El Gobierno de España, expresamente, el Ministerio del Interior, ha llegado este lunes a un acuerdo con la agencia europea de fronteras (Frontex) para llevar a cabo los planes operativos conjuntos que abordan la inmigración irregular este 2024 teniendo, así, dos frentes pendientes: una denominada 'Índalo', que cubre el Mediterráneo occidental, y otra que afecta a Canarias.

Según han apuntado fuentes de la cartera ministerial dirigida por Fernando Grande-Marlaska, continúa la colaboración con la agencia europea con la que se "mantiene desde hace años una estrecha cooperación en materia de inmigración irregular".

Sendos acuerdos llegan después de que el pasado jueves el ministro del Interior achacara en Bruselas a cuestiones "técnicas" las diferencias con Frontex que tenían hasta ahora en suspenso estas operaciones conjuntas para la gestión migratoria en el Mediterráneo y Canarias. Tal y como expresó entonces, la nueva normativa europea sobre protección de datos que Frontex debe trasladar a sus operaciones desde el pasado 18 de enero, era la raíz de las diferencias porque deben adaptarse las propuestas iniciales sobre los planes operativos, por lo que se trataba una cuestión "técnica, no operativa", aclaró el ministro.

La actividad de la agencia de fronteras se reactivará esta misma noche del lunes después de cinco días en suspensión, teniendo en cuenta que disponen de barcos, aviones y unos 300 agentes desplegados por toda España para efectuar sus funciones. Pese a que la primera fecha para alcanzar un acuerdo fue el pasado martes, el Gobierno se negó a “perder la titularidad y responsabilidad” de los datos personales de los inmigrantes que llegan a suelo español, según recoge ‘El País’.

La paralización de la colaboración entre España con Frontex ha tenido consecuencias humanitarias, ya que han llegado a territorio nacional unas 2.500 personas de manera irregular. No obstante, nuestro país no era el único de la eurozona que seguía sin firmar su operativo para este año sino que, de un día para otro, quedaron suspendidas todas sus actuaciones de Frontex tanto en el Mediterráneo como en Canarias.

Tratamiento de los datos, el principal obstáculo antes del acuerdo

En nuestro país, Frontex opera anualmente sobre tres operaciones en colaboración con el Gobienro central. La referente a la Península y Baleares, sobre la cual afecta al Mediterráneo; en segundo lugar, la de Canarias, destino al que llega un buen número de inmigrantes procedentes de África Occidental; y, por último, la que tiene lugar en el Paso del Estrecho.

En este plan conjunto, se refula todos los detalles de las actividades a llevar a cabo, en las que se incluyen las tareas de los oficiales, los objetivos de cada operación, los medios desplegados para llevarlas a cabo y, por ende, la financiación. 

Como se ha mencionado en líneas anteriores, el principal obstáculos del acuerdo de este año se ha centrado en el tratamiento de los datos personales de todas aquellas personas que llegan a suelo español por estos métodos. Cuando llega a puerto una patera, la Policía Nacional es la encargada, a la par de Frontez, de entrevistar a todos los ocupantes individualmente.

El plan operativo aclara quién debe velar por el control de esos datos y el uso que se hace los mismos, siendo España la parte que más ha peleado por hacerse con esta información. No obstante, no hay que confundir un pequeño, pero más que relevante, detalle: no es igual la información obtenida a través de una entrevista que la que se realiza con la intención de determinar si la persona ha cometido un delito transfronterizo. Es este último apunte el que estudiará con aún mayor detalle el Gobierno, decidiendo así con qué medios la comparte; mientras, el resto de los datos, los más esenciales, serán compartidos y controlados por ambas partes.