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El Gobierno de España ha aprobado este martes la declaración de zona catastrófica en aquellas áreas afectadas por la dana Adam, que se cobró la vida de siete personas.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, así como portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, ha precisado que el temporal afectó a 45 territorios de nueve comunidades autónomas y provocó, en algunos puntos, “inundaciones y daños materiales cuantiosos, de manera especialmente grave”.
“Esta declaración permitirá activar líneas de ayuda para compensar los daños sufridos por personas, instituciones, en aplicación del principio de solidaridad entre territorios y para complementar la actuación de las administraciones autonómicas y locales”, ha afirmado.
2.500 hogares a través de Casa 47
Entre los puntos que ha aprobado el Gobierno, se encuentra también que destinará 201 millones de euros a ayudas directas a promotores privados para a la construcción de 2.500 viviendas asequibles en suelos públicos a través de Casa 47. Lo hará, ha explicado la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, mediante un nuevo modelo de colaboración público-privada que busca garantizar el control público sobre los precios y las condiciones de los alquileres.
El acuerdo permitirá financiar, ha asegurado, una treintena de proyectos en distintas zonas de España, entre ellas Málaga, Sevilla, Valencia, Cantabria y Guadalajara. "El objetivo de este acuerdo es el impulso, el acelerar la construcción de ese parque de vivienda asequible que estamos poniendo en marcha", ha explicado.
La responsable de Vivienda ha defendido que esta fórmula permitirá incorporar al sector privado a la construcción de vivienda sin renunciar a las garantías públicas. “Se trata con esta fórmula de concesión administrativa en la licitación de contar con el sector privado, sí, pero no a cualquier precio”, ha detallado. “Casa 47 pone los suelos, el Ministerio de Vivienda pone las ayudas y exigimos a los promotores privados que lo que se construya sea asequible de verdad”.
Las viviendas tendrán alquileres estables de larga duración, de hasta 75 años, y las rentas no podrán superar el 30% de los ingresos de la unidad de convivencia que las habite. El modelo se articulará mediante concesiones administrativas sobre suelos públicos ya urbanizados, con subvenciones directas que podrán cubrir hasta el 60% de la inversión, según ha detallado la titular del departamento, mientras que aquellas promociones que necesiten una ayuda superior se licitarán directamente por Casa 47.
Además, las licitaciones dispondrán de financiación pública para facilitar la viabilidad de los proyectos. Cada promoción se licitará de forma independiente con el objetivo, ha proyectado Rodríguez, adaptar las ayudas a sus características y garantizar la asequibilidad de los alquileres.
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Nueva delegada del Gobierno en Madrid
También el Consejo de Ministros ha dado luz verde al nombramiento de Pilar Trinidad como nueva delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid después de la dimisión de Francisco Martín, quien abandonó el cargo al quedar fuera de las listas electorales para las elecciones del próximo 29 de noviembre.
Hasta ahora, Trinidad ejercía como subdelegada del Gobierno en la región, pero en este momento asumirá oficialmente la máxima representación del Ejecutivo central frente a la administración Sol, tal y como ha explicado asimismo la ministra portavoz desde La Moncloa.
Educación
En materia de Educación, el Ejecutivo ha autorizado una nueva convocatoria de ayudas por valor de 15 millones de euros para el mantenimiento y el desarrollo de la red estatal de centros de excelencia de Formación Profesional que se puso en marcha en 2022.
El objetivo de esta red, ha detallado la ministra de Educación, Milagros Tolón, pasa por adaptar la enseñanza a las necesidades de la economía española “en constante evolución” y preparar a los jóvenes “para las profesiones del presente y también del futuro”.
Tolón ha detallado la composición de esta red, que está integrada por 75 centros repartidos todo el Estado y se encuentran especializados en 18 sectores estratégicos de la economía, destacando ámbitos como la automoción, la hostelería, la sanidad, las energías renovables, la ciberseguridad o la IA.
“Esta red ha favorecido la creación de espacios de cooperación entre los centros de diferentes comunidades autónomas y también la colaboración con empresas y entidades de referencia, contribuyendo a vincular la formación con las necesidades que tiene nuestro mercado laboral, así como el incremento de la competitividad en el tejido productivo”, ha narrado.
Las administraciones públicas competentes en materia de FP podrán acogerse a la ayuda, que podrá ser de hasta 200.000 euros por centro y que se distribuirán en los ejercicios de 2026 y 2027. “La Formación Profesional para este Gobierno debe ser y es una herramienta de progreso económico, pero también una herramienta para la igualdad. La innovación debe llegar a los centros educativos de todo el territorio y nuestros jóvenes deben poder prepararse para los empleos del futuro con independencia de donde vivan”, ha defendido.
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