El Gobierno cumplirá con la orden del Tribunal Supremo, y entregará este miércoles la lista de los 163.020 nacionalizados a través de la ‘ley de nietos’. El Alto Tribunal dio a los ministerios de Exteriores y Justicia cinco días de plazo, advirtiendo a sus titulares, José Manuel Albares y Félix Bolaños, respectivamente, de una “responsabilidad penal” si hacían caso omiso. Los departamentos cumplirán para que se inicie el proceso de retirar a estas personas del censo electoral de cara a las generales del próximo 29 de noviembre.
Estas personas, descendientes de exiliados durante el franquismo que se acogieron a la instrucción -la conocida como ‘ley de nietos’- sobre la Ley de Memoria Democrática para obtener la nacionalidad española y, por tanto, el derecho a voto; solo podrán ejercerlo si han acreditado en su consulado la persecución de la dictadura a sus ascendientes.
Los departamentos diplomáticos han revisado a contrarreloj los 163.020 expedientes, después de que el Supremo suspendiera cautelarmente el derecho a sufragio de estos españoles a petición de las formaciones de extrema derecha Vox y Iustitia Europa.
Y, ¿ahora qué?
Una vez que Exteriores y Justicia hayan entregado la lista al Supremo, algo que, confirman, harán este miércoles; comenzará el proceso para rediseñar el censo de electores residentes ausentes (CERA), la lista completa de españoles en el exterior con derecho a voto. Esto le corresponde a la Oficina del Censo Electoral (OCE), dependiente del Instituto Nacional de Estadística (INE).
La cuestión está en que, a pesar de la suspensión, el OCE enviará la documentación electoral a todos los registrados en el CERA, ya que la decisión del Supremo es cautelar y todavía no hay sentencia. En el caso de las 163.020 personas con expediente abierto, entre esos papeles incluirán una “advertencia expresa”, en la que se requerirá el certificado del consulado que acredite que cumplen las condiciones para votar.
¿Cuántos podrán votar el 29N?
En total, según Exteriores, hay en torno a 1.000 casos que sí podrán votar el 29N. Cabe destacar que no todos los nacionalizados con la ‘ley de nietos’ están en este limbo. La Ley de Memoria Democrática -y la instrucción para aplicar la disposición que contempla el derecho a nacionalidad de los descendientes de exiliados- entró en vigor en 2022, y no ha sido hasta este año cuando el PP y Vox han sacado el argumento de los censos inflados para atacar al Gobierno, que ha desembocado en la decisión del Supremo. Esto quiere decir que, desde entonces, muchos de ellos han podido fallecer o mudarse a España, por lo que estarían fuera del censo o en el de los votantes en el interior.
En total, y según las fuentes que publica Eldiario.es, Justicia ha localizado 76.600 expedientes de nacionalizados por la ‘ley de nietos’ que estaban digitalizados, de los cuales solo la mitad figuran en el CERA, unos 38.000. El resto pueden estar en esos dos supuestos, que impediría retirarles el derecho a voto, o ser menores de edad, dice el Ministerio de Bolaños. También hay un grupo, aún no identificado en número, que a pesar de haber obtenido la nacionalidad puede no haberse registrado en el censo, por lo que tampoco podrían votar en las elecciones. Para ello, debían haberse inscrito en el Registro de Matrícula Consular.
“Una parte muy considerable de quienes acceden a la nacionalidad española por esta vía lo hace por motivos vinculados a la reparación histórica, la identidad familiar o el vínculo afectivo con España, sin llegar a formalizar dicha inscripción consular”, explican desde el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE), del Ministerio de Inclusión.
El Gobierno y una jueza advirtieron del peligro
El Gobierno acatará la orden del Supremo, que amenazó a Bolaños y Albares con una multa o, incluso, “responsabilidad penal” si no la hacían antes de este miércoles. Aún así, desde Moncloa llevan desde que se conoció la decisión del tribunal, a principios de octubre, advirtiendo de las “dificultades” de aplicarla, más aún teniendo en cuenta que, poco después, Pedro Sánchez convocó una cita electoral que obligó a agilizar el proceso.
Esto es lo mismo que argumentaba la jueza María Alicia Millán, la única de la Sala de lo Contencioso del Supremo que emitió un voto particular contrario a la suspensión cautelar del derecho a voto de las 163.020 personas. La magistrada alertó de que las elecciones del 29N pueden “convertir en irreversible” la discriminación a estos españoles -que, guste o no, tienen los mismos derechos que el resto- por “la eventual lesión del derecho de sufragio”, y que su convocatoria introdujo “un elemento nuevo y decisivo”.
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