bucodental o la visual”, ha explicado la ministra. Para acometer esta reforma, que sería histórica en materia sanitaria, García ha anunciado que se han fechado reuniones con ópticos optometristas, “que ya tienen algunas propuestas que se han trabajado desde hace tiempo”.
La inclusión de estas dos variables en la cartera de servicios será progresiva, beneficiando en primer lugar a los que más necesitan esta atención y menor acceso por motivos económicos tienen. “Nuestra intención es que para el año 2025 se incluya esta prestación fundamental, sobre todo, en aquellas familias para las que supone un gasto que desbarajusta su economía”, ha adelantado. "No puede ser que el sistema de salud visual o bucodental no esté incluido en el Sistema Nacional de Salud”, ha zanjado.
Fin a la ley Aznar
Otro de los grandes anuncios realizados por García esta semana es la derogación de la ley aprobada por José María Aznar y que permitía la privatización del servicio público. Para ello, este lunes ha sacado a consulta pública la Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud “que va a poner coto a este lucro incesante que han ido abonando las diferentes formas de gestión de nuestra sanidad”, ha explicado la ministra, asegurando que esta “será un carpetazo a la ley 15/1997 que abría la puerta a modalidades que han deteriorado nuestro sistema nacional de salud”.
“Estamos firmemente comprometidos en defender nuestra sanidad y, por supuesto, en evitar que se venda siempre al peor postor”, ha explicado a través de sus redes sociales. La lideresa de Más Madrid ha querido apoyarse en la “evidencia científica”, apuntando que esta “nos ha demostrado que no ha salido de esas nuevas fórmulas de gestión mejoras, sino beneficios obscenos de algunas empresas, mientras se detraía nuestro sistema nacional de salud”. “La entrada de las empresas privadas en la gestión de la sanidad pública ha sido una constante en aumento en las últimas décadas, con precios inflados, creación de redes paralelas de asistencia o similares”, ha lamentado.
Para combatir esta situación, el anteproyecto de ley que se abre ahora a consulta “pretende limitar la gestión de los servicios sanitarios públicos por parte de entes empresariales privados, anteponiendo la gestión pública”. Además, asegura que dará instrumentos a las administraciones regionales para su despliegue. “Va a facilitar a las comunidades autónomas la reversión de la gestión privada de servicios sanitarios públicos existentes, así como mejorar sus procedimientos de auditoría y rendición de cuentas”, ha explicado. El objetivo principal es “garantizar la integridad de nuestro Sistema Nacional de Salud, tantas veces amenazado por la corrupción institucional, tantas veces privatizado y vendido al peor postor de manera impune”.