A punto de llegar al que iba a ser su final, pues esta iniciativa iba a dejar de ofrecerse a partir del 31 de diciembre, el Gobierno de España y EH Bildu salvan este proyecto que ha supuesto durante este tiempo un alivio para numerosos hogares vulnerables. El acuerdo alcanzado por el Ejecutivo nacional y la formación política vasca permitirá que el escudo social se prorrogue durante el 2026.
Así lo comunicaban desde Bildu este lunes, celebrando que se "ha logrado" mantener esta medida, de la que subrayan, sobre todo, permitirá mantener la prohibición de desahucios para personas vulnerables sin alternativa habitacional, la prohibición de los cortes de suministros básicos y el mantenimiento del bono social eléctrico.
De esta manera, los vascos han destacado que este acuerdo alcanzado, "tras las intensas negociaciones de las últimas semanas", hará que se siga "aportando una protección aún muy necesaria en el difícil contexto económico y social por el que atraviesan miles de personas".
El escudo social, así protege a los ciudadanos
El llamado escudo social es el conjunto de medidas económicas y sociales que el Gobierno de España puso en marcha desde 2020 para amortiguar el impacto de sucesivas crisis sobre la población más vulnerable. Nacido por los estragos que causó la pandemia de la COVID-19, el escudo social se amplió posteriormente para hacer frente a la escalada de precios provocada por la recuperación económica, la inflación y la guerra en Ucrania.
Lejos de ser una única norma, el escudo social funciona como un paquete dinámico de políticas públicas, aprobado y que se ha venido prorrogando, con el objetivo de proteger el empleo, garantizar ingresos mínimos, evitar la pérdida de la vivienda y contener el coste de los servicios básicos. Así, el objetivo que persiguen es claro, que las crisis no recaigan de forma desproporcionada sobre quienes tienen menos capacidad económica.
Uno de sus pilares ha sido la protección del empleo, con instrumentos como los ERTE, que permitieron a millones de trabajadores conservar su puesto mientras las empresas reducían o suspendían temporalmente la actividad. A ello se sumaron ayudas extraordinarias a autónomos y exoneraciones de cotizaciones sociales.
En el ámbito de los ingresos, el escudo social consolidó el Ingreso Mínimo Vital, diseñado para garantizar un umbral mínimo de renta a los hogares en situación de pobreza, y reforzó el poder adquisitivo mediante subidas del salario mínimo y la revalorización de las pensiones conforme al IPC.
La vivienda ha sido otro frente clave, con la suspensión de desahucios para familias vulnerables, la prórroga obligatoria de contratos de alquiler y límites temporales a las subidas en zonas tensionadas. Paralelamente, se adoptaron medidas para reducir el impacto del encarecimiento de la energía, como el refuerzo del bono social eléctrico y rebajas fiscales en la factura de luz y gas.
Aunque algunas de estas medidas tienen carácter temporal, el Gobierno ha venido defendiendo que el escudo social ha servido para contener la desigualdad y evitar un aumento masivo de la pobreza en un contexto económico adverso. De esta manera, se ha convertido en uno de los ejes centrales de la política económica y social en España en los últimos años, marcando un cambio en la forma de afrontar las crisis desde el sector público.