Las dificultades que viene hallando en el Congreso de los Diputados el Gobierno de coalición conformado por PSOE y Sumar han derivado en que hayan sido distintos los proyectos que el Ejecutivo nacional ha visto escaparse en los últimos meses. Algunas votaciones han sido golpes duros para algunas de las líneas de trabajo a las que se dan más importancia desde Moncloa y los ministerios, como fue, por ejemplo, el no otorgado a la reducción de la jornada laboral. El hecho de encontrar en los últimos años una cámara parlamentaria en la que cada vez cobran peso un mayor número de partidos políticos está tornando como elementos indispensables al diálogo y la negociación para sacar adelante medidas, de ahí que la reciente ruptura de Junts con el Ejecutivo se convierta en un elemento de tensión para la puesta en marcha de nuevas normativas.
Ante las derrotas vividas en distintas votaciones, Pedro Sánchez pidió a sus ministros a finales de 2025 que estudiaran diferentes proyectos, dos o tres a cada uno de ellos, que pudieran ser aprobados sin la necesidad de contar con el apoyo mayoritario del Congreso de los Diputados. Es decir, que se pudieran sacar adelante con rapidez sin necesidad de ser tramitados en la cámara parlamentaria. Con este movimiento, el presidente de Gobierno buscaba recuperar parte de la solidez perdida por su Ejecutivo, así como poner en marcha iniciativas de carácter social que tuvieran un impacto real en la vida de los ciudadanos.
Semanas más tarde de aquella petición, las medidas a aprobar comienzan a presentarse a Pedro Sánchez en Moncloa. Así, el ministerio de Seguridad Social y el de Trabajo ya abordan posibles normativas que podrían sacar adelante sin la necesidad de una mayoría en el Congreso, sino a través de reales decretos u órdenes ministeriales. De esta manera, modificaciones en lo referido al salario mínimo, la jubilación flexible y el registro horario parecen estar cada vez más cerca.
Este modo de proceder es válido cuando las modificaciones normativas o la puesta en marcha de nuevos modelos se llevan a cabo cuando ya se cuenta con desarrollos reglamentarios de leyes ya existentes. Para ello, los cambios introducidos se apoyan en normas con habilitaciones legales previas, que permiten que el Ejecutivo regule aspectos concretos mediante reales decretos si la ley lo autoriza, o por órdenes ministeriales si el propio texto legal asigna esa competencia a un ministerio. Estas herramientas permiten adoptar medidas sin necesidad de nueva aprobación parlamentaria siempre que no se modifique directamente la ley base.
Modificaciones que se plantean
El Ministerio de Trabajo y Economía Social, comandado por Yolanda Díaz, es uno de los primeros que está abordando estos cambios que Pedro Sánchez pidió a su Ejecutivo. Siendo uno de los más golpeados recientemente, por votaciones como la de la reducción de la jornada laboral, ahora está dando prioridad a varias regulaciones que pueden tramitarse sin pasar por la Cámara baja. Entre las iniciativas más avanzadas figura la nueva normativa sobre el registro horario en las empresas, que exige que sea digital, diario y accesible en tiempo real para la Inspección, detallando de manera precisa tanto la entrada como la salida del trabajador a su puesto de trabajo, así como la compensación de horas extraordinarias.
También desde Trabajo se prepara la actualización del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), con una propuesta de incremento del 3,1 % para 2026, y se negocia un real decreto para limitar la absorción y compensación de complementos salariales, con el objetivo de que las subidas del SMI no se diluyan en otros pagos. No solo eso, sino que el ministerio baraja aprobar por real decreto aspectos de la normativa de prevención de riesgos laborales y elementos esenciales de la transposición de la directiva europea de condiciones laborales transparentes, que llevan meses atascados en el Parlamento y podrían salir adelante por vías reglamentarias.
Por otro lado, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de Elma Saiz plantea reformas del sistema de pensiones que también tienen habilitación reglamentaria. Destaca, entre ellas, la revisión de la jubilación flexible, con posibles mejoras de pensión para jubilados anticipados y ajustes en los porcentajes de jornada permitidos para trabajar parcialmente tras la jubilación.
Su departamento también prepara un real decreto para reordenar la gestión administrativa de las bajas por incapacidad temporal, mediante la creación de una Unidad Central de Evaluación de Incapacidades que sustituiría gradualmente a los equipos provinciales actuales.
