El Consejo de Ministros ha dado el primer paso para blindar el derecho de aborto en la Constitución. Las discrepancias de las dos partes de la coalición, vividas a primera hora de este martes al considerar desde Sumar que la modificación propuesta era “limitante” e “insuficiente”, se han disipado con las negociaciones. “Es un día importante. Damos un paso en la garantía y el reconocimiento de los derechos de las mujeres”, ha trasladado la ministra de Igualdad, que ha celebrado el primer paso para garantizar “la libertad sobre su propio cuerpo y proyecto de vida”.
El texto propuesto pasará ahora al Consejo de Estado, órgano consultar del Ejecutivo, y posteriormente serán las Cortes Generales las que decidirán. "Se inicia el debate, el reconocimiento y la voluntad. El Consejo de Estado tendrá que, técnicamente, concretar y aclarar y, finalmente, serán las Cortes Generales las que hagan el trabajo de incorporar un derecho que ya está sumado a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional”, ha detallado Ana Redondo durante la rueda de prensa posterior al encuentro de Ministros.
Este paso llega en un momento en el que “la ola reaccionaria nos está llevando a un retroceso y un recorte de derechos de las mujeres”, algo que “el presidente del Gobierno dejó claro que no íbamos a tolerar”, ha proseguido la ministra de Igualdad. Con todo, la modificación consistirá en el añadido de un apartado 4 al artículo 43 de la Carta Magna que versará lo siguiente:
“Se reconoce el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo. El ejercicio de este derecho, en todo caso, será garantizado por los poderes públicos, asegurando su prestación en condiciones de igualdad efectiva, así como la protección de los derechos fundamentales de la mujer”.
De reunir los apoyos suficientes en el Congreso de los Diputados, España se convertiría en el segundo país del mundo en recoger el derecho al aborto en su Constitución, después de que Francia lo hiciese en 2024. Si bien el Gobierno no lo tendrá fácil, pues al tratarse de una reforma constitucional no es suficiente con reunir más síes que noes en el Congreso de los Diputados. Esta votación requiere tres quintos de la Cámara Baja y los conservadores de Alberto Núñez Feijóo no están por la labor de que el aborto quede blindado en la Carta Magna.
“El Gobierno da un paso adelante y, como han hecho otros país, constitucionalizamos este derecho”, ha reaccionado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. “Los poderes públicos españoles tienen la obligación de respetar y cumplir esta modificación (de ser finalmente aprobada”, ha proseguido. “El debate ahora es de qué lado se va a situar Feijóo: con las mujeres españolas o con las tesis ultras de Vox”, ha situado el foco la cabeza visible de la parte minoritaria del Gobierno.
Incumplimiento de CCAA del PP
El Consejo de Ministros también ha abordado el incumpliento de la ley orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo (1/2023), que vulneran hasta tres comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular (PP). Como respuesta, el Ejecutivo de coalición ha emitido un requerimiento formal contra la Comunidad de Madrid, que días atrás instaba a las mujeres a “irse a abortar a otro lado”; Baleares y Aragón. “La ley se cumple. Punto”, ha espetado la ministra de Sanidad, Mónica García.
"Saltarse este procedimiento no solamente vulnera los derechos de las mujeres, es que también vulnera los derechos de los profesionales que quieren ejercer de manera activa e individual su derecho a la objeción de conciencia", ha recriminado. Estos territorios tienen un mes para responder a este requerimiento. Si no se produce, el Gobierno tendrá dos meses para acudir a los tribunales a plantear un contencioso administrativo y “que un juez les haga cumplir la ley”.
En primera instancia, desde el Ejecutivo también se había detectado un incumplimiento en Asturias, pero posteriormente se confirmó que la tramitación del registro de objetores se encuentra en fase de tramitación, según la Dirección General de Ordenación Profesional que, a través de la Subdirección General de Cohesión y Alta Inspección, ha llevado a cabo un seguimiento de la implantación. En consecuencia, la carta solo llegará al Consejero de Sanidad de Aragón, José Luis Bancalero, a la Consejera de Sanidad del Gobierno balear, Manuela García, y a la Consejera de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute.
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